En vez de cumplir la tardía decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio para que cesara su competencia desleal contra las empresas prestadoras del servicio público de transporte individual de pasajeros en Colombia, la empresa Uber está desplegando un fuerte chantaje al Estado, buscando la reversión de un fallo de la instancia gubernativa apoyado en la tolerancia a su ilegalidad por parte de sus “socios” y usuarios. Aunque incluye acciones legales, y legítimas, como la demanda contra el fallo ante el Tribunal Superior de Bogotá, la estrategia abunda en amenazas de dudosa legalidad, como la de apelar a las instancias de resolución de conflictos contempladas en el TLC con Estados Unidos, o en presiones inaceptables, como el progresivo y muy mediático apagado “unilateral” de la aplicación, con la que cumple sin cumplir la orden de la SIC.

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A fin de garantizarse el incumplimiento de las normas que protegen a ciudadanos, ciudades y el ambiente (ver gráfico), la empresa de transporte ha apelado a falacias sobre su naturaleza legal, impacto social y beneficios públicos, que han contaminado las bulliciosas redes sociales y los argumentos de opinadores que desconocen al Estado de Derecho, así como los de algunos despistados promotores de la innovación tecnológica que exaltan la tecnología de esa empresa mientras ignoran ¿a propósito? pasos adelante similares, y hasta mayores, en empresas formales que están a la vanguardia en tecnología, seguridad y hasta en el uso de combustibles limpios.

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La falacia más recurrida desde que se impuso pasando por encima de la ley, y no hubo autoridad que la contuviera, es la de que Uber es una plataforma tecnológica, no una empresa de transporte, porque su principal actividad es conectar a vehículos tripulados con usuarios que los requieren a través de una aplicación y gestionar el pago electrónico de sus servicios. En su función de poner vehículos tripulados a disposición de quienes los necesitan, Uber presta igual servicio que las empresas de taxis, entendiendo que muchas también prestan servicios por aplicación y cuentan con servicios de pago electrónico.

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Al instalar su falacia en la opinión pública y hasta en las instituciones que ya deberían haberla regulado, esa empresa, y las que ofrecen servicios semejantes, han logrado que el Estado eluda la regulación o las decisiones que las someterían a cumplir la amplia legislación que regula el servicio de transporte público individual de pasajeros y las empresas que lo prestan, con el propósito de ofrecer seguridad y respaldo a pasajeros y ciudadanos; garantizar a los conductores la seguridad social a que tienen derecho y que le exigirían al Estado si no la tuvieran; y ajustarse a las normas urbanas dirigidas a garantizar fluidez en la movilidad y merma en la emisión de agentes contaminantes.

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En su chantaje, Uber muestra enorme desprecio por un Estado que se ha mostrado débil para exigirle cumplir con sus obligaciones de prestador de un servicio público con valor tecnológico agregado, operación que exige una legislación acorde con sus características especiales; actuación coordinada -y no contradictoria- de los ministerios de Transporte y TIC, y fortaleza del aparato judicial para velar por el cumplimiento de las leyes. Aunque es la medida menos deseable, el Estado apeló a la opción de bloqueo por orden de una instancia judicial como instrumento de control a una actividad ilegal, riesgosa, estorbosa en el espacio público y altamente contaminante.

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La actividad de Uber ha encontrado defensores entre usuarios del servicio de taxis descontentos con los abusos y falta de control a empresas y conductores, situación especialmente delicada en Bogotá, donde algunos empresarios de taxis actúan como poderosos sindicatos ilegales, y Barranquilla, ciudad que ni siquiera ha logrado instalar taxímetros en los vehículos. En urbes con apropiados servicios de taxis, las plataformas ilegales crecen en no pocos casos impulsadas por el esnobismo de los pasajeros que aceptan riesgos y costos a cambio de apariencia.

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En las circunstancias presentes, algunos defensores de la falacia de Uber, como el representante Mauricio Toro, del partido Verde, reclaman “soluciones transitorias” que permitan que esa empresa preste el servicio de transporte sin someterse a las normas que garantizan seguridad y sostenibilidad en el servicio, posición que le daría patente de corso a esa compañía y prolongaría las inaceptables largas que las instituciones se han dado para resolver una actividad ilegal, que no por ser popular, deja de serlo.

Comentarios:

Jovanny
2020-01-21 11:14:42

En los seguros en UBER si tienes un seguro contra terceros y la aseguradora descubre que lo estaba usando para este tipo de servicios simplemente no responden. Claro esta en el contrato.

Jhon
2020-01-21 00:09:07

En lo personal considero, qur las plataformas en un mundo de libre mercado, como predomina, se han convertido en la mejor opción para muchos usuarios que estan cansados de los abusos de los taxis amarrillos respecto al cobro abusivo, a la frase para allá no voy, entre otras, además el hecho de la preocupación por la seguridad que alega el gremio de taxistas, es una verdadera falacia por que los taxis amarrillos son los que más se accidentan en las ciudades,no más vean los noticieros que muestran lo que ocurrio en la noche y casi todos los días muestran un taxista involucrado en un accidente. Creo que al gobierno, a la SIC, a los taxistas les falta un poco de objetividad, el exito de las plataformas no recae en si pagan todos los seguros de un taxi, si pagan por un cupo, el exito de las plataformas es el trato, el buen servicio, y eso no es competencia desleal, pues las plataformas uno paga es por el buen servicio y no por el precio. Entonces es falta de objetividad y la falacia la crearon son el gobierno, SIC y el gremio de taxistas y saben esta no es la solución, por ya la gente se habituo al uso del buen servicio de las plataformas.

Fernando
2020-01-20 20:46:47

La verdad es que aqui la culpa no es de Uber, como tampoco lo fue la guerrilla, es lo mismo de siempre LA CORRUPCIÓN, la verdad es que las aplicaciones deben ser del gobierno pero ellos estan mas ocupados poniendo adornos plasticos en las vias y camaras para comparendos, un excelente negocio a costillas de la comunidad como siempre, los taxistas se han convertido en algo tan pero tan podrido que alli en esa cloaca se encuentra de todo como sera que hasta politicos, pero bueno estoy de acuerdo con usted que se vallan todas las aplicaciones PERO que los taxis también sean cobijados por la ley y la justicia, por ejemplo extinción de dominio para los dueños y conductores de los taxis que se utilizan para estafar, cancelación inmediata del cupo para los taxis que se utilizan para delinquir, prestaciones sociales para los conductores de las empresas, el SOAT no puede ser el seguro de los usuarios de los taxis, se deben reglamentar a los caciques que poseen muchos taxis y que por medio de la exclavitud llenan sus arcas sin pensar en el ser humano, plataformas digitales para que cuando uno coja un taxi su conductor ya sepa para donde viaja el usuario y se acabe el por alla no voy, pero eso es difícil debido a que los conductores al igual que los venezolanos y los cubanos defienden su régimen por que es quien les da el plato de comida, los dueños que estan pichos en plata no van a dejar esa gallina, ustedes que por sus propios intereses opinan como en el articulo, y el gobierno sometido tambien por un HERMOSO Y HONORABLE GREMIO AL QUE LE TIENEN MIEDO (eso ni a la guerrilla). Es muy triste estar a la merced de esta banda la peor de todas porque la hacen pasar por legal, si yo esta noche despues de haber cumplido todas sus exigencias decidiera manejar taxi mañana al despertarme a las 4 de la mañana empezaria a manejar para pagar los 90 mil pesos que se le tienen que pagar a los caciques porque dejen manejar un vehículo de tan desprestigiado gremio.

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