Ademinas, asociación que reúne egresados de la principal escuela de ingeniería del país, me solicita unas palabras sobre el tema de la corrupción que está desfigurando el país.

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En efecto, la corrupción, escasa en los años de nuestra formación, ahora es endémica. Para la generalidad de las personas todavía, afortunadamente, constituye motivo de preocupación permanente, pero al mismo tiempo, una creciente parte de la sociedad se ha enseñado a pensar que la corrupción está tan generalizada en el mundo de hoy, que no vale la pena preocuparse por ella, que es inevitable.

De ahí a pensar que hay que actuar como los corruptos, so pena de no prosperar, hay solamente el cínico paso que tantos políticos, jueces, comunicadores y empresarios, han dado. Consecuencia de esta adaptación es la amplísima audiencia y seguimiento que tienen dirigentes corruptos, personajes que sin el menor rechazo continúan vigentes en las primeras filas de la vida nacional.

La cuarta acepción en el DRAE, “En las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas, en provecho económico o de otra índole, de sus gestores”, es una magistral definición. Vale la pena detenerse en ella, porque insistiendo en aquello del “provecho económico”, se pasan por alto los provechos “de otra índole”, y se soslaya el hecho de que en la empresa privada abunda también el aprovechamiento indebido para obtener proventos de clientes, proveedores o banqueros…

Ahora bien, actualmente en la política colombiana es imperativo un enérgico discurso anticorrupción. Sin embargo, a las personas que tienen autoridad moral para pronunciarlo, se une una caterva de personajes reconocidamente inmorales, que para mantener su audiencia hacen las peroratas más vociferantes. Esta algarabía, en vez de ser rechazada por su origen torcido, está acabando de convencer a muchos de que ya se pasó el punto de no retorno, que hasta los peores políticos reconocen y censuran; y que el país nada, sin remedio, en un mar de chanchullos, coimas, peculados y prevaricatos.

Cada año, rutinariamente, se dictan nuevos estatutos anticorrupción, dando origen a una montaña legislativa, jurisprudencial y reglamentaria copiosa e inútil, porque “hecha la ley, hecha la trampa”, de tal manera que puede decirse que, a más legislación, mayor corrupción. Un hábil y bien remunerado ejército de rábulas y de contadores oscurecen de tal manera los negocios, que es imposible entender los sofisticados mecanismos para la apropiación indebida, aunque no sea posible ocultar el desmedro de los servicios ni la prosperidad de los gestores.

He escrito, una y otra vez, que la lucha contra la corrupción no es un problema legal sino moral. Nada nos ganamos con leyes, si no somos capaces de llenar concejos, asambleas, congreso, juzgados y oficinas públicas, con personas honestas. (Y en esto de la honestidad, se es o no se es, porque no hay gente “muy honesta”). Me dirán que estoy pidiendo peras al olmo, porque los partidos políticos no van a cambiar, que ahora han llegado a un estado tal, que les impide llevar a la administración y a la judicatura personas íntegras.

Este derrotismo es aterrador, porque en toda sociedad llega un momento cuando rebosa la copa y el pueblo, hastiado, entrega el Estado a un falso moralizador, al Robespierre, al Lenin, al Chávez, o a similares, que es lo que espera a Colombia, si seguimos sometidos a la dictadura judicial alcahueta, y marchando hacia el narcoestado, que no estamos combatiendo y que es la peor manifestación conocida de la corrupción.

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Esta reflexión nos debe llevar a la conclusión de que, aunque nos sentimos impotentes porque la lucha es bien difícil, cada una de nuestras actuaciones debe ser ajustada a las más estrictas exigencias morales. Solo una mayoría de ciudadanos correctos puede cambiar el rumbo del país. Aun si no surge el líder providencial que el país anhela, siempre debemos guiarnos por el ideal insuperable de “Trabajo y rectitud”, que preside los claustros de la Escuela de Minas y es válida para todos los ciudadanos.

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No solo es corrupción dilapidar los recursos monetarios y físicos para obtener provecho personal o político. Gastar un año entero para producir 148 páginas de paja jurídica en favor de un narcoterrorista también lo es, y agravada con prevaricato y usurpación de funciones. ¡De igual manera, es corrupción tolerar esa jurisdicción paracriminal dentro del Estado!