Por: Luz Enith Castro Otálora y Luz Yesenia Moscoso Ramírez*

Las movilizaciones recientes en todo el país en favor del fortalecimiento de la educación superior pública han contribuido a posicionar nuevamente la educación en la agenda política y ciudadana. Sin embargo, más allá de la coyuntura, sigue vigente la pregunta sobre si realmente estamos avanzando en la comprensión de lo que implica hacer realidad el derecho a la educación y cómo la sociedad en su conjunto es corresponsable en esta tarea.

Una mirada a América Latina nos refleja una realidad común: escuelas rurales alejadas, sin docentes ni directivos, sin condiciones mínimas para el acceso y la permanencia de niños, niñas y jóvenes que en muchos casos abandonan el sistema sin siquiera culminar sus estudios básicos; historias que se repiten e intensifican en regiones con población vulnerable y que evidencian enormes brechas e inequidades.

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Según el Instituto de Estadística de la Unesco, alcanzar la universalización de la enseñanza primaria y secundaria en la población adulta ayudaría a sacar a más de 420 millones de personas de la pobreza. Sin embargo, los acuerdos internacionales y nacionales firmados para garantizar el derecho a la educación no han sido suficientes para avanzar decididamente en el tema, en parte porque históricamente este derecho se ha concebido en términos de acceso a un sistema educativo.

En este sentido, cabe preguntarse qué condiciones se les brindan a los estudiantes para llegar a la escuela, y si cuando llegan a ella aprenden lo que la sociedad y la vida les exigen como ciudadanos. Según Unesco también, cerca de 19 millones de jóvenes, que representan la mitad de los jóvenes en América Latina y el Caribe, no alcanzan los niveles de suficiencia lectora cuando concluyen la educación secundaria. Además, el 62% de los estudiantes de secundaria en América Latina no alcanzan las competencias básicas.

Frente a las brechas entre lo rural y lo urbano, en las zonas urbanas cerca del 60% culmina la secundaria, mientras que en las zonas rurales este porcentaje es menos del 40%. Según el Cima del BID, las brechas más grandes las tienen países como Paraguay, Colombia, Perú, Honduras, El Salvador y, en menor medida, Uruguay, Chile y República Dominicana. Por otro lado, si se miran las desigualdades en términos de nivel socioeconómico, las brechas son todavía mayores: los jóvenes de los niveles altos de todos los países tienen mayores porcentajes de terminación de la secundaria que los de los niveles 1, 2 y 3.

En este sentido, la Red Latinoamericana de Organizaciones de la Sociedad Civil por la Educación (Reduca) lanzó recientemente Aprender es más: hacer realidad el derecho a la educación, estudio que analiza la realidad educativa de 14 países de la región e identifica retos fundamentales como garantizar trayectorias escolares completas, lograr aprendizajes con sentido, potenciar el rol de docentes y directivos, ir más allá de las pruebas estandarizadas y sumar esfuerzos entre actores y sectores.

El documento visibiliza la necesidad urgente de aunar esfuerzos alrededor de este propósito desde una perspectiva integral acerca de lo que implica garantizar el derecho a aprender. Además de considerar los indicadores mínimos del derecho a la educación adoptados por Unesco, tiene en cuenta aspectos determinantes como la garantía de las trayectorias escolares completas, la participación activa de los estudiantes en su proceso educativo y el aprendizaje con sentido y para toda la vida.

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Entender los desafíos compartidos para impulsar decididamente los aprendizajes de todos los estudiantes desde la primera infancia hasta la educación superior nos ayuda a comprender los retos políticos, técnicos y financieros que tenemos en la región y, particularmente en Colombia, aporta elementos valiosos para identificar alianzas que potencien los esfuerzos y recursos para superar las condiciones que perpetúan la desigualdad y la inequidad en nuestro país, para, algún día, hacer realidad  el derecho a la educación.

*Subdirectora de Incidencia y Encargada Temática Reduca en la Fundación Empresarios por la Educación, una organización de la sociedad civil que conecta sueños, proyectos, actores y recursos para contribuir al mejoramiento de la calidad educativa.