Por segunda ocasión en menos de un año, el Consejo Nacional Electoral, CNE, negó este martes el reconocimiento o revivir la personería jurídica del Nuevo Liberalismo, NL, que habían solicitado dirigentes de esta corriente política liderados por los exsenadores Juan Manuel y Carlos Fernando Galán Pachón, hijos del gestor de ese movimiento en la década de los años 80, Luis Carlos Galán, asesinado por las mafias del narcotráfico cuando aspiraba a la Presidencia de la República en las elecciones de 1990.

El año pasado el anterior CNE también había desechado esa solicitud y en la sesión de este martes esta autoridad electoral, con nuevos integrantes elegidos a finales del 2018, otra vez volvió rechazar la solicitud de los hermanos Galán.

La decisión de los magistrados electores fue 7 a 1 en contra de la pretensión de restablecer la condición de partido político al Nuevo Liberalismo y fue anunciada por medio de un escueto comunicado del CNE en el cual también informan que idéntica decisión se tomó en el caso de Opción Ciudadana, pues también se le negó su reconocimiento legal.

La ponencia a favor de revivir al NL como partido y presentada a la sala plena del CNE por el magistrado Luis Guillermo Pérez fue derrotada.

En el caso del NL, el CNE consideró que “las circunstancias fácticas y finalísticas ocurridas con el Nuevo Liberalismo no pueden compararse con las de la Unión Patriótica, UP".

Este partido de izquierda recobró su personería jurídica hace unos dos años por decisión del Consejo de Estado luego que también había sido derrotada en el CNE esa pretensión. Los consejeros de Estado fallaron que ante el exterminio a que fue sometida la UP, con el asesinato de miles de sus dirigentes y militantes en todo el país, y por la desigualdad para poder competir democráticamente en los certámenes electorales, optaron por darle vida partidista.

Precisamente ese mismo camino o argumentación de la UP fue el que decidieron también exponer ante el CNE los hermanos Galán para recuperar la vida jurídica del NL, debido igualmente al aniquilamiento de por lo menos medio centenar de líderes y seguidores galanistas, comenzando por el propio fundador Luis Carlos Galán. Sin embargo, este martes volvió a ser derrotada esa tesis por un organismo fuertemente cuestionado por su origen e intereses políticos, que influye en las decisiones de sus integrantes.

El Nuevo Liberalismo fue la más fuerte disidencia que tuvo el Partido Liberal en la década de los años 80 y sus orígenes lo sustentan las duras diferencias internas en esas épocas entre lleristas (Carlos Lleras Restrepo) y lopistas (Alfonso López Michelsen).

Galán, alumno del llerismo, lideró un fuerte movimiento en contra de las viejas costumbres y vicios políticos del liberalismo y de sus barones regionales, y logró en poco tiempo una gran fuerza y representación electoral en las corporaciones de elección popular del orden nacional y territorial. En 1982 Galán presentó su candidatura presidencial y la división liberal que se registró contribuyó a la derrota de la reelección de López y el regreso del Partido Conservador al poder con Belisario Betancur.

A finales de esa década y durante la Convención Liberal Nacional de 1989 en Cartagena, Luis C. Galán retornó al oficialismo liberal y disolvió el Nuevo Liberalismo, tras llegar a un pacto con la dirigencia liberal y cuyo logro central fue la adopción en el ordenamiento estatutario de ese partido de la consulta popular para la selección democrática de los candidatos, además de promover la modernización del sistema electoral y la institucionalización de los partidos políticos, que en esa época no tenían personería jurídica, en lo que se avanzó después por las disposiciones emanadas de la Constitución del 91 y con posteriores actos legislativos y reformas políticas.

Durante la mañana de este martes y antes de la decisión del CNE, militantes del Nuevo Liberalismo realizaron un plantón frente a las instalaciones donde sesiona ese organismo electoral, para exigir justicia en la devolución de la personería jurídica de ese extinto partido.

Según el exsenador Juan Manuel Galán son 40 años de lucha, con 50 líderes asesinados, dirigentes, concejales, militantes que entregaron sus vidas y que el Consejo Nacional Electoral vuelve a asesinar políticamente.

“Ya nos asesinaron físicamente a varios integrantes del nuevo liberalismo y ahora quieren asesinar las ideas por las que esos colombianos entregaron su vida. Estamos exigiendo al Consejo Nacional Electoral que nos devuelva la personaría jurídica para tener la opción que reclaman millones de colombianos de tener un espacio de participación que supere la polarización, los extremos, una causa que defienda unas ideas de transparencia, de lucha contra la corrupción, sin populismo, sin demagogia, una Colombia de oportunidades, una Colombia justa, la Colombia que soñó Galán para todos nosotros”.

Galán notificó que ante el revés en el CNE, les queda como posibilidad la vía ante el Consejo de Estado, donde desde el año pasado también cursa una acción jurídica para restablecer la personería jurídica del NL y poder participar en la temporada electoral territorial de este año.

Juan Manuel Galán se marginó el año pasado del Partido Liberal y su hermano Carlos Fernando de Cambio Radical.

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Otros asuntos

Además por estos días de enero se registran varios casos con los cuales se vuelven a combinar o a relacionarse la política con lo judicial, es decir, la judicialización de la política, pues sus protagonistas se meten en líos, se enredan o son demandados.

Recientemente divulgamos que al senador antioqueño Iván Agudelo unas personas del Huila le demandaron su elección y el Consejo de Estado admitió este caso.

Algo similar ocurrió por los lados del Tribunal Administrativo de Antioquia, corporación que también admitió una demanda contra el concejal de Medellín, Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, situación que fue propalada por Jorge Hugo Elejalde, en desarrollo del tenaz conflicto que se armó entre esas dos estirpes liberales, por el exagerado vicio del concejal de estar acusando a todo el mundo sin sopesar consecuencias.

Y también esta semana podría haber alguna novedad en la pelea jurídica por la curul de la Cámara en Antioquia de Cambio Radical entre el congresista José Ignacio Mesa y Mauricio Parodi.

Por whatsapp y redes sociales se divulgó ampliamente desde el pasado lunes, entre ellos por Jorge Hugo Elejalde, una demanda que el Tribunal Administrativo de Antioquia aceptó estudiar y que está dirigida contra el concejal de Medellín, Bernardo Alejandro Guerra Hoyos.

Mediante auto notificado el viernes 18 de enero de 2019, dicho Tribunal admitió una demanda de pérdida de investidura en contra del citado cabildante liberal. La demanda se fundamenta en tres cargos. El primero porque la corporación Estudios por Medellín le donó a Guerra Hoyos 42 millones de pesos en el 2015 para su campaña al concejo de Medellín y a la par y con posterioridad dio supuestas instrucciones al Concejo Municipal para que se contratara a los miembros del comité directivo de esa corporación en su unidad de apoyo, lo que según el demandante, el abogado Jorge Hugo Elejalde, es causal de pérdida de investidura porque un concejal no puede tener contratos o negocios con contratistas del municipio y porque hay un conflicto de intereses al beneficiar con contratos de 300 millones a quienes le ayudaron a financiar su campaña.

El segundo cargo se debe a que el concejal Bernardo Alejandro Guerra fue el ponente en el Concejo de Medellín de los acuerdos que en los últimos tres años aprobaron la sobrepasa ambiental con destino al Área Metropolitana del Valle de Aburrá, entidad de la cual su hija Alejandra Guerra Lotero ha tenido contratos desde el 2017 por 70 millones de pesos y se le pagan con recursos ambientales, lo que lleva al demandante a decir que el concejal Bernardo Alejandro Guerra incurrió en un supuesto conflicto de intereses.

El tercer y último cargo consiste en que el concejal Guerra promovió varios debates para pedir supuestas prerrogativas a favor de los damnificados de CDO desde el mismo momento en que colapsó la torre seis del edificio Space y aprobó el Estatuto de Rentas del Municipio, acuerdo 66 de 2017, donde se señaló en el artículo 268 que los afectados por construcciones evacuadas estarían exentos de pagar impuesto predial. La hija del concejal Bernardo Alejandro Guerra, Alejandra Guerra, es propietaria de un apartamento en la unidad residencial Asensi, la cual fue construida por CDO y evacuada por riesgo de colapso. Esos debates y el acuerdo de rentas del municipio han favorecido supuestamente a la hija del concejal y por ello el demandante sostiene que habría un conflicto de intereses que el concejal Guerra no declaró. El fallo del Tribunal debe dictarse dentro de los próximos dos meses y esta demanda se suma a una serie de cuestionamientos por los contratos que los hermanos del concejal Bernardo Alejandro Guerra tienen con entidades del municipio de Medellín y que han sido divulgados públicamente.

Y tras las elecciones legislativas del 2018, la única demanda electoral que queda pendiente ante el Consejo de Estado y que tiene que ver con Antioquia es la que se presentó dentro del Partido Cambio Radical por la única curul de Cámara de esta colectividad.

Recordemos que el segundo en votación, el odontólogo Mauricio Parodi, demandó la elección de Ignacio Mesa, quien actualmente ostenta la curul en esa corporación, por supuestos fraudes electorales en los resultados en algunos municipios de Antioquia.

Durante los escrutinios departamentales para la Cámara en Antioquia ante los delegados del CNE no se demostró ninguna irregularidad y se declaró la elección de Mesa. La curul entre estos dos políticos fue la más disputada, pues mientras Mesa sacó 28.575 votos, Parodi obtuvo 28.538. o sea, una diferencia apenas de 37 sufragios.

Posteriormente Parodi con nuevas pruebas optó por demandar la elección de Mesa por la vía judicial ante el Consejo de Estado y esta semana parece que será decisiva en este caso, toda vez que este jueves o viernes habría audiencia final para fallo definitivo de única instancia.