Nueve menores de edad y dos adultas jóvenes experimentan desde el pasado miércoles las consecuencias de una débil protección del Estado, que desatendió las denuncias por violencia intrafamiliar presentadas por su madre.
Desde el pasado miércoles, 9 menores de edad y dos adultas muy jóvenes (18 y 21 años) se enfrentan a las incertidumbres de su orfandad, las secuelas de la violencia intrafamiliar y el abandono por el padre victimario y un Estado, representado por el Icbf, que no fue capaz de cuidar a la madre amenazada y que en la actualidad carece de herramientas eficientes para darles el amparo que necesitan para recuperarse de los traumas de la violencia vivida en el hogar.
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La muerte de la mujer que a sus escasos 39 años ya era madre de once hijos con edades entre 1 y 21 años fue provocada por un esposo maltratador que estaba sumido en una incurable espiral de maltrato y violencia contra su familia. Pero también fue facilitada por la debilidad de comisarios de familia y de todos los agentes (educadores, médicos, enfermeros) que conocieron de las agresiones a la mujer y dejaron de cumplir con sus obligaciones legales de llevar al agresor ante los tribunales y amparar a la familia victimizada. El alcalde de Medellín y la secretaria de la Mujer han reclamado de las Comisarías de Familia cumplir el importante rol preventivo que justifica su existencia.
Con su madre muerta, su padre en prisión y sus dos hermanas mayores, una de ellas ya madre y ambas sin capacidad para cuidarlos, los infantes y adolescentes han quedado en situación de desamparo, lo que significa que están a merced del Icbf. Este organismo, que ya les falló seriamente una vez, tendrá que activar los mecanismos especiales de diagnóstico y protección, que pueden conducir a que se les declare en adoptabilidad, dando inicio al complicado proceso de entrega en adopción que hoy rige en el país, y que obliga a encontrar parientes hasta el quinto grado de consanguinidad como adoptantes prioritarios.
Esta familia traumatizada padecerá el incumplimiento de Cristina Plazas a la promesa que hizo en Medellín el 3 de diciembre de 2014, cuando ofreció que se daba un año, a partir de entonces, para hacer regir un nuevo protocolo para la atención de la infancia y adolescencia en situación de abandono o necesitada de ser protegida. El tiempo ha pasado y el Icbf ha seguido eludiendo también esta responsabilidad de procurar para los niños opciones efectivas y oportunas de crecimiento en entornos protectores.