Autoridades realizaron este jueves el desalojo de un Centro de Almacenamiento Temporal de Escombros irregular ubicado en un predio público en la quebrada La Iguaná. La diligencia se cumplió ante los impactos ambientales y el lucro que habría estado brindando a privados este predio público.
Cuando Alba Nelly García llegó este jueves a su trabajo se encontró con un operativo policial que desalojó a por lo menos 60 personas que como ella trabajaban en el ‘Cráter’ de la quebrada La Iguana, donde se recibían y se separaban escombros y otros desechos.
La inspección fue realizada en conjunto por la Secretaría de Seguridad, la Policía Metropolitana, la Subsecretaría de Gobierno Local y Empresas Varias (Emvarias) con el fin de recuperar el espacio público donde se encontraban estas personas y que habría estado generando ingresos a particulares por la descarga de escombros, produciendo un fuerte impacto ambiental por la cantidad de desechos de construcción que allí se almacenaban.
García, quien trabaja transportando desechos desde hace 43 años, aseguró que este desalojo se presentó por los constantes desórdenes presentados en este punto ante el incremento de personas que acudían a descargar escombros y que no hacían parte de la asociación Nueva Generación Cocheros de La Iguaná que labora allí desde que se acogieron al programa de cambio de tracción animal a motorizada.
“Cuando nos entregaron las motos y nos dijeron que íbamos a trabajar legalmente, nos dijeron que aquí podíamos. Pero por medio de unos compañeros nuevos fue que se desordenó esto y ahora es que estamos sufriendo”, aseguró García.
Sin embargo, según Andrés Tobón, secretario de Seguridad de Medellín, la diligencia se da a raíz de que el lote, que es de carácter público, “estaba siendo utilizado por privados, que permiten el ingreso de volquetas, camionetas y camiones para descargar allá escombros con basura para separarlos, contaminando la quebrada La Iguaná, el sector y luego en pequeños camiones transportarlo al Cate de Emvarias de manera informal”.
Tobón aseguró que de esta forma se da fin a una renta ilegal que favorecía a unos pocos mientras se hacía una explotación laboral con quienes se encargaban de separar los escombros: “De ninguna manera se justifica que unos privados se apropien de un bien público para explotar a unos cuantos y digan que están generando empleo”, aseveró el funcionario.
La solución entregada por la Secretaría de Seguridad es que quienes trabajan de forma legal con la recolección de escombros se acerquen al Centro de Almacenamiento Temporal de Escombros (Cate) de Emvarias para hacer la entrega correspondiente ya que Emvarias es la única empresa autorizada para tal fin.
Siendo así, los precios en el Reglamento para el ingreso al Punto Limpio de La Iguaná serán de 40.000 pesos para camionetas Estaca o Pick-up con 20 bultos equivalentes a 1 tonelada de escombros y 60.000 pesos para quienes transporten hasta 30 bultos o 1.5 toneladas, que es lo máximo que se puede depositar por viaje en este sitio.
Para los ‘motocargueros’ cada viaje será de 5.000 pesos y quienes estén validados dentro del proceso de cambio de tracción animal a motorizada contarán con una tarifa de 3.000 pesos.
No obstante, Mary Luz Guisao, administradora de la asociación Nueva Generación Cocheros de La Iguaná, manifestó que si bien sí existe un problema de organización en el lugar “no deben pagar justos por pecadores” y que Emvarias y la Alcaldía de Medellín se deberían sentar a hablar con ellos y propiciar un proyecto para seguir un plan de trabajo que no perjudique a los motocargueros de la asociación.
“Nosotros vamos a aceptar todas las condiciones que pongan, pero queremos que se moderen los precios y moderar también a los ‘motocargueros’ porque soy consciente que hay muchos que no lo son y hacen las cosas mal”, expuso Guisao.
Durante el procedimiento, que inició a las 5:00 a.m., en la calle 55 con carrera 74, no se registraron alteraciones del orden público pese a que el operativo contaba con un fuerte dispositivo policial para hacer frente a posibles desmanes por parte de los afectados.
Tan solo se reportaron reclamos de algunos transportadores que trabajaban en este punto y quienes reclamaron un derecho al trabajo y la forma en que se realizó el operativo, cuando nadie se encontraba en el sitio. “Nos hubiera gustado que nos hubieran dicho que iban a desalojar a que vinieran así”, lamentó García.