Esta semana el Congreso de la República, analizó el estado de implementación del Acuerdo de paz. Las cifras son poco alentadoras. Sin embargo, lo más importante en relación con este asunto es saber que quienes tienen ahora las responsabilidades más grandes del Proceso de paz, son los entes territoriales. Aunque no hubo alcaldes o gobernadores sentados en la mesa de La Habana, ni tampoco en el debate parlamentario de hace unos días, ellos son la clave para completar la tarea del posconflicto.

Lograr la participación activa y decisoria de los mandatarios locales en temas como la reforma agraria integral y el cumplimiento del acuerdo en materia de víctimas, será un requisito necesario para impulsar el anhelo de paz de muchos colombianos. Así, llaman la atención las cifras de cumplimiento o incumplimiento del acuerdo en temas puntuales como el de la reforma rural integral y específicamente en el del acceso y formalización de la tierra.

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De acuerdo con estudios del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el 25% de los propietarios de tierra en Colombia son dueños del 95% del territorio nacional y según datos del DANE, el 64% de los hogares campesinos no tienen acceso a la tierra. En este contexto, es urgente la creación de espacios de concertación entre el Gobierno Nacional y los gobiernos locales, en los que participen campesinos, pueblos étnicos y empresarios para definir una agenda sobre la legalización de la propiedad, el uso de la tierra, su sostenibilidad y su producción.

No da espera avanzar en la creación de un Sistema General de Información Catastral, que permita actualizar el catastro y el impuesto predial y al mismo tiempo, que preste a los municipios el apoyo que necesitan para liquidar, cobrar y recaudar esos tributos.

Por otro lado, en relación con lo dispuesto en el Acuerdo Final sobre las víctimas, se reconocen avances pero aún quedan muchos asuntos administrativos por resolver. Específicamente, a los planes de reparación con enfoque territorial les falta más del 80% del cumplimiento de sus metas; siguen ausentes espacios de diálogo y concertación de estos planes con las víctimas y sus organizaciones. Si nos concentramos en las cifras más relevantes, podemos decir que la implementación normativa e institucional del punto de víctimas ha avanzado en un 9,3% y que en lo relacionado con la Unidad para la Búsqueda de Personas Desaparecidas el avance ha sido alrededor del 12%.

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