Europa y el mundo económico miran la semana que inicia con la expectativa de que los órganos responsables -Consejo Europeo y Parlamento Británico- tomen las decisiones conducentes a realizar el mandato ciudadano, estrecho pero mandato al fin y al cabo, de que Gran Bretaña se retire de la Unión Europea, pero estableciendo una nueva relación político-económica con el grupo de los 27 países.

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Las decisiones sobre el Brexit acabarán siendo tomadas por los 27 países de la UE, que el próximo jueves 21 concurrirán a reunión del Consejo Europeo con tres cartas sobre la mesa, cada una con bemoles y dificultades, sobre el momento del retiro. A la situación de gran poder de la UE para decidir el Brexit se ha llegado por las dificultades del gobierno y el parlamento británico para forjar una mayoría que determine el modelo de ese retiro.

Una salida es la que ha propuesto el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, y que tuvo eco favorable en la canciller Merkel, de Alemania. Ella propone que se aplace el retiro hasta por 21 meses, buscando que Gran Bretaña forje el acuerdo que hasta ahora no ha logrado sobre las condiciones de su retiro y la nueva relación con Europa; esta decisión le impone a los británicos las obligaciones de contribuir casi hasta por dos años con el funcionamiento de la UE, uno de los temas que aceleraron el retiro, así como de participar en las elecciones del Parlamento Europeo, que tendrán lugar el 26 de mayo, y hacer que sus designados tomen posesión el 2 de agosto.

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En su última votación, el Parlamento Británico negó la propuesta de la primera ministra Theresa May, de dirimir la controversia política interna sobre el Brexit convocando a un nuevo referendo, también rechazó, por segunda vez este año, el acuerdo que habían forjado el gobierno de Gran Bretaña y la Comisión Europea. A cambio, los parlamentarios británicos votaron a favor de solicitar a Europa que aplace la fecha de salida, fijada para el 30 de marzo, hasta el 30 de junio, pensando en que en tal período se alcanzarían las mayorías para el respaldo al acuerdo e incluso alguna renegociación de los puntos críticos. Esta alternativa tiene poco eco entre los 27 países.

La tercera opción, que fue la jugada por la conservadora Theresa May durante la campaña del referendo sobre el Brexit, es la del retiro duro y sin acuerdo, una propuesta que Europa ve compleja y la Corte Suprema de Londres descartó al exigir la existencia de un acuerdo y su aprobación en el Parlamento. Aunque arriesgada y compleja por la situación de Irlanda del Norte, europeizante, los migrantes y la economía, algunos voceros de los 27, como Polonia, reclaman este retiro inmediato y sin negociación.

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Que Gran Bretaña haya quedado en manos de las instituciones y burocracia europeas, fuente de su rechazo a la integración, es una paradoja de la democracia que no sólo cabe achacarle al exprimer ministro David Cameron, que convocó al referendo sin medir las posibilidades y consecuencias de perderlo, o a la incapacidad política de su sucesora. La dificultad de los británicos para lograr un acuerdo razonable sobre el Brexit, tras unas elecciones en que este fue apoyado por el 51,9% de los electores y rechazado por el 48,1% de ellos, ha estado acompañada de radicalización de las posiciones de los sectores extremos, la confusión de las masas intermedias y la diferencia entre la expresión precariamente mayoritaria de los votantes en el ejercicio de la democracia directa, a favor del Brexit, y la de sus representantes en el Parlamento, donde Theresa May perdió las mayorías cuando convocó a elecciones buscando afianzar su postura pro-Brexit. Tales desequilibrios, y las tensiones que de ellos se han derivado, no deben sernos extrañas en Colombia a raíz del rechazo popular al acuerdo con las Farc, que el Gobierno Santos terminó imponiendo por las vías legislativa y judicial, pero sin el respaldo de la mayoría ciudadana, que aunque estrecha, a diferencia de lo que sucede en Gran Bretaña, se ratificó y amplió en las elecciones a Duque y al congreso.

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Las dificultades para decidir el Brexit han generado incertidumbres en Europa y Gran Bretaña, especialmente en los campos demográfico, por sus impactos en las oportunidades académicas, laborales y turísticas, así como en el económico, terreno en el que los agoreros otean tiempos tormentosos, e incluso hasta una larga recesión, en la otrora poderosa vida económica británica. En la contraparte, los optimistas británicos buscan oportunidades en los antiguos miembros de la Comunidad, muchos de ellos potentes economías emergentes, e incluso en países emergentes, como Colombia y los miembros supérstites de la Comunidad Andina (también Ecuador y Perú). Los pasos hacia un acuerdo comercial de Colombia y Gran Bretaña, a la luz del TLC existente con la Unión Europea, comenzaron, y parecieron ralentizarse, en 2016, no obstante el optimismo que los rodeaba dada la existencia del acuerdo de inversiones de Colombia y la Gran Bretaña, segundo inversor extranjero en el país, suscrito en 2010 y en vigencia desde 2014.

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