Aunque con una aparente calma sectorial, el 2018 se terminará dejando pendientes de ser tratados algunos temas, que muy seguramente estarán en la agenda sectorial durante el 2019, y en algunos casos durante varios años; esos temas son:

En primer lugar, aún quedan pendientes por establecerse las causas y eventuales responsabilidades derivadas de la contingencia presentada en Hidroituango; ojalá las investigaciones sobre el tema dejen claro en el menor tiempo posible toda la verdad, para que un asunto tan grave como ese no quede pendiente en el tiempo, y además para que ese tipo de hechos no vuelvan a registrarse.

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En segundo lugar, se encuentra el tema relativo a la reglamentación del derecho fundamental de acceso al mínimo vital de agua potable y saneamiento básico, y el establecimiento del sistema de financiación que garantice que el Estado, cumplirá el deber social consagrado en el artículo 365 de la Constitución, sin que ello llegue a afectar la sostenibilidad del sistema. Sin duda se trata de un asunto que no da espera y no es justo que los usuarios tengan que recurrir a los jueces, no obstante, el carácter obligatorio del precedente y que la doctrina constitucional es abundante.

En tercer lugar, el establecimiento del régimen de protección de los usuarios de servicios domiciliarios, y la reglamentación detallada del debido proceso administrativo, que las empresas deben aplicar en los casos en que por una u otra razón decida suspender el servicio, o tomar cualquier otra decisión con la que se afecten derechos de los usuarios.

En cuarto lugar, las modificaciones sustanciales en el objeto de las empresas, para adecuarlas a las nuevas realidades, de tal manera que los prestadores de servicios puedan ampliar su portafolio e integrar la prestación de servicios públicos domiciliarios, con otros tipos de servicios, como son los denominados ambientales.

En quinto lugar, la transformación en el sistema de controles, con el fin de que los mismos se tecnifiquen y tengan una verdadera utilidad en la protección de los derechos colectivos, el patrimonio público y los derechos de los usuarios. En materia de control el tema se ha activado, no solo por la presentación de una reforma constitucional en materia de control fiscal, sino, porque la Corte Constitucional de un lado, en la sentencia C-099-18, terminó con la revisión de constitucionalidad del nuevo estatuto disciplinario, y del otro porque en la sentencia C-092-18 declaró inexequible el incremento del valor de las multas que la Superintendencia de Servicios Públicos puede imponerles a los prestadores de servicios.

En sexto lugar, la promoción y masificación de la aplicación de esquemas diferenciales en la prestación de servicios domiciliarios, con el fin de promover la ampliación de coberturas y el mejoramiento en la prestación de los servicios, en zonas periféricas de grandes ciudades o en las zonas rurales.

En séptimo lugar, se impone una revisión a fondo del estudio y aplicación del régimen especial de los servicios públicos, pues esta disciplina no puede seguir siendo entendida como un capítulo del derecho de los negocios, sino que su estudio debe reorientar el rumbo y ello implica que los estudiosos del tema, se dediquen sustancialmente al estudio conjunto del régimen de los servicios, el derecho ambiental, el urbano y a la protección individual y colectiva de los derechos fundamentales.

Finalmente se requiere de una amplia campaña de pedagogía del régimen jurídico especial aplicable a los servicios públicos y las entidades que los prestan, con el fin de multiplicar la existencia de los comités de desarrollo y control social, y que todos los usuarios conozcan sus derechos y los mecanismos de protección de los mismos, en especial, la presentación de peticiones, quejas y recursos, y la instauración de la acción de tutela en casos especiales.

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Ojalá que los actuales gobiernos tanto nacional, como territorial y los organismos de control sean conscientes del momento que vive el sector, para que establezcan unas prioridades que ordenadamente les permita ir atendiendo la problemática planteada.