Es bien conocido el destino de la rana dentro de una vasija a la que se le aplica progresivo calor. Su primera sensación es de bienestar, como si hubiera salido el sol, pero a medida que aumenta la temperatura, el animalito va perdiendo el sentido, hasta que llega la muerte, si una mano no interviene para sacarla a tiempo.

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Este símil se aplica a la Colombia actual, que se debate en la inmensa charca del derecho colombiano, al que diariamente se le añaden leyes, decretos, sentencias, resoluciones, conceptos, que aumentan la temperatura de esas aguas fétidas. No todos esos actos jurídicos tienen la misma carga térmica, el mismo propósito revolucionario, pero entre tantos sobresalen las continuas violaciones de la Constitución, perpetradas por los órganos que deberían defenderla.

A partir del desconocimiento del resultado del plebiscito, estamos viviendo dentro del golpe de Estado permanente o, como diría el doctor Jesús Vallejo Mejía, en un régimen de facto. En realidad, la Carta ha sido suplantada por un tal “acuerdo final”, que no es tratado internacional ni reforma constitucional ni ley de la República, que fue rechazado por el pueblo, pero birlando todos los postulados internacionales, fue “aprobado” mediante una simple proposición como aquellas con las que “se saluda a un visitante, se discute el orden del día o se une el Congreso a la celebración de las ferias que en el país abundan”, como lo acaba de resumir magistralmente Fernando Londoño Hoyos (junio 2/ 2019).

El increíble resultado de esa seguidilla de gravísimas violaciones de la Constitución es el régimen supraconstitucional que nos rige y maniata al gobierno. Si este no se anula, condena a la República a morir ahogada en el pantano o cloaca de aguas turbulentas y purulentas, donde al calor revolucionario de sus enemigos, se van adormeciendo su conciencia y su capacidad de reacción, porque cada decreto, cada ley, cada nueva sentencia dentro de este “nuevo derecho” torcido, tóxico y delictual aumenta la temperatura que conduce al sopor agobiante y letal de la agonizante democracia.

Ahora una digresión: Para terminar el canal de Panamá, Ferdinand de Lesseps se vio obligado a pagar enormes sobornos, lo que no impidió la quiebra de su compañía. El juge d´instruction le preguntó por qué razón no había acudido a los ministros, y el viejo empresario respondió que ¡eran los ministros quienes exigían los sobornos!

Afortunadamente, el gobierno de Duque, al contrario del anterior, no acostumbra sobornos, pero a quien pregunte por qué no se acude a las “altas cortes” para que cesen las violaciones de la Constitución, habrá que responderle que son precisamente esos pomposos tribunales los que violan sistemáticamente la Carta, las leyes, el derecho internacional y los principios jurídicos fundamentales, teleguiadas para colaborar en la “hoja de ruta” marxista-leninista establecida por Timo y Santos, para conducir el país a un estado castrista.

La concatenación de sentencias inauditas de la JEP, el Consejo de Estado y la Corte Suprema, para resolver en una semana todo lo requerido para que el Honorable Representante Santrich pueda posesionarse no es, desde luego, la más grave violación de todo el derecho, porque está dentro de la línea que sigue la magistratura desde que colaboró en el robo del plebiscito y el establecimiento de todas las normas requeridas para la implementación del AF. Esta actuación es apenas lo que se esperaba desde hace un año; y lo grave es que ya el país empieza a acostumbrarse a la presencia de ese individuo en el Congreso. Así sube un grado más la temperatura…

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Como todos los mecanismos constitucionales y legales para romper la camisa de fuerza tropiezan con las omnipotentes cortes, que se han arrogado el manejo supremo del Estado hasta llegar a afirmar que la Carta es lo que ellas dicen, la República no tiene esperanza distinta de la aparición de un brazo poderoso que la saque a tiempo del hirviente albañal en el que se ahoga.

No hay tiempo para más inútil carreta.

Comentarios:

EDWIN
2019-06-12 09:11:50

Excelente doctor Sanin. ES indudable el interes político de las cortes contrario al espíritu de la constitución y de nuestra democracia. Hay que acabar con ese nefasto suprapoder.

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