Tarso y Venecia, en el Suroeste y Tarazá en el Bajo Cauca, serán los primeros tres municipios de Antioquia en los que la Agencia Nacional de Minería (ANM) firmará contratos de concesión especial minera, que beneficiarán de manera directa a 28 mineros tradicionales y de manera indirecta a 112 pobladores de esas subregiones.

El anuncio lo hizo la presidente de la ANM, Silvana Habib Daza, después de que el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, enviara una carta abierta al presidente de la República, Iván Duque Márquez, en la que le solicitó que le entregara al departamento el manejo de las Áreas de Reserva Especial.

Pérez Gutiérrez sustentó su solicitud, entre otras razones, en el hecho de que “la Agencia Nacional de Minería tiene sus amores y sus ojos en los grandes inversionistas y no parece tener interés en estimular las áreas de Reserva Especial, que esencialmente van a proteger a los pobres, a los mineros ancestrales”.

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Según la misiva, fechada el 31 de enero de 2019, en Colombia “se ha legislado para los grandes inversionistas y se ha olvidado cruelmente a los mineros artesanales y ancestrales” sobre quienes, añade, “se sobreponen e instalan las grandes empresas, desplazando de sus trabajos a los pequeños mineros, sin que exista ningún plan social o laboral para reubicarlos dignamente”.

El mandatario seccional añadió que en varias zonas mineras de Antioquia “persiste el arrinconamiento a los mineros ancestrales. En esos territorios llevamos más de un siglo en una guerra social silenciosa, tolerada y ocultada por el Estado” por lo cual, a su juicio, el departamento “necesita más instrumentos para seguir avanzando en pacificar y erradicar la miseria” en los territorios donde “los mineros ancestrales son tratados como delincuentes”.

Con el manejo de las Áreas de Reserva Especial (AREs), enfatiza Pérez Gutiérrez, se podrían organizar los mineros ancestrales en grupos cooperativos y ofrecerles “condiciones dignas de vida y de trabajo, en esas zonas donde muchos no ven diferencia entre lo legal y lo ilegal”.

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Hay que cuidar la figura

Silvana Habib Daza, presidente de la ANM, planteó que el proceso de declaratoria de Áreas de Reserva Especial “debe ser muy riguroso” porque se trata de cuidar la figura y que “se otorgue verdaderamente a mineros tradicionales y no se abuse de la prerrogativa de explotar antes de la obtención del Contrato Especial de Concesión Minera”.

Cabe recordar aquí que si bien la Gobernación de Antioquia cuenta con la delegación de la ANM para la recepción, evaluación y pronunciamiento sobre los trámites de formalización y regularización minera, sigue siendo potestad exclusiva de la Agencia Nacional de Minería (ANM) la delimitación de las Áreas de Reserva Especial a las comunidades mineras tradicionales, lo cual se hace de acuerdo al Código de Minas y a las resoluciones emitidas al respecto y no de acuerdo “a criterios propios”, según Habib Daza.

El cuidado que ha tenido la ANM con esta figura se explica en el hecho de que es uno de los pocos mecanismos de formalización minera con los que cuenta el Estado en la actualidad, debido a que la ley 1382 de 2010, que había concedido un término de dos años para que los mineros tradicionales solicitaran su formalización y se les otorgara un contrato de concesión minera como resultado de un proceso de verificación de la tradicionalidad de sus labores, fue declarada inexequible por la Corte Constitucional.

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Adicionalmente, el Decreto 933 de 2013, que había sido expedido con el ánimo de instaurar los mecanismos para seguir evaluando las solicitudes de formalización radicadas bajo dicha norma, fue demandado ante el Consejo de Estado en mayo de 2015. Al aceptar la demanda de nulidad, dicho tribunal determinó, a título de medida cautelar, suspender provisionalmente los efectos del Decreto hasta tanto se resolviera de fondo sobre su legalidad.

“Mientras el Decreto se encuentre suspendido, la Autoridad Minera no podrá resolver ninguna de las solicitudes de formalización de minería tradicional que se encuentran en estudio y verificación de la tradicionalidad de los trabajos mineros, fundamentado en el Decreto mencionado”, explicó la ANM.

De modo que, a partir de la medida de suspensión del Decreto 933 de 2013, y como resultado de la inexistencia de otros mecanismos de formalización, las comunidades mineras han recurrido a la solicitud de Áreas de Reserva Especial como una alternativa.

En el esfuerzo por desarrollar esta figura de formalización minera “se han realizado alianzas estratégicas y se ha trabajado bajo la dirección del Ministerio de Minas y Energía y de la mano de gobiernos departamentales como el de Antioquia, cooperación Internacional, entre otras, buscando siempre que las comunidades cumplan con los estándares técnicos, ambientales, y de seguridad e higiene minera, entre otros”, añadió Habib Daza, quien enfatizó en que “debe primar el uso responsable de los recursos del Estado, la retribución a los colombianos, y la vida de quienes trabajan en el oficio minero”.

Cabe recordar que entre los programas de regularización y formalización de mineros tradicionales, también se encuentran los Subcontratos de Formalización Minera, figura que se ha aplicado con éxito en Antioquia, especialmente en los municipios de Buriticá, Segovia y Remedios.

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Antioquia y las AREs

La ley 685 de 2001 define las Áreas de Reserva Especial como zonas donde existen explotaciones tradicionales de minería informal y que, por solicitud de una comunidad minera, se delimitan de manera que, temporalmente, no se admitan nuevas propuestas sobre todos o algunos de los minerales ubicados en dichas zonas.

El propósito de la figura es establecer la factibilidad del desarrollo de un proyecto minero por parte de la comunidad y, de ser favorable, otorgar un Contrato de Concesión Minero a favor de dicha comunidad.

Así pues, las comunidades mineras conformadas por personas vecinas del lugar de reserva desde antes de la entrada en vigor de la Ley 685 de 2001 y las explotaciones sin título minero inscrito en el Registro Minero Nacional y que, por sus características socioeconómicas, se constituyen en la principal fuente de abastecimiento regional de los minerales extraídos, pueden ser beneficiarias de las AREs.

Tras la declaración de un Área de Reserva Especial y por un lapso de dos años, la ANM apoya con recursos propios la elaboración de los estudios geológico-mineros que sirven como base para la elaboración del Programa del Trabajos y Obras que las comunidades deben entregar como requisito para la firma del Contrato de Concesión Minera.

En Antioquia son siete las AREs declaradas, de las cuáles las tres señaladas al comienzo recibirán el Contrato de Concesión en los próximos días. En el país, hasta el 31 de diciembre pasado, eran 103 las AREs declaradas.

Venecia, Caucasia, Sonsón, Tarazá, Cáceres y Tarso son los municipios que albergan tales Áreas, en las cuales se explotarían carbón, materiales de arrastre, oro y caliza.

“Es importante mencionar que los títulos mineros de Antioquia representan el 18% del total de país, mientras que las AREs otorgadas en Antioquia son el 7% del total nacional, cifras que evidencian la preponderancia y trascendencia de la figura de la formalización en este departamento”, según Silvana Habib Daza, presidente de la ANM.

Pero esas siete áreas declaradas son apenas un pequeño porcentaje frente a las 76 solicitudes de AREs que se han solicitado desde 2016 y que equivalen al 24% de las solicitudes totales del país.

Según datos de la ANM, el 71% de ellas corresponden a solicitudes para la explotación de oro y metales preciosos, el 13% para materiales de construcción, el 5% para la explotación de carbón y el 10% para otros minerales. Entre los municipios vinculados con estás solicitudes están también Buriticá, Cáceres, San Rafael, Anorí, Remedios y Amagá.