Las partes directamente interesadas en el caso de El Almirante, embarcación que se hundió el pasado 25 de junio en el embalse de Guatapé, mantienen la expectativa en el desarrollo del proceso judicial que podría ser determinante para el turismo de ese municipio antioqueño, y aún más para la operadora Asobarcos, dueña y responsable de la nave que naufragó dejando como saldo nueve víctimas mortales. 

El lunes 9 de febrero la Superintendencia de Puertos y Transporte dio a conocer su fallo tras nueve meses de revisión a la nave implicada en el hundimiento, en esa sentencia de primera instancia se resolvió cancelar la licencia de operación a Asobarcos y cobrarle una multa de $520.828.000. 

La decisión, según la entidad supervisora, fue sustentada en dos argumentos principalmente: falta de condiciones de seguridad en la embarcación e inexistencia de documentos legales para acreditar su funcionamiento.

De acuerdo con el resumen del peritaje realizado a la nave por la Dirección General Marítima (Dimar), el siniestro fue producto de “la pérdida de fuerza de boyancia ocasionada por la ruptura del sector de popa del pontón de babor y el desprendimiento del pontón de estribor (…)”.

Así las cosas, la responsabilidad total del suceso recayó sobre Asobarcos, que tras la sentencia ve en riesgo la continuidad de su funcionamiento y de paso, el medio de producción que les ha permitido a sus barqueros ganarse la vida durante tres décadas aproximadamente.

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Según el abogado de la compañía, Víctor Cortéz, los navegantes asociados pueden seguir operando sin caer en la ilegalidad, puesto que el fallo de la entidad supervisora aún no es definitivo. Sin embargo, los representantes de Asobarcos ya adelantan acciones jurídicas para responder al fallo que obligaría a poner punto final a su operatividad. 

“Estamos en el proceso de comparecer a la Superintendencia para recibir personalmente la decisión adoptada. Luego de esto, interpondremos un recurso de reposición, para que con base en unos argumentos y en unos medios de prueba dictaminados por nuestro perito, sea revocado este fallo”, aseguró el jurista a cargo de la defensa de Asobarcos.

De no lograrse dicha revocatoria, Cortéz dijo que ya se tiene lista una demanda de nulidad y de restablecimiento de derecho dirigida al Consejo de Estado; con la que se pretende solicitarle a ese cuerpo supremo la suspensión del fallo de la Superintendencia, “que en este momento perjudica enormemente a todo un grupo de personas que han dedicado su vida a la actividad fluvial”, replicó el abogado.

Cortéz recalcó que hasta la resolución final del proceso por parte del Consejo de Estado respecto al caso en cuestión, Asobarcos seguirá trabajando y sus barqueros de igual manera continuarán ejerciendo su labor.

El apoderado también reveló las sensaciones de los miembros y colaboradores de esa transportadora fluvial, y precisó que ellos consideran que se les ha echado toda “el agua sucia” en esta ocasión.

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“La Superintendencia en todo este asunto es arte y parte, y eso será objeto de discusión jurídica en todos los procesos judiciales, se le vendrán demandas a esa entidad supervisora porque tengo conocimiento de que algunas familias de las víctimas van a demandarla, por fallas en el cumplimiento de su labor como ente de control”, aseveró Cortéz.

El jurista indicó que estudiará con “lujo de detalle” cuáles eran las obligaciones de la entidad supervisora y del Ministerio de Transporte en este caso, y si fueron cumplidas en su totalidad. A juicio del licenciado en derecho allí hay una discusión que en su momento se propondrá ante los jueces competentes.

El intercesor además declaró que la multa impuesta a la transportadora fluvial que defiende es “muy injusta”, y manifestó con firmeza que se le aplicó la sanción máxima sin tener en cuenta ninguna ponderación. 

“Asobarcos contaba con toda la documentación legal exigida para prestar el servicio. Existe un documento que data de 2016, citando la revisión técnico-mecánica realizada a la embarcación El Almirante, a cargo de la autoridad fluvial del municipio de Guatapé. Ahí dice que tenía todas las facultades para navegar”, declaró Cortéz.

Dijo además que en ese documento se hicieron unas recomendaciones técnicas para añadir algunos elementos a la embarcación, que según él, fueron incorporados mucho antes del accidente.

El Mundo preguntó a la Secretaría de Turismo guatapense sobre el posible impacto que podría tener el cierre de Asobarcos para el municipio, a lo que respondió la titular del despacho, Yomaira Rosales, asegurando que los efectos no sólo serían para el sector turístico, sino también para la comunidad en general, dado el aporte social de la compañía al territorio.

No obstante, Rosales afirmó que su despacho acatará las sentencias correspondientes en su momento, “tomando en cuenta que cualquier actuación en términos de navegación en el embalse es netamente competencia del Ministerio de Transporte”.

“Nos queda esperar las decisiones que en esta materia defina el gabinete, y desde luego acogernos a ellas, no sin antes presentar nuestras dudas y sugerencias al respecto, pues nuestro propósito siempre ha sido desarrollar un turismo responsable y sostenible”, puntualizó la funcionaria.