79 muertes, según la Fiscalía y el Centro Nacional de Memoria Histórica, y 119, según ONG y población sobreviviente a la masacre; fue el balance de muertes dejado por la tragedia de Bojayá. Fue calificada históricamente como una de las de más dolorosas para el país, porque los reportes registran que no hubo actores del conflicto afectados, sino que, bajo del ataque del cilindro bomba que fue lanzado por miembros de las Farc aquel 2 de mayo de 2002, sólo murieron civiles que se ocultaban del fuego cruzado.

Como le dijo a EL MUNDO el alcalde de Bojayá de esa época, Ariel Palacio, hubo desaparecidos, decenas de heridos y de muertos, las muertes se produjeron en una iglesia de Bojayá, donde la población civil buscaba refugio, en el corregimiento de Bellavista.

“Tengo conocimiento de que en el día de ayer, después de presentarse desde principio de semana los combates en zona rural del municipio se trasladaron directamente a la cabecera municipal», relató el alcalde en dicha época. «Habíamos preparado a la gente para que se concentrara en sitios donde pudiera ser excluida de esta confrontación, pero cayó un artefacto explosivo exactamente en la iglesia y eso nos ha generado esta catástrofe en el municipio", precisó Palacio.

Por su parte, Jorge Caicedo, exsecretario de Gobierno del Chocó, afirmó que “la información que tenemos es que todos ellos son civiles. Estamos ante una tragedia nacional que demanda la solidaridad de todo el país y la intervención inmediata del socorro nacional”, añadió.

Esta tragedia no fue evitada, pese a que las autoridades tenían conocimiento de que en la región se estaban dando hostilidades entre las Farc y los grupos paramilitares. Incluso teniendo un informe del Sistema de Alertas Tempranas, el 24 de abril de ese mismo año.

“El Departamento del Chocó se caracteriza porque más del 80% de su territorio carece de presencia de la Fuerza Pública, sumado a la precaria o nula presencia de otras instituciones del Estado. A estos factores, se agrega el hecho de que el Chocó constituye un territorio estratégico para los grupos armados ilegales por su ubicación geográfica (relativo aislamiento de grandes centros urbanos, ubicación fronteriza, límites con el océano pacífico) y por sus riquezas naturales (Biodiversidad, riquezas minerales), han propiciado que los grupos armados al margen de la ley se encuentren disputando su control desde hace varios años”, diagnosticó el informe que puso en advertencia a la población y las autoridades.

“El peligro que se cierne sobre la población es grave e inminente por que los actores armados pueden provocar amenazas, masacres y desplazamientos de población con el fin de acceder o mantener el control del territorio. Además se ha informado que existe restricción al paso de alimentos desde Quibdó por parte de miembros del Batallón Manosalva del Ejército, así como en Riosucio, Chocó, amparados en un decreto del Alcalde municipal.Ya se aprecian efectos de la presencia armada como saqueos, el homicidio de dos jóvenes y el secuestro de otros dos en el municipio de Carmen del Darién y el bloqueo al paso de alimentos y combustibles a lo largo del río”, agregó el texto, cuya conclusión sugirió activar los dispositivos de seguridad, protección de derechos humanos y asistencia humanitaria necesarios para garantizar la integridad de la población y bienes civiles.

Según reportaron en ese entonces las autoridades colombianas, el lunes antes de los hechos se dieron combates entre las Farc y paramilitares en una zona que comprende los municipios de Bojayá y Vigía del Fuerte. El coronel de la Policía Nacional, Ricardo Vargas, indicó que en los combates participaron al menos 500 paramilitares y 300 guerrilleros.

Como si esa advertencia hubiera sido una premonición,  el día 2 de mayo del 2002 la iglesia, donde se había ubicado la población civil para no estar en medio del fuego cruzado y no ser tocados directamente por los enfrentamientos, sufrió un ataque con el impacto de un cilindro bomba en este recinto, en el cual sólo se encontraba población civil y cuyo impacto generó heridos, muertos y desaparecidos en dicha fecha.

Esta acción de guerra recibió todas las críticas de las autoridades nacionales y la comunidad internacional encabezada por la ONU.

Por su parte, las Farc expresaron su dolor por lo sucedido y aseguraron que “al pueblo de Bojayá y a la gente de Chocó, nuestro pesar por lo sucedido. En lo posible vamos a tratar de resarcir el daño involuntariamente causado. Los que hoy se rasgan las vestiduras en Bogotá son los mismos que los han ignorado y abandonado durante siglos. Les pedimos no dejarse manipular por la gran prensa y el Gobierno, que sólo ven un responsable. Responsables son los paramilitares que actúan a sus anchas en el Atrato en estrecha coordinación con la Armada Nacional y que mantienen un bloqueo de años contra esa comunidad”.

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En el contexto de los diálogos de paz y la transición de este grupo guerrillero a la vida pacífica y la reincorporación a la sociedad, este grupo afirmó a través de Iván Márquez que "con nuestras almas contritas, pedimos nos perdonen y nos den la esperanza del alivio espiritual permitiéndonos seguir junto a ustedes haciendo el camino que, reconciliados, nos conduzca hacia la era justa que tanto han anhelado los humildes de todos los rincones de Colombia".

El líder de las Farc señaló que sus manos están extendidas, "jurando que jamás" tuvieron la intención de causar los terribles daños que tanta aflicción ocasionaron a la comunidad de Bojayá, invitando a que “se reinicie la esperanza arrullada hasta siempre por sus aguas bautismales. Basta ya de los ruidos de la muerte, basta ya”.

Este hecho se complementó con la intención del Gobierno de cerrar este capítulo significativo en el conflicto armado, haciendo procesos de sanación, exhumación de los cuerpos para entregárselos a sus familias y puedan darle su cristiana sepultura y último adiós, reduciendo los rencores producidos y las heridas que quedaron en estos territorios afectados por la guerra.