El pasado martes nuevamente se reactivaron los choques entre campesinos del corregimiento de Palocabildo, Jericó (Suroeste antioqueño)  y funcionarios de Anglogold Ashanti.
Según un comunicado a la opinión pública de los habitantes de esta localidad, Anglogold Ashanti “nuevamente de manera inconsulta e ilegítima” intentó instalar en Palocabildo, plataformas de perforación minera. “Frente a este hecho, miembros de la comunidad, en su mayoría campesinos y vecinos del lugar, reaccionaron de manera pacífica pero firme en defensa de sus derechos fundamentales a la tranquilidad, intimidad, salud, integridad, vivienda digna, ambiente sano, participación y al agua, impidiendo que se realizaran dichas actividades”.
Esta es una respuesta a un comunicado que emitió la empresa minera el 11 de abril, en el cual afirma que la comunidad desconoce su voluntad al diálogo, hace uso de vías de hecho, actúa de manera ilegal impidiendo el desarrollo de una actividad para la que se encuentran autorizados.

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“La relación de años con los habitantes del municipio de Jericó y el corregimiento de Palocabildo, zona de ubicación de nuestro proyecto de exploración, siempre se ha basado en el diálogo y el intercambio respetuoso de información (…) La situación de hoy (martes) no es la primera vez que se presenta y en ocasiones anteriores ha estado acompañada de retenciones a empleados contra su voluntad y de agresiones físicas y verbales; acciones que son claramente vías de hecho con las que no solo no estamos de acuerdo, sino que además son ilegales”, señaló Anglogold Ashanti.
La comunidad, por su parte, explicó que Anglogold Ashanti hizo presencia en el Suroeste de Antioquia, concretamente en el municipio de Jericó en el año 2003 y amparados en varios títulos mineros otorgados en Bogotá dieron inicio a un proyecto de exploración minera.
Agregaron que esto fue realizado “sin consultar con las comunidades presentes en el territorio, desconociendo los instrumentos constitucionales de planificación y ordenamiento municipal, la vocación del suelo y los derechos de las comunidades” y que el proyecto es “rechazado por todos los movimientos y organizaciones ambientales y sociales, campesinos, finqueros, comunidad religiosa, políticos y académicos. Esto convierte a los títulos mineros otorgados a esa empresa, en ilegítimos e inconsultos pues con estos se desconoce la prevalencia del interés general sobre el particular y del derecho sustancial sobre el procedimental”.
Respecto al diálogo al que se refirió la empresa señalaron que  “fue el que no tuvo cuando realizó entre 2008 y 2015, 110 perforaciones con un daño ambiental y social que si bien no ha sido estimado por parte de las autoridades competentes, es evidente y ha sido denunciado en diferentes ocasiones por la comunidad. La empresa pretende la instalación de 16 plataformas más entre los años 2016 y 2017 ,que no son aceptadas por las comunidades y por ende, no tenemos la obligación de dialogar con quien no hizo uso de dicho mecanismo para entrar inconsultamente al territorio”.
Por esto, y otros argumentos que se basan en la Constitución Política y fallos de la Corte Constitucional, la comunidad solicitó a Anglogold Ashanti “retirarse del Suroeste de Antioquia, y requerimos al Estado colombiano que cumpla con sus fines esenciales”.
Opiniones políticas 
Al respecto, el alcalde de Jericó, Jorge Andrés Pérez, aseguró que “nosotros como municipio estamos impulsando otro tipo de economías: agropecuaria, la que ha generado el café, agroturismo y ecoturismo. No queremos que nuestro trabajo como comunidad se base en la minería. Nosotros creemos que podemos y tenemos la posibilidad de crecer en otras instancias. No vemos pertinente la propuesta de desarrollo minero que el Gobierno Nacional nos plantea en el marco de la titulación de nuestros predios”.
“Los funcionarios continúan en el camino, que van a entrar al territorio para instalar sus plataformas perforatorias para la exploración. Los campesinos mantienen su posición de permanecer allí día y noche para impedir el paso de ellos”, afirmó Fernando Jaramillo, exconcejal y líder defensor del agua y el territorio en Jericó.
Norman Correa, miembro de la Asamblea de Antioquia, complementó que “es necesario que haya respeto a esa decisión soberana de los campesinos de que la minera no ingrese en sus tierras y que en virtud de la consulta popular, se defina si la población quiere minería a gran escala o si prefieren seguir conservando el paisaje cultural cafetero, sus tradiciones campesinas y su estilo de vida ligado al café, a los sembrados”.
Correa fue más allá y aseveró que toda la “comunidad del Suroeste está en contra de la megaminería en sus territorios y, dado el contexto de lo que sucedió en Cajamarca, en esta subregión antioqueña se pretende comenzar un proceso de consulta popular en el que el pueblo se pronuncie si quiere o no esta actividad”.
Sobre una posible consulta minera, Pérez puntualizó que no sólo es necesaria en Jericó, “sino que para todos los municipios donde haya intención de realizar actividades extractivistas y de multinacionales, las cuales deben ser consultadas a tiempo a las comunidades. Quienes son perjudicados o beneficiados por estas determinaciones son los que deben decidir qué actividad económica queremos, cómo nos soñamos el Suroeste antioqueño. Que la comunidad sea quien lo decida libremente, así como lo hizo Cajamarca cuando decidió que no a la minería”.

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