Sigamos reflexionando sobre los impactos económicos, sociales y  políticos del covid-19 en nuestro subcontinente y en particular en Colombia, pero sobre todo interesa mirar alternativas que permitan visualizar salidas ante la crisis, o por lo menos mitigación de los impactos sobre la población más vulnerable.

Un informe  de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) de principios del pasado mes de abril, titulado “América Latina y el Caribe ante la pandemia del COVID-19: efectos económicos y sociales”, aborda la coyuntura, los escenarios y las proyecciones hacia 2030 ante la presente crisis pandémica global, junto con recomendaciones sobre acciones de políticas públicas para contrarrestar sus consecuencias, en diversos escenarios. Según la Comisión, América Latina y el Caribe (AL y C) enfrentan la pandemia desde una posición más débil que la del resto del mundo, ya que sin covid-19 en el corriente año la región apenas hubiera crecido un máximo de apenas 1,3%; sin embargo la crisis ha llevado a revisar esa previsión a la baja y pronosticar una caída del PIB de al menos -1,8%, aunque podría llegar a contracciones entre -3% y -4%, o incluso mayores. El impacto económico final dependerá de las medidas que se tomen a nivel nacional, regional y global, advierte Cepal.

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Además de los efectos económicos directos en los sistemas de salud y las tasas de mortalidad, la crisis del covid-19 tendrá efectos indirectos, que se materializarán por el lado de la oferta y la demanda en la economía regional. Entre los efectos directos se cuenta el impacto sobre los sistemas de salud, cuya infraestructura es insuficiente para enfrentar las demandas generadas por la pandemia. Los efectos indirectos de la crisis ya se están sintiendo en la región: 1) Disminución de la actividad económica de sus principales socios comerciales; 2) caída de los precios de los productos primarios; 3) interrupción de las cadenas globales de valor; 4) menor demanda de servicios al turismo; 5) reducción de las remesas y 6) intensificación de la aversión al riesgo y el empeoramiento de las condiciones financieras mundiales. Cepal prevé que el valor de las exportaciones de la región en 2020 caerá por lo menos en un 10,7%, debido a la disminución de los precios de los bienes transados y a la contracción en la demanda agregada global.

La calificadora Standard and Poor's (S&P) a finales del pasado  marzo previó que cada mes de cuarentena en AL  disminuye el crecimiento del PIB anual entre un 1,5% y un 2%, pero  ahora, un mes más tarde, el nivel de contracción se ubica más cerca del 3 por ciento, “debido a la severidad de la desaceleración del consumo en el gasto discrecional y servicios, así como el freno a las inversiones”,  y además agrega que “el segundo trimestre del corriente año será el peor de la crisis relacionada con el covid-19 para las economías latinoamericanas, ya que es probable que se mantengan la mayoría de las (..) políticas de distanciamiento social, no sólo en la región, sino también entre sus socios comerciales claves”. En este contexto S&P  advierte que habrá una recuperación desigual en los países de la región. Las recuperaciones más fuertes se darían en Chile y Perú, debido a la combinación de políticas más efectivas para contener el brote y robustas respuestas económicas, que ayudarán a reparar más rápido el daño al mercado laboral y a las dinámicas de inversión. El proceso de recuperación en Colombia será más lento, aunque más rápido que en Méjico, Brasil y Argentina. Venezuela es caso más dramático de la región, país donde, según  el Programa Mundial de Alimentos, vendrá una gran hambruna.

Para nuestro país, Cepal pronostica una caída en el PIB del 2.6%, mientras que para el Fondo Monetario Internacional (FMI) la caída se  será del 2,4%, del 2% para el Banco Interamericano de Desarrollo, del 2,7% para Anif, del 1,6% para el Gobierno Nacional y del 0,5% para Fedesarrollo. Por otro aspecto, según el Dane, de 22,2 millones de trabajadores ocupados en 2019, 9,4 millones eran trabajadores por cuenta propia, de los cuales un 82,2% eran informales, para quienes la crisis la pandemia ya empezó a generar las más graves afectaciones.

No obstante lo anterior, la recuperación podrá traer oportunidades para AL y en especial para Colombia, uno de los países  con mayor biodiversidad, y a su vez  más vulnerable al Cambio Global. La directora del FMI, Kristalina Georgieva, hace poco abogó a favor de que la recuperación tras la crisis por el coronavirus sea respetuosa con los ecosistemas: "Si queremos que esta recuperación sea sostenible, si nuestro mundo debe transformarse para ser más resiliente, entonces tenemos que hacer todo lo que podamos para promover una 'recuperación verde'", en suma una recuperación respetuosa con los ecosistemas, enmarcada dentro de las políticas de desarrollo sostenible.

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Para Colombia el proceso de recuperación, tal como lo plantea el FMI, será también una oportunidad para fortalecer la pequeña agricultura campesina y empresarial a mediana escala, que ayude a mitigar la hambruna que sufrirá la población marginada y los sectores más pobres del país. Para desarrollar una propuesta que permita impulsar políticas públicas de apoyo a la economía campesina, me basaré  en un documento, preparado especialmente para este nuestro propósito, por el economista y amigo Absalón Machado, uno de los más reconocidos expertos en los temas relacionados con el agro colombiano.

Según la Universidad de la Salle, la agricultura familiar aporta el 63% del valor total de la producción agrícola nacional y contribuye con el 32% de los alimentos que consumimos los colombianos. Sin embargo, nuestro campesinado no ha contado con la atención gubernamental que merece como motor estratégico de la economía nacional. Nuestro principal sistema productor de alimentos se caracteriza por su vulnerabilidad estructural, tal como lo indican los siguientes hechos: 1) La precariedad de recursos productivos, especialmente lo relativo al crédito, la propiedad de la tierra y buena calidad del suelo laborable; 2) un mercado dominado por intermediarios; 3) insuficiente oferta de bienes públicos rurales, tales como vías terciarias para transportar su producción hasta los mercados; 4) una débil organización social donde pululan el individualismo, los conflictos y la violencia; 5) una población urbana que prefiere alimentos importados, en su mayoría procesados y 6) insuficiente institucionalidad en políticas públicas, que remuevan los  factores del atraso rural.

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La pregunta, entonces, es ¿cómo fortalecer el sector rural y el sistema alimentario para mitigar la actual crisis?  Se consideran cinco acciones concretas para fortalecer la producción de alimentos de las economías familiares y de pequeña escala, y al mismo tiempo saldar la deuda social, económica y ambiental con la ruralidad colombiana, a saber 1. Escalar los vínculos directos entre productores y consumidores de las ciudades, mediante alianzas estratégicas y entre asociaciones y grupos de productores con organizaciones de consumidores en las ciudades, proceso este que debe contar con el apoyo de las instituciones gubernamentales y público-privadas. 2. Poner en marcha programas ya formulados, pero desatendidos por los gobiernos, entre los que se destacan las propuestas de Desarrollo Rural Integral de la Misión Rural y, en especial, las políticas para el sector rural derivadas de los Acuerdos de la Habana. 3. Frenar, mediante el cumplimiento de los POTS, la invasión de los urbanizadores a predios productivos situados alrededor de las grandes ciudades y áreas conurbanas. 4. Promover y poner en marcha planes de seguridad alimentaria en el orden departamental y municipal, e impulsar la generación de empleos diversos en las áreas rurales. 5. Fortalecer y ampliar los programas de compras públicas de alimentos a las economías campesinas,  por parte de ICBF, Ejército, Policía, etc.

P.S: Dieciocho asociaciones nacionales de campesinos, encabezadas por ANUC, a las que suman más de 100 organizaciones regionales de pequeños agricultores, acaban de divulgar un comunicado titulado "La alimentación de todos los colombianos y colombianas está en las manos de los campesinos y campesinas de Colombia". Es necesario que el gobierno nacional atienda este llamado.