El proceso “de paz” con las Farc enfrenta incertidumbres causadas por incumplimientos y equívocos de sus protagonistas que nos exigen encender las alarmas, aunque sólo nos sirva para no llevar el peso de conciencia de ser cómplices del silencio que se exige a la ciudadanía. 

La última alarma fue encendida por la DEA, en el informe Evaluación nacional de la amenaza de las drogas, divulgado esta semana y accesible en el sitio https://goo.gl/WmgTud. Este explica que los carteles mexicanos controlan el comercio de drogas a Estados Unidos, por lo que son intermediarios ineludibles, y confirma que las bandas los rastrojos, del golfo (antiguo úsuga) y Farc, envían miles de toneladas de cocaína y crecientes cantidades de heroína a través de rutas marítimas que controlan. Indica que los cabecillas del narcotráfico de las Farc son los alias joaquín gómez, fabián ramírez y el médico, negociadores del Acuerdo de La Habana. Este preocupante informe es coherente con las denuncias del fiscal Néstor Humberto Martínez sobre la abulia del Consejo de Estupefacientes para definir una política contra los cultivos ilícitos y por el aumento de “deserciones” de hombres que se suman al narcotráfico, como se confirmó en Tumaco, Nariño, y el Catatumbo, Norte de Santander; hechos semejantes fueron denunciados por el alcalde del agobiado municipio de Ituango. Dado que el narcotráfico es el combustible de la violencia, la pervivencia de las Farc en ese negocio representa que está lejos el cese sus actividades criminales y la violencia que ellas implican, promesa sobre la que se exigió a la ciudadanía sacrificar ideales y valores en aras del Acuerdo final.

Colombia ha ofrendado vidas de líderes políticos y de activistas a las organizaciones extremistas que mezclan política y armas. Del proceso en curso se afirmó, y se presionó a quienes tenían sólidas razones para la desconfianza, que se justificaba en que las Farc se comprometían a abandonar las armas para ingresar a la actividad política legal; muchos colombianos apostaron a esa posibilidad. Muchas sombras crecen en torno al compromiso. En el Tolima, los alcaldes de Alpujarra, Honda, Chaparral, Herveo, Dolores y Coello, han denunciado amenazas, que atribuyen a grupos de las Farc, por sus acciones contra el narcotráfico. Y en cortas declaraciones, directivos de la Federación Nacional de Municipios se han declarado en alerta porque las Farc comienzan a convocar reuniones partidistas en las que ellos, estando armados, atacan la labor de los mandatarios. Activistas de Derechos Humanos han denunciado amenazas o presiones a campesinos para que se presenten como desmovilizados de las Farc, máscara posible dada la ausencia de datos recientes, y fiables que confirmen que ese grupo hoy no tiene 6.000 militantes. Estas víctimas prefieren callar o apenas se expresan, por temor a la persecución directa o los efectos de la propaganda en su contra, dirigida por el Gobierno y sus aliados mediáticos.

Mientras el Gobierno idea formas para burlar la Constitución y ofrecer blindajes al Acuerdo que ganen la confianza de las Farc, poco o nada hace o se le exige a este grupo para ganarse la confianza de los colombianos. De máxima gravedad son las declaraciones en que “juran” no tener secuestrados, negando a las familias el derecho a conocer la suerte de 704 secuestrados, entre civiles que también están registrados ante la Cicr, y soldados y policías plagiados cuando trabajaban protegiendo a los colombianos. La preocupante falencia en esta materia motivó la alerta del Consejo de política social y equidad de Antioquia, que en carta encabezada por el gobernador Luis Pérez pidió al presidente “información oficial sobre los niños, niñas y adolescentes que se van a recibir de las Farc, cuál va a ser la estrategia para incorporarlos a la civilidad y quién se va a encargar de estas tareas”. Su voz recoge la preocupación de los defensores de infantes y adolescentes en el país. 

Ante la emergencia de riesgos inocultables, la propaganda oficial amenaza a quienes en el plebiscito exigieron renegociar acuerdos que debilitaban la Constitución y las instituciones, así como presiona a la Corte Constitucional para que se pronuncie sobre el Acto legislativo para la paz atendiendo el interés del Gobierno. Insistentes, tantas presiones no ocultan que si el proceso fracasa, la responsabilidad es de un Gobierno que, por buscar la paz, no supo defender el Estado frente a una organización victoriosa tras hacer las menores renuncias posibles a su causa, entre las cuales no están la violencia y la criminalidad asociadas a la minería ilegal y el narcotráfico.