Por: Elkin Quirós

Se emitió a comienzos de este año la ley 1951, por la cual se crea el Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación y se pretende fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología.  En principio parece muy positivo que el Estado genere una nueva infraestructura institucional para fomentar la ciencia y con ello fortalecer educativa y culturalmente al país. Sin embargo, la lectura más detenida del articulado deja algunos sinsabores acerca de cuál podrá ser el impacto efectivo de esta nueva legislación en la calidad de la ciencia y la educación superior en Colombia.

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Los objetivos o finalidades de la ley (artículo 2) en esencia no parecen agregar nada nuevo a lo ya establecido por la ley 1286 de 2009, que ya había reorganizado el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y la impresión que queda es que se refuerza con frases algo modificadas los objetivos ya establecidos en materia de ciencia y tecnología de la ley anterior. En cuanto al aspecto administrativo y financiero, quedan dudas acerca de cómo se llevará a cabo la labor del nuevo ministerio pues la nueva ley no compromete o menciona la asignación de recursos frescos para promover la calidad investigativa en nuestro medio, diferentes a los ya asignados a Colciencias. A pesar de contar con instrumentos jurídicos y técnicos como la ya mencionada ley 1286 del año 2009 y el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación COLCIENCIAS, la situación de la calidad de la financiación de la investigación (y su relación con la educación) es objeto de recurrentes inconformidades y movilizaciones por parte de los sectores que se ocupan de ello.

El año pasado hubo una amplia movilización en diferentes regiones del país, liderada por estudiantes y docentes de las universidades públicas, que además se amplió con la participación de otros sectores que se sumaron a esta reivindicación, por la cual se hizo un fuerte cuestionamiento a las políticas de Estado en materia educativa. Para socavar un poco la legitimidad de esa movilización varios de los escuderos del gobernante nuevo salieron a culpar al gobierno anterior de los problemas de la educación y lo injusto de hacerle estos reclamos al nuevo encargado. Pero el cuestionamiento de esta movilización era a la política de estado como tal, no al presidente en particular.

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En artículo publicado por el reconocido experto en educación Julián De Zubiría Samper en la Revista Semana a comienzos de este año, se hacía el llamado a continuar la discusión sobre la educación, pero incluso tratando de pasar de la discusión sobre las finanzas al debate acerca del tipo de educación que debería darse a la juventud colombiana. Pero hasta el momento no se oyen voces públicas claras sobre el tema y de parte del estado la respuesta legislativa a estas expresiones sociales es una nueva ley que poco agrega, aparte de consolidar la ya consabida tendencia de nuestros gobiernos de crear ministerios para cada renglón de la vida. La ciencia y la educación no avanzan por más ministerios, sino con los menesteres y diligencias responsables que todos los actores involucrados en el proceso lleven a cabo.

En todo caso en la ley 1951 se da un plazo de un año, a partir de su sanción, para que el ministerio inicie su funcionamiento y se hagan los ajustes institucionales necesarios que lo conviertan en el nuevo organismo rector de la ciencia y tecnología de nuestro país. Habrá que esperar los resultados de este proceso. Ojala la economía naranja se ocupe de planear menos viajes al exterior o de proteger exministros sinvergüenzas para empezar a prestarle atención a este tema.