El déficit de Medellín en defensa de la vida y los derechos nos exige seguir prestando atención a este campo, lo mismo que a los gastos en comunicaciones, publicidad y contratación directa.
En 2018, Colombia eligió presidente dándole el mandato de rectificar los errores de su predecesor en los procesos de paz sin justicia con las Farc, y sin seguridad con el Eln; derroche y corrupción en los poderes centrales; fallidas políticas de seguridad y antidrogas, e inequidad. El escogido fue Iván Duque, nominado en el Centro Democrático; confirmado en consulta interpartidista, y elegido por ciudadanos de distintas tendencias y sectores.
Los primeros cuatro meses del gobierno que estrenó el Estatuto de Oposición le han traído al doctor Duque costos en popularidad y gobernabilidad. En aceptación, porque la extrema derecha rechaza su talante negociador e ideas de centro, situación que concurre con la hirsutez de la oposición izquierdista y con la distancia que, cada vez menos, le marcan los centristas que confundieron la necesidad de rectificar en paz, para hacer justicia a las víctimas y garantizar seguridad, con el afán de “hacer trizas los acuerdos”. En cuanto a la gobernabilidad, el presidente ha tenido dificultades en el Congreso por su decisión de eliminar la mermelada de las relaciones entre poderes.
El acuerdo de financiación de las instituciones públicas de educación superior, alcanzado este viernes gracias a la decisión inédita de constituir una mesa de negociación con estudiantes y profesores universitarios confirma las ventajas del talante del mandatario y le abre posibilidades de seguir atrayendo a sectores cercanos al centro, así como le da un aire para afianzar su gobierno en defensa de las instituciones y los derechos humanos, como confiamos lo hará. En definitiva, nos parece acertada su estrategia de iniciar con moderación su gobierno, y confiamos que ello no irá en desmedro de la firmeza con que tendrá que acompañar decisiones futuras, necesarias para reencausar al país como un estado de derecho.
Por su parte, los gobernadores y alcaldes se preparan para su último año de mandato. Los gobiernos de Antioquia y Medellín se afectaron por la crisis, aún no explicada con suficiencia y claridad, en la construcción de Hidroituango. A más de los impactos por la no operación de la central y por la incertidumbre sobre las causas del grave accidente del pasado mayo, esta crisis terminó de quebrar las difíciles relaciones entre los mandatarios e impactó la gobernabilidad en el departamento y el municipio.
El gobierno de Luis Pérez ha trabajado con empeño en la gestión de sus proyectos bandera y en la culminación de obras de infraestructura de gran impacto regional, que el ingeniero gobernador sabe que sólo se realizan dándoles continuidad, con grandeza y comprensión de las necesidades del desarrollo. Con la aprobación de la primera de diez carreras sometidas a análisis del Ministerio de Educación sigue tomando forma la Universidad pública digital, proyecto que demanda grandes esfuerzos académicos, tecnológicos y de infraestructura y que está llamado a revolucionar el acceso y aprovechamiento de la educación superior, por lo que esperamos su consolidación el año próximo. El gobierno de Luis Pérez recibió, y rectificó, los proyectos del Túnel de Oriente, que avanza para ser entregado en 2019, y Túnel Guillermo Gaviria Echeverri, en el boquerón del Toyo, obra que entregará a su sucesor con grandes avances; su determinación ha sido definitiva para el impulso a las autopistas 4G y el desarrollo portuario en Urabá, programas con los que la Gobernación ha ofrecido respaldo a la zona de Urabá.
El alcalde Federico Gutiérrez ha gobernado con más ruido que resultados. Llegó a su cargo decidido a poner freno a los desarrollos de los últimos gobiernos de la ciudad en urbanismo, infraestructura, desarrollo social y seguridad. El golpe más notorio lo recibieron los programas del Fondo Medellín Ciudad para la Vida, que había aprobado el Concejo de Medellín. Son dramáticos la morosidad para ejecutar la etapa 1B del premiado proyecto Parques del Río Medellín, que ajustó un 75% de sobretiempo y valor semejante en sobrecosto, así como el afán por impedir que la Sociedad Parques del Río avance en la estructuración de las cinco etapas restantes. Del mismo Fondo fueron serios, y muy caros, los retrasos en la construcción y entrega de Mova y del inicio, con proyección fuertemente recortada, de obras en la Ciudadela universitaria de Occidente; así como la supresión de los proyectos de la universidad digital, ciudadela del Norte y la necesaria sede norte del Hospital General, a más del daño monumental a la política de atención a la población indigente.
Aunque alardea con su estrategia de seguridad, invirtiendo en ello parte de los jugosos recursos de su presupuesto de publicidad, Gutiérrez no ha logrado cumplir las expectativas que generó en este campo. La cifra de 584 muertes violentas hasta el pasado jueves ha superado las de este gobierno, todas mayores a las de 2015. Tal crecimiento ha ocurrido también en violencia contra la infancia y adolescencia y de género, además de hurtos y desplazamiento forzado, situación que llevó a la Personería a declarar que “en Derechos Humanos, Medellín perdió el año”. El déficit de Medellín en defensa de la vida y los derechos nos exige seguir prestando atención a este campo, lo mismo que a los gastos en comunicaciones, publicidad y contratación directa.