La Cancillería aclaró que la respuesta que supuestamente dio el Gobierno Nacional a la Fiscal de la Corte Penal Internacional, frente su misiva sobre los reparos que manifestó sobre el proyecto reglamentación de la Justicia Especial para la Paz (JEP), no corresponde una réplica vinculante y oficial al documento “Amicus Curiae”, enviado por Fatou Bensouda, funcionaria de este órgano de justicia.

Esta entidad del Gobierno indicó este miércoles que este concepto “solo debió circular internamente, porque recoge las observaciones de un analista y no representa una respuesta formal ni la posición del Gobierno frente al tema”. Además, la corporación de relaciones exteriores manifestó que era un texto de trabajo con la Corte Constitucional.

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En el polémico texto, que fue publicado en varios medios de comunicación el pasado martes, la Cancillería argumentó que es necesaria la Jurisdicción Especial para la Paz, y defendió que los Estados, desde su soberanía, pueden decidir si establecer o no penas alternativas.

“Ninguna norma de derecho internacional exige a un Estado castigar con cárcel o prisión un crimen grave”, señaló el informe.

Adicionalmente, el documento aclara que no tiene la obligación de castigar con cárcel a los autores de delitos como genocidio, desaparición y reclutamiento forzado, a costa de lesionar las investigaciones y el Derecho Internacional Humanitario.