Señor procurador Dr. Fernando Carrillo Flórez, señor comandante de la Policía de Bogotá, mayor general Hoover Alfredo Penilla Romero, les escribo con preocupación a raíz de algunos acontecimientos ocurridos en la Plaza de Toros de la Santamaría en la capital de la República el pasado domingo 24 de febrero antes y durante el festejo taurino desarrollado en dicha ciudad.

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Con razón o no, con una interpretación ajustada a la letra del Código Nacional de Policía y Convivencia, la autoridad policial bogotana sanciona a un estudiante por comprar una empanada en la vía pública, mientras que en un escenario abierto al público, como es el ruedo taurino bogotano, los policías de turno se hicieron los de la vista y olfato gordo ante la comisión de una violación al mismo Código y a la ley Antitabaco (Ley 1335 de 2009) por parte de varios asistentes a la última corrida de la temporada taurina el pasado 24 de febrero

A la entrada del escenario un personaje muy orondo se había pasado todos los filtros de control con tabaco en mano encendido y dando las concebidas chupadas, ante la flagrante infracción le solicité a algunos miembros del cuerpo policial allí destacados para que tomaran cartas en el asunto. Reclamo al cual no hubo ninguna reacción inmediata, ni siquiera para hacer un llamado de atención al ciudadano infractor, quien muy orondo decidió marcharse e ingresar por otra puerta.

Ya dentro de la plaza y durante la corrida parecía que se estuviesen enviando señales de humo entre los tendidos, unos de cigarrillo tradicional, otros con cigarrillos electrónicos y el olor del tabacalero, situación anómala, violatoria claramente de las normas vigentes, pero ante lo cual el cuerpo policial destacado en las puertas pasó de agache.

Recuento la anterior porque es tradicional en el país el refrán que la ley es para los de ruana, creando malestar entre el grueso de la población ante la posición amañada en ciertos casos por parte de las autoridades, sea por omisión o con sanciones que no son proporcionales a la comisión de la falta, y después nos damos golpes de pecho cuando la ciudadanía no respalda en sus actuaciones a la policía, al ver y sentir que la ley no es aplicable con uniformidad, privilegiando a cierto sector de la población, tal vez por miedo al “que no sabe quién soy yo”, o porque tienen algún poder político o económico o porque creen que el cargo les da “ciertos privilegios” no razonables ante el ojo del común.

El país requiere, necesita y suplica en aras de la justicia social que la acción policial sea aplicada con una visión de equidad, de igualdad y responsabilidad para con todos los que están dentro de territorio nacional, y no es que la sanción tiene que ser por primera vez pecuniaria, para ello está en primera instancia la reconversión verbal, en el caso de la norma que atañe a la convivencia, y sí es recurrente el infractor aplicarle las multas respectivas.

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El país no necesita llenar sus arcas apunta de multas, sino llenar y empoderar a la ciudadanía de civilidad para tener una mejor convivencia y es allí como los agentes del orden pueden contribuir a la transformación social.

Se podría aplicar en semejanza al Código Nacional de Tránsito, que quién por primera vez viole una norma del Código Nacional de Policía y Convivencia reciba como sanción una asistencia a un curso in extenso de comportamiento cívico-social y sí es reincidente aplicarle una multa ejemplar.