Las protestas estudiantiles y feministas que han sacudido Chile en las últimas semanas han derivado en una "fuerte represión" por parte de la policía, una práctica que desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ven con "preocupación".

Así lo indicó Laura Matus, abogada de la Unidad Jurídica y Judicial del INDH y coordinadora del Sistema de Observadores Independientes que el organismo público despliega en las manifestaciones.

"Muchas veces hemos recibido quejas de personas privadas de libertad que han denunciado que fueron golpeadas y agredidas en el trayecto desde el lugar de la detención hasta la comisaría" explicó Matus.

El equipo que dirige en Santiago está compuesto por seis funcionarios públicos, cuyo objetivo principal es registrar la actuación de Carabineros (Policía militarizada), en concreto el uso de la fuerza.

Para ello, los observadores toman nota de los datos de los detenidos y dónde van a ser trasladados, así como verifican que éstos no presenten lesiones o signos de violencia, una tarea que realizan dentro de los propios furgones policiales.

"Carabineros está sujeto a varias normativas y tratados para regular sus protocolos de actuación, dentro de los cuales se incluye el principio de gradualidad en el uso de la fuerza, que establece que incluso ante una reacción violenta de un manifestante ellos no pueden hacer uso de toda su fuerza", expuso la abogada.

Sin embargo, desde el INDH denunciaron que en la primera marcha estudiantil del año, celebrada el pasado 19 de abril, hubo "más represión" que en manifestaciones anteriores, e incluso los policías impidieron que los observadores pudieran entrar a los furgones a hacer su trabajo.

También la labor de la institución ha estado cuestionada por los constantes enfrentamientos que se producen entre carabineros y el pueblo mapuche en La Araucanía, un conflicto que se acrecentó recientemente cuando se desveló que las propias fuerzas de seguridad implantaron pruebas para involucrar a varios mapuches en atentados incendiarios en esa zona del sur del país.

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"Existe una denuncia constante de que los gases son cada vez más fuertes y que el agua que lanzan desde los carros no es pura, sino que está mezclada con un elemento que provoca mucha irritación. Una cuestión que nos preocupa como institución porque podría acabar provocando un problema de salud a alguien", sentenció.

Este hecho también ha sido denunciado alrededor del mundo por organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional, ya que no está claro el efecto que tiene el gas lacrimógeno sobre el cuerpo, que podría dañar directamente el sistema inmune y reproductivo de quien lo inhale.

Pese a esto, la abogada destacó que en los últimos años el respeto y cuidado de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad chilenas ha sufrido "avances y retrocesos".

Es por esto que desde el INDH ven con "preocupación" lo que pueda pasar en los meses siguientes, ya que es en junio, julio y agosto cuando más protestas se producen en Chile.