La posibilidad de obligar a negociar de buena fe, como pide Bolivia en la demanda marítima con Chile, es una opción por la que la Corte Internacional de Justicia - CIJ - se ha decantado en otras disputas, como la de Nicaragua y Honduras por desacuerdos en la frontera marítima del Caribe. 

El alto tribunal de La Haya decidirá a finales de este año o principios del próximo si Chile tiene que tratar con Bolivia su eventual acceso soberano al Océano Pacífico. 

Las delegaciones de ambos países ya se encuentran en La Haya ultimando algunos aspectos protocolarios de las vistas orales que comienzan el lunes, como la hora de llegada de los equipos jurídicos o la distribución de los asientos en el Palacio de la Paz, sede de la CIJ.

La representación de Bolivia estará liderada por su presidente, Evo Morales, que tras pasar por Madrid llegó el viernes por la noche al aeropuerto de Rotterdam, a pocos kilómetros de La Haya. 

El recién nombrado ministro de Asuntos Exteriores de Chile, Roberto Ampuero, será la figura de más alto nivel enviada por Santiago, que ha recurrido a una delegación con representantes de casi todos los partidos políticos con presencia en el Parlamento. 

El alto tribunal de Naciones Unidas deberá contestar dos preguntas: si Chile está obligada a negociar de buena fe un acceso soberano de Bolivia al Océano Pacífico y, en caso de que esa obligación exista, determinar si Santiago la ha incumplido.

Bolivia basa buena parte de sus argumentos en que Chile ha accedido a discutir el tema marítimo en varias ocasiones a lo largo de los últimos 100 años. Esos diálogos, aunque infructuosos, le habrían ocasionado a Santiago una obligación de seguir negociando, según el país altiplánico.

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Chile reconoce que esos diálogos existieron, pero sus representantes recuerdan que ninguno concluyó en un acuerdo que se reflejase en un documento vinculante, por lo que no existiría ninguna obligación. 

El término legal de establecer "negociaciones de buena fe" ha aparecido en varias sentencias durante la historia de la CIJ. 

Un ejemplo de esto ocurrió de forma parcial cuando Nicaragua llevó a Honduras ante la CIJ por desacuerdos en la frontera marítima del Caribe. Los jueces trazaron en 2007 las coordenadas de la línea de separación casi en su totalidad, otorgándole a Honduras varias islas en disputa.

Sin embargo, dejaron que una pequeña parte de la delimitación, la línea entre el final de la frontera territorial y el principio de la marítima, fuera establecida por las partes a través de negociaciones "de buena fe".

Ese mismo término también apareció en una sentencia de 1997. Hungría y Eslovaquia acudieron a La Haya por desacuerdos en la construcción de unas presas en el Danubio, en una zona fronteriza.

Ambos estados habían firmado un tratado para repartirse las  obras, pero Hungría decidió romperlo en 1989. Los jueces decidieron que la acción de Budapest no se ajustó a Derecho, obligándole a pagar una compensación al país vecino. Además, pidieron a las partes establecer negociaciones "de buena fe" para garantizar el cumplimiento del acuerdo original.

Otro caso entre países europeos llegó a La Haya en 1969. La entonces República Federal de Alemania denunció a Holanda y Dinamarca por diferencias en el reparto de las plataformas continentales del mar del Norte, ricas en petróleo y gas.

Los jueces dieron entonces la razón a Berlín de forma parcial, pero estipularon que las partes estaban "bajo la obligación" de llevar a cabo "negociaciones significativas para llegar a un acuerdo final". Los tres países firmaron posteriormente un pacto y se repartieron pacíficamente los derechos del Mar del Norte.