El asunto se refiere a supuestas comisiones pagadas por Odebrecht a cambio de "favores" políticos recibidos entre 2013 y 2015 de la Secretaría de Aviación Civil y de la Secretaría General de la Presidencia, que en la época estaban dirigidas por los actuales ministros de la Presidencia, Eliseu Padilha; y Minas y Energía, Wellington Moreira Franco.
La Policía brasileña desmanteló este martes una red acusada de pagar sobornos por 200 millones de reales (56,5 millones de dólares) para la obtención fraudulenta de contratos entre la estatal Petrobras y la constructora Odebretch, informaron fuentes oficiales.
Según la Fiscalía, las pesquisas, que se adelantaron en el marco de la operación Lava Jato, la mayor investigación anticorrupción realizada en el país, también señalaron que políticos del partido Movimiento Democrático Brasileño (MDB), el mismo del presidente Michel Temer, estarían vinculados con los sobornos.
Además de diversos mandatos de búsqueda y aprehensión, la Policía Federal dictó cuatro órdenes de prisión preventiva y dos de arresto temporal, contra tres exfuncionarios de Petrobras y tres operadores financieros, uno de los cuales trabajaba como agente intermediario de valores destinados a políticos vinculados al MDB.
Entre 2010 y 2012, a través de esta estructura, se pagaron sobornos por unos 56,5 millones de dólares para hacer efectivo un contrato de más de 825 millones de dólares, firmado en 2010 por Petrobras con la constructora Odebretch, según la Fiscalía.
El objetivo del contrato era la prestación de servicios de rehabilitación, construcción y montaje, diagnóstico y reparación ambiental, elaboración de estudio, diagnóstico y levantamientos en las áreas de seguridad, medio ambiente y salud para la petrolera, en nueve países -que no han sido precisados- además de Brasil.
De acuerdo con la Fiscalía, las investigaciones también señalaron que parte del dinero pagado indebidamente por el grupo Odebrecht para la obtención del contrato investigado, se destinaron a agentes públicos y a partidos políticos.
Según las autoridades, hubo coimas en contratos obtenidos por la empresa, pagadas a través de transferencias en el exterior, para lo cual se utilizaban empresas "off-shore" (constituidas fuera del país), así como el movimiento de recursos en efectivo en Brasil, con la intervención de operadores financieros.
En marzo de este año el magistrado Edson Fachin, instructor en la Corte Suprema de las investigaciones por irregularidades en torno a la constructora Odebrecht, incluyó a Temer entre los sospechosos en un proceso por supuesto pago de sobornos que también salpica a dos ministros del círculo íntimo del mandatario.
El asunto se refiere a supuestas comisiones pagadas por Odebrecht a cambio de "favores" políticos recibidos entre 2013 y 2015 de la Secretaría de Aviación Civil y de la Secretaría General de la Presidencia, que en la época estaban dirigidas por los actuales ministros de la Presidencia, Eliseu Padilha, y Minas y Energía, Wellington Moreira Franco.
Estos pagos, según han confesado ejecutivos de la constructora, estaban dirigidos a financiar irregularmente las campañas del MDB.
Temer también fue investigado el año pasado por irregularidades en torno al grupo cárnico JBS, que incluso llevaron a la Fiscalía a presentar dos denuncias por corrupción en su contra.
Esas denuncias, sin embargo, fueron rechazadas por la Cámara de Diputados, que por imperativos constitucionales tiene la potestad de autorizar un juicio contra un presidente en ejercicio del poder.
El operativo, en el que participaron unos 80 agentes, se realizó en los estados de Río de Janeiro, Espírito Santo y Sao Paulo.
La operación Lava Jato destapó en 2013 una red que involucraba a ejecutivos de grandes contratistas de Petrobras, altos funcionarios de la petrolera de Brasil y decenas de políticos que amparaban las corruptelas.