Desde la expedición del Decreto Ley 903 por parte del presidente Juan Manuel Santos el 29 de mayo, deberán correr 60 días para que las Farc entreguen a cabalidad el inventario de sus bienes. Sin embargo, el anuncio del Gobierno de que hará correcciones al texto del Decreto, deja más dudas que certezas sobre ese requerimiento a la guerrilla.
Y pese a las especulaciones, no se sabrá a ciencia cierta lo que ocurrirá con los recursos que sean reconocidos y los que no, hasta que se corrija y firme el Decreto reglamentario para este fin.
No se puede negar que después de tantos años de atesorar las ganancias producto de actividades ilícitas a gran escala, como el narcotráfico y la extorsión, lo más lógico es que las riquezas de la organización alcancen niveles multimillonarios, por lo que una de las labores fundamentales en medio del proceso para el Gobierno será poder constatar el verdadero monto de los bienes de esta guerrilla en el territorio colombiano, así como realizar un rastreo de las cuentas y propiedades que las Farc puedan tener en el extranjero.
Al respecto, y según aseguró el fiscal Néstor Humberto Martínez a medios nacionales, el valor de los bienes de las Farc, con un patrimonio que incluye empresas, vehículos, ganado, y bienes inmuebles en diferentes regiones del país, ascendería a billones de pesos.
Estas afirmaciones corresponden al inventario que, según se reveló recientemente, realizó el ente acusador, y que tal como explicó el fiscal, se logró después de analizar más de cinco millones de archivos electrónicos por parte de un equipo de expertos.

Sigue la desconfianza
Y mientras la Fiscalía ha hecho lo propio en Colombia, en un esfuerzo por determinar la magnitud de los bienes, procedimientos que también han permitido conocer a los testaferros de esta guerrilla, con el fin de obtener información acerca de las posesiones de esta organización en el exterior y someterlas a extinción de dominio, se determinó poner en marcha un plan de cooperación judicial con Estados Unidos y Centroamérica, tal como lo anunció el lunes Martínez.
No obstante, siguen quedando dudas. Para Juan Carlos Álvarez, profesor de Derecho Penal de la Universidad Eafit, uno de los principales problemas “es hasta qué punto el Estado colombiano está en capacidad de identificar realmente todos los bienes que hayan podido estar en manos de las Farc y hasta qué punto las Farc están en una voluntad real de entregar los bienes que tienen”.
“En la práctica es muy probable que muchos de esos bienes no se identifiquen completamente y es muy probable o puede suceder que las Farc o miembros de la organización, autónomamente, no declaren completamente los bienes y se queden con algunos de ellos”, señaló.
Según el decreto que dio a conocer la semana pasada el presidente Juan Manuel Santos, las Farc tienen hasta el 1 de agosto para entregar un inventario definitivo sobre sus bienes y activos, y tal como lo expuso Martínez, “ahora el Estado tiene cómo cotejarlo”.
Y aunque las cuantías que arrojó el análisis son muy altas y se sabe que los dividendos de las actividades ilegales de esta guerrilla lo son también, se debe tener en cuenta que el sostenimiento de un grupo armado representa también gastos operacionales de gran magnitud, como señaló Carlos Alfonso Velásquez, experto en conflicto armado y paz, docente de la Universidad de la Sabana y coronel retirado del Ejército Nacional.
“Mantener una agrupación armada, organizada a través del tiempo tiene costos muy altos” y la organización guerrillera tuvo que invertir, para su funcionamiento, sumas importantes de dinero en elementos como “ armas, drogas y uniformes”, acotó.
Por otro lado, escépticos del proceso como el senador Alfredo Rangel han cuestionado la voluntad de la guerrilla. El congresista afirmó que “es evidente que las Farc no tiene ninguna intención de entregar todos los bienes ni todas sus armas”.
Argumentó que, desde un comienzo, “han señalado que ellos no tienen bienes, que son una organización muy pobre, cuando el fiscal general de la Nación ha descubierto bienes ilícitos producto de sus actividades criminales por valor de billones de pesos”.
No obstante, recalcó que si se encuentran más bienes que no estén inventariados en la esperada lista, los miembros de la guerrilla implicados, así como sus testaferros y todos los responsables “deben ser procesados por la justicia ordinaria”.

Las garantías
De acuerdo con Ariel Ávila, subdirector de la fundación Paz y Reconciliación, uno de los aportes del Decreto es su contribución para que el conflicto armado que ha sufrido el país no se vuelva a presentar bajo ninguna circunstancia. “Una de las garantías más importantes, que demuestran que un conflicto armado se acaba, es el famoso derecho a la no repetición”.
“Para dar esas garantías de no repetición, además de reparar a las víctimas civiles del conflicto, hay que garantizar una reincorporación para que esa gente no vuelva a las armas. Lo que hace el Decreto es una lectura moderna de lo que significa la no repetición y la condición de víctima”, indicó.
Dijo que no se puede presuponer que la guerrilla faltará a lo acordado sino que se debe hablar “partiendo de hechos reales” y que la ciudadanía tiene que estar consciente de que el país cuenta con las mejores instituciones, como una de las fiscalías más fuertes del continente, uno de los sistemas de inteligencia más importantes, así como la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), y la Policía Nacional, sumado a la Misión de Naciones Unidas para verificar el proceso de paz.

Reparación y reincorporación
Por otra parte, acerca del Decreto 903, expedido el 29 de mayo de 2017, y que determina las disposiciones del inventario de bienes y activos de la guerrilla, el fiscal general de la Nación resaltó que dicho patrimonio pueda ser utilizado para reparar a las víctimas del conflicto, pero llamó la atención acerca de la financiación de los programas contenidos en el punto 3.2.2 del Acuerdo final, donde se contempla la reincorporación económica y social de las Farc.
En ese sentido, el senador Rangel afirmó que el Gobierno cometió “una equivocación enorme” al aceptar que los recursos “pudieran ser utilizados para hacer política por parte de las Farc” y que “incurrió en un error al aceptar que ellos van a administrar conjuntamente con el Gobierno esos recursos, que deben ser manejados solamente por el Gobierno y exclusivamente para reparar a las víctimas, para ningún otro fin”.

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Pero pese a las críticas, quienes apoyan el proceso resaltan los mecanismos establecidos para garantizar que el asunto se desarrolle acorde a lo establecido.
De esta manera, el senador Iván Cepeda, copresidente de la Comisión de Paz del Senado, resaltó que contrario a las afirmaciones de opositores, que han dicho que la guerrilla no iba a cumplir con lo prometido para reincorporarse a la vida civil, las Farc han respondido a lo pactado.
Cepeda subrayó que la guerrilla “va a entregar un listado de sus bienes al Estado colombiano, algo que los detractores del proceso dijeron que nunca iba a ocurrir”, y que parte de los bienes se destinará a la reparación.
También “hay un mecanismo, que está previsto en el Decreto, mediante el cual, con el Estado, se emplearán parte de esos recursos para el proceso de reincorporación”, recordó.
Comentó que la misma suspicacia con que opositores y críticos afirman que no se puede garantizar la entrega de la totalidad de los bienes, se podría aplicar a otros aspectos del proceso pero que para garantizar el correcto desarrollo del mismo se cuenta con la verificación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Además “hay un mecanismo de justicia, y hay una justicia ordinaria, y quien no cumpla con lo que está dispuesto en los acuerdos y en las normas que desarrollan esos acuerdos, sencillamente pierde los beneficios del proceso”, enfatizó.

“Será lavado”
Detractores del proceso han afirmado que el reciente Decreto expedido por el Gobierno el pasado 29 de mayo propicia el lavado de dineros provenientes de actividades ilegales y que no se debería destinar parte de los recursos para la reincorporación de los guerrilleros a la vida civil.
De otro lado, se ha cuestionado la creación de la cooperativa Ecomun para los miembros de la organización, que empezaría a operar después del proceso de dejación de armas y tránsito a la legalidad y que entraría en funcionamiento sin la debida regulación, según se ha dicho en el ámbito político y también en diferentes gremios del país.
Cabe recordar que la iniciativa de Ecomun corresponde a la estructura de economía solidaria para los desmovilizados, en la que podrán participar todas las milicias que deseen incorporarse a la vida civil.
Una de las personas que manifestó su desacuerdo al respecto es Rafael Nieto, exviceministro de Justicia, quien recalcó que “el Decreto 903 lo que dice es que se establecerá un patrimonio autónomo, que a su vez estará administrado vía fiducia y que tiene como mandato, primero, la reparación de las víctimas y después lo que tiene que ver con el punto 3.2.2 del Acuerdo, que habla acerca de los mecanismos dirigidos a la reinserción de los guerrilleros en la vida civil”. A esto se suma, dijo, que no se especifica cuánto ni de qué manera se usaría el dinero para este propósito.
“En otras palabras, es un lavado de dinero porque lo que está haciendo el Decreto por medio de la constitución del patrimonio dentro de la fiducia es que los dineros que son ilícitos terminen convertidos en dineros lícitos para efectos de la reinserción de los guerrilleros, abriendo la posibilidad de que esos dineros vayan a la famosa cooperativa, la forma asociativa que se crea, que se llama Ecomun, que va a ser una especie de empresa de las Farc”, expresó.
De esta manera, especificó Nieto, el país se encuentra ante un Decreto “abiertamente inconstitucional” porque va en contra de la carta magna y legaliza “la fortuna mal habida producto del crimen” con el pretexto de apoyar la desmovilización, lo que calificó como inaceptable.