La cruzada contra las Fuerzas Armadas desatada por los jefes del partido Farc toma la forma, en estos momentos, de una sub-campaña obscura de desprestigio contra el ministro de Defensa. Esa maniobra pretende obligar al presidente Iván Duque a retirar del cargo a Guillermo Botero Nieto. Ello confirma que existe un esfuerzo de largo alcance de las Farc para sacar del escenario al Ejército y a la Policía y a todo otro actor civil o militar, oficial e institucional, que pueda oponerse a los desmanes propios de la llamada “implementación de los acuerdos de paz”.

Las Farc, manipuladores de los hilos del obscuro affaire de la muerte del exguerrillero Dimas Torres, en el Catatumbo, atacan súbitamente a Guillermo Botero pues él es el primer ministro de Defensa de los últimos diez años que se ha atrevido a decir que “los grupos armados financian la protesta social”. Son los mismos que están tratando de tumbar al fiscal general Néstor Humberto Martínez, quien fue uno de los primeros en alertar al país sobre las violaciones de las Farc a los mismos acuerdos Farc-Santos y sobre los puntos más escandalosos del estatuto de la JEP.

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Un ministro como Guillermo Botero con tal claridad sobre el carácter doble de la línea del partido Farc no puede ser sino un obstáculo para la generalización de los violentos brotes insurreccionales urbanos que la alianza subversiva -Farc, petristas, comunistas, verdes y liberales “de avanzada”-, organiza actualmente bajo los más diversos ropajes.

La fase dos de esa operación comenzó el 29 de abril, cuando un grupo de 22 congresistas radicó, ante la Presidencia de la Cámara de Representantes, un proyecto de moción de censura contra el citado ministro. La congresista Katherine Miranda, que se define como “mockusiana”, afirmó que habían hecho eso “por el intento” del ministro Botero de “encubrir los hechos denunciados”.

¿Cuáles son los “hechos denunciados”?

No se sabe exactamente. Los “hechos denunciados” no parecen ser los hechos a secas. Un “hecho denunciado” es solo una alegación, una acusación, que puede carecer de fundamento. En el caso Dimas Torres todo es gris. ¿Es la típica acusación montada sobre conjeturas plausibles –que pueden ser ciertas o no—pero que están destinadas a que los medios las difundan como verdades verificadas? Una cierta metodología, en todo caso, vuelve a ser usada y los primeros resultados son los buscados: la creación de un clima en el que todos creen conocer la verdad, cuando, en realidad, falta lo principal: la verificación científica de lo que ocurrió en la aldea Campo Alegre de Santander del Norte.

Es de notar que ese asunto fue lanzado como un hueso a la opinión antes de que la Fiscalía General hubiera entregado su informe definitivo sobre la fecha, causas y circunstancias exactas y completas de la muerte del señor Dimas Torres, es decir de que la entidad oficial designada por la ley hubiera realizado y publicado, por lo menos, los elementos centrales de un examen forense.

A pesar de la ausencia de tales pruebas, algunos miembros del partido Farc, así como los senadores de oposición Roy Barreras, Aida Avella e Iván Cepeda, afirmaron que se trataba de un “asesinato” o de una “ejecución extrajudicial” (como si en Colombia hubiera ejecuciones judiciales).

Pasé horas buscando en la cuenta oficial twitter de la Fiscalía General y en la página web oficial de ese mismo organismo algo sobre el caso Dimas Torres, entre el 22 y el 30 de abril. No encontré nada. Si existe una prueba incontestable sobre la naturaleza de las heridas sufridas por Dimas Torres (y sobre la fecha exacta de su muerte y de lo que ocurrió con su cadáver horas y días después) ¿dónde está esa documentación? ¿Sobre qué descansa la convicción de algunos de que se trató de un “asesinato”? ¿Cuál es al menos el testigo de lo ocurrido?

El general Luis Villegas Muñoz, comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano, no sabe qué pasó en Campo Alegre, Catatumbo, región fronteriza con Venezuela, donde perdió la vida Dimas Torres, durante un presunto “forcejeo” con Daniel Eduardo Gómez, un cabo del Ejército. Este último, dijo el ministro Botero, pretende que Torres trató de quitarle el fusil y que en la lucha que siguió una bala se disparó e hirió mortalmente al exguerrillero.

Desde la tarima levantada para recibir a miembros de la comisión de paz del Congreso, el general Villegas optó por hacer una declaración ambigua, si no confusa: “Yo no sé quién, y no lo sé para decir lo que pasó allí. Pero tampoco estoy tranquilo con lo que pasó. Aquí cada quien responde por lo que hace”. ¿Si Villegas dice que no sabe lo que pasó en Campo Alegre por qué el senador Iván Cepeda interpretó esas palabras como si el general hubiera admitido que el soldado había dado intencionalmente muerte al ex guerrillero?

Obviamente, era más rentable para Cepeda hacer ese tipo de extrapolación ilegítima que esperar a que las pruebas estuvieran sobre el tapete.

Los interesados hablan de un “video” hecho no se sabe por quién ni en qué momento sobre el cadáver de Torres. Un video no es una prueba y el extremo de que el muerto habría sido sexualmente mutilado no vale nada si no hay un informe formal de Medicina Legal sobre la hora y fecha de esa muerte, la causa de ésta, el momento de la pretendida emasculación (si ésta ocurrió antes o después de la muerte), las balas y las huellas dactilares y de ADN encontradas en el lugar de la tragedia. Sin datos científicos básicos no se puede hablar de “accidente” o de “asesinato”.

El ministro de Defensa rechazó, además, la afirmación del pseudo senador del partido Farc Carlos Lozada quien dijo que los militares “estaban cavando en el cuartel una fosa para esconder el cadáver”. Guillermo Botero declaró: “Esa es una versión de prensa. Nosotros no conocimos esa circunstancia y sobre ella no se ha referido aún el fiscal. Nosotros nos quedamos con las versiones oficiales”.

Lo esencial en este caso es saber qué dicen Medicina Legal y la Fiscalía General sobre la autopsia hecha al cadáver del exguerrillero. Sin eso, opinar en uno u otro sentido es mentir y cometer abusos. El discurso exaltado del general Villegas no es un ejemplo a seguir pues pidió perdón por la muerte de Dimas Torres y al mismo tiempo dijo que no sabía qué había ocurrido. Dio a entender que incluso si hubiera habido un forcejeo entre el soldado y el ex guerrillero, causado por el intento del segundo de desarmar al primero, la actitud defensiva del militar merecía pedir perdón y era ilegal, lo cual es, en tales circunstancias, absurdo.

Que un general pida perdón en esas circunstancias es una calamidad. Esa actitud afectó la imagen del Ejército. Bien hizo el ministro de Defensa al decir que Villegas ha debido tener la autorización de sus superiores antes de hacer esa declaración. “Él no consultó con nosotros su declaración. Es un asunto que no es institucional”, concluyó.

Cabe dentro de lo posible que el general Villegas haya cometido ese desliz bajo la presión psicológica de unos políticos que llegaron hasta su cuartel de repente y con aires de entendidos y de procuradores con pruebas y con todo resuelto.

La consecuencia es que tras ese pedido de perdón Iván Cepeda y Roy Barreras exigieron la destitución del ministro de Defensa, como si para ellos no contara el aspecto legal central de esa situación: el informe de la Fiscalía General. ¿Carlos Lozada va a pedir ahora el retiro de la fuerza pública de todo el Catatumbo? Ni más faltaba. Botero, es cierto, aportó su grano a la confusión pues en un momento (salvo si eso también lo inventó la prensa) dijo que la Fiscalía había dicho que lo ocurrido en Campo Alegre había sido un “asesinato”. ¿Esa declaración existe? ¿Dónde está? ¿Si hubo un “asesinato” por qué no le fue expedida orden de captura al soldado tras el primer interrogatorio en la Fiscalía?

La palabra “homicidio” no es sinónima de “asesinato”. El forcejeo entre el suboficial y el exguerrillero pudo haber terminado en un disparo mortal accidental. Eso puede ser llamado homicidio, pues en esta noción no hay la intención de matar, mientras que en la noción de asesinato sí existe esa intención. Luego si el Fiscal General utilizó, el 28 de abril, la palabra “homicidio” eso no justifica lo que exigieron enseguida los Cepeda y Lozada.

La confusión es, pues, enorme y algunos la están agravando. Las palabras del general Villegas fueron tergiversadas. Iván Cepeda creyó ver en ellas una confesión de parte. Inmediatamente, la prensa habló de “asesinato” y otros opositores pidieron a marchas forzadas, sin que hubiera un informe de Medicina Legal, la renuncia del ministro quien había dicho, el 24 de abril, que la muerte de Dimas Torres había sido el fruto de un lamentable accidente.

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Si el soldado en cuestión cometió un asesinato debe ser castigado. Sobre eso no puede haber duda. Todo crimen debe ser sancionado penalmente. Sin embargo, la forma como este triste episodio ha sido tratado es pésima: está dominada por la confusión y la precipitación donde dominan las deducciones de unas personas interesadas en desestabilizar no solo al ministro Guillermo Botero sino al gobierno del presidente Iván Duque y, en especial, a las fuerzas de defensa y de seguridad de Colombia.

No es superfluo preguntar por qué los Cepeda, Avella, Barreras, y otros, obraron sin tener la prueba incontestable. Acomodar fábulas para que la prensa cree fenómenos de rechazo irracional --no a un acto aislado de un soldado (en el caso de que ello haya sido así, lo que falta ver) contra la fuerza pública en su totalidad--, y alimente un clima favorable a la destitución de un ministro de Defensa, no es digno de senadores en una democracia.

¿Sobre qué descansa la convicción de algunos de que se trató de un “asesinato”? ¿Cuál es al menos el testigo de lo ocurrido?

Comentarios:

Edgar
2019-05-03 20:36:01

Y los comunistas de siempre, pescando en río revuelto.

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