Desde la llegada a Colombia de Uber, la aplicación de origen norteamericano que desde 2009 revolucionó el negocio del transporte individual de pasajeros en el ámbito internacional, el debate sobre su legalidad no se ha detenido. Pero como ninguna autoridad ha dicho la última palabra, cada vez son más las opciones que los usuarios tienen para transportarse en vehículos particulares solicitados a través de sus teléfonos inteligentes.

La última en llegar fue inDriver, una aplicación de origen ruso que esta semana fue presentada de manera formal en Medellín, la sexta ciudad de Colombia en la que irrumpe, y cuyos dos mayores factores diferenciadores con respecto a la popular Uber, a la española Cabify o a la griega TaxiBeat (que por ahora solo opera en Bogotá) son que el usuario puede ofertar la tarifa que está dispuesto a pagar y, por otro, que a la aplicación se pueden asociar conductores de taxi como una manera de evitar el rechazo del gremio que, a lo largo y ancho del planeta, ha protestado por lo que considera una indebida intromisión en su negocio.

Si bien, como recuerda el exconcejal de Medellín y experto en transporte Luis Carlos Díaz Mora, las aplicaciones como tal no son ilegales, pues en Colombia se aplica el principio de neutralidad en la red (por lo cual el Ministerio de las TIC ha desestimado reiteradamente los pedidos para bloquearlas) la ilegalidad radica en el servicio que prestan. Y en ese sentido, recientemente la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, en una reunión con taxistas de Manizales, reiteró que estas plataformas no están autorizadas por el Gobierno nacional ni son empresas de transporte, por lo que desde su cartera se insiste en que los municipios hagan operativos para controlarlas.

La nueva oferta

Pero esa permanente amenaza, que en últimas afectaría al conductor y no a la empresa de tecnología que reúne al usuario y al prestador del servicio, y que se ha materializado en numerosas multas a Uber, no ha sido obstáculo para que Colombia sea hoy sede de una guerra abierta entre las aplicaciones por captar el mercado del transporte público individual.

“Tenemos un ambicioso plan de expansión por todo Latinoamérica”, afirma Yegor Fedorov, director de Desarrollo Comercial de inDriver, quien anunció que su empresa planea invertir hasta 2019 unos $50 millones de dólares “para lograr nuestros objetivos en la región”.

“Medellín es una ciudad dinámica e importante para nosotros. Hace poco cruzamos la meta de los dos millones de viajes en Colombia, hecho que habla de la gran aceptación que ha tenido la filosofía de nuestro servicio, dar libertad a conductores y pasajeros para que entre ambos, puedan ponerse de acuerdo y establecer las condiciones de su viaje”, añadió.

En efecto, inDriver, compañía que surgió en Rusia en un grupo de Facebook conformado por personas que quisieron hacer frente a los abusos de los taxistas durante el invierno, llegó al país por Cúcuta, avanzó por Cartagena, Barranquilla, Pereira e Ibagué y aterrizó en Medellín donde ya tiene cuatro mil conductores inscritos, quienes podrán trabajar alrededor de seis meses sin tener que pagar comisión alguna, según Gilberto Arteaga, gerente de operaciones de la compañía.

Debe ser, entonces, un buen negocio. Tanto que su plan es lograr que la mayor parte de sus socios sean taxistas.

Limbo jurídico

“Si alguna actividad es regulada en el país es el transporte”, afirma Luis Carlos Díaz Mora, exconcejal de Medellín y experto en la materia, quien recuerda que la Constitución de 1991 y las normas que la desarrollaron en cuanto a los servicios públicos, dejaron claro que el Estado debe garantizar la prestación del servicio de transporte a los ciudadanos y excepcionalmente prestarlo si no hay particulares que lo hagan. Pero esos particulares “tienen una cantidad de regulaciones, controles y vigilancia de los aspectos relacionados con el servicio”.

Lo malo con las aplicaciones, señala el experto, “es que presten el servicio con cualquier tipo de vehículo y eso le genera al usuario cierta inseguridad”.

Tanto es así que el servicio mediante las aplicaciones es equivalente a la piratería, con la diferencia de que en el país un juez podría tomar la decisión de bloquear las aplicaciones, pero eso no ha pasado.

“Eso hay que regularlo, el caso de México es de estudio. Allá tienen una buena asociación de propietarios de taxis y los de las aplicaciones están tributando de sus ingresos a los taxistas”, añadió Díaz Mora.

Humberto Iglesias, secretario de movilidad de Medellín, no duda en afirmar que el municipio seguirá “haciendo controles contra la informalidad y contra la ilegalidad en las vías de nuestra ciudad” dado que “una de las principales consignas que tiene el alcalde Federico Gutiérrez es la de la cultura de la legalidad”.

“Tenemos varios operativos en la ciudad, puestos de control con Policía, para cada vez tener un impacto mucho mayor”, afirma y recuerda que “las sanciones que se pueden aplicar a una persona que esté prestando el servicio en la ilegalidad pueden llegar hasta la suspensión de la licencia de conducción, un comparendo que tiene un valor de un salario mínimo mensual legal vigente” y la inmovilización del vehículo.

“Lo que decimos es: queremos evitar la ilegalidad y hacemos un llamado a los usuarios del transporte para que prefieran viajar en el transporte formal”, puntualizó Iglesias.

¿Por qué los prefieren?

No deja de ser llamativo que pese a los llamados de las autoridades y de los propios taxistas, los usuarios de las aplicaciones de transporte sean cada vez más.

“Hay deficiencia y mal servicio por el modelo de negocio” de taxi, opina el experto en transporte Luis Carlos Díaz Mora.

Según explica, “el modelo es que al taxista le rentan el carro, tiene que pagarle al dueño la liquidación, la tanqueada y la lavada; entonces el propietario recibe los 70.000 de la liquidación y el conductor se va con 30, 40 o 50 mil pesos o con las manos vacías porque primero es lo del patrón”.

Ahí, continúa, “es donde viene el mal servicio, porque el conductor va a toda velocidad por todas partes, sin respetar señales, tratando de ganarle al tiempo”.

Un paso llamativo en la solución de esta disputa lo dio la Unión Europea en diciembre del año pasado, cuando la Corte de Justicia decidió que Uber debía constituirse como empresa de transporte y obtener una licencia como tal.

En Colombia, mientras tanto, un fallo de la Corte Constitucional de enero pasado no resolvió el vacío legal al no encontrar evidencia de que las aplicaciones vulneraran el derecho al trabajo de los taxistas. Y un proyecto de ley presentado por el anterior Gobierno, se quedó sin trámite en la anterior legislatura.

El único asomo de legalidad es, por ahora, el IVA que las aplicaciones pagan desde julio pasado por cada transacción que realizan.