Como senador propuse la creación de la Comisión Accidental de Seguridad Aérea. Su objetivo principal era proveer al sector aéreo las condiciones necesarias para garantizar la sostenibilidad del sector del transporte aéreo, la seguridad de los usuarios del sistema (pasajeros, carga, correo), la integridad de las tripulaciones y la transparencia en la administración de los recursos públicos invertidos con enorme esfuerzo por todos los colombianos.

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También buscaba establecer las condiciones de seguridad operacional de la aviación en el país, evaluar el desempeño de los organismos de control sobre el sector aéreo, las concesiones aeroportuarias y presentar recomendaciones para el cumplimiento de estándares internacionales. Presidí 17 sesiones en las que Fiscalía, Procuraduría, Contraloría, sindicatos, aerolíneas, empresas de transporte de carga, aviación militar, concesionarios, pasajeros y la Aeronáutica Civil presentaron un descarnado diagnóstico que reveló deficiencias estructurales, corrupción y ausencia de controles eficaces en un sector estratégico para la seguridad y el desarrollo nacional.

De manera desconcertante, la aerolínea Avianca habilitó el pasado 30 de abril la venta de pasajes entre el 11 y el 31 de mayo. Al día siguiente, el propio presidente de la República afirmó rotundamente que ninguna aerolínea podía vender tiquetes y que sólo el Gobierno Nacional en su momento puede autorizar la reanudación de las operaciones. Una vergüenza para la aerolínea. No se entiende como, de manera temeraria o por desconocimiento, Avianca abusa de la buena fe de miles de personas que necesitan viajar por el país. ¿Qué va a pasar con las personas que compraron tiquetes? ¿Van a devolver el dinero? O ¿simplemente van a otorgar un bono para ser redimido posteriormente? ¿Usaron este espacio para recibir recursos y darle un respiro a la crisis que afrontan? Esta salida en falso coincide con la petición de rescate financiero que Avianca le hizo al gobierno. Tener una posición dominante en la industria aérea nacional no puede significar acaparar los recursos de rescate que defina el gobierno para la industria. O bien se trata igual a todas las aerolíneas, incluida Avianca, o el gobierno decide comprar la aerolínea, con la posibilidad de venderla y hacer más adelante un negocio rentable para el Estado, manteniendo eso si un buen gobierno corporativo.

Volviendo a la comisión de seguridad aérea, desafortunadamente para el periodo actual 2018/2022 no hubo continuidad en el arduo trabajo de control político que desarrollamos. Duerme el sueño de los justos el informe final de la comisión, a pesar de las propuestas de reforma que despertaron expectativa en un sector abandonado por el Estado. La Comisión logró ganarse el respeto de quienes contribuyeron a su desarrollo y sus observaciones fueron tenidas en cuenta para alertar sobre las fallas de seguridad y la calidad en la prestación del servicio.

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Este es el momento indicado para que el Congreso de la República retome el control político que rescate los insumos aportados por la comisión y se logre aclarar el alcance y el motivo por el cual Avianca tomó una decisión tan apresurada, que solo afecta aún más su imagen negativa ante la ciudadanía. Cualquier paquete de ayuda o rescate a la industria de aviación civil en Colombia debe tener el control político del Congreso y de las veedurías ciudadanas.