Tras una decisión del Tribunal Superior de Cundinamarca, la venta de Medimás quedó supeditada al fallo de fondo que se emita como respuesta a la acción popular interpuesta por Jorge Robledo y José Roberto Acosta como defensa de los derechos de los usuarios de esta EPS.
El Tribunal Superior de Cundinamarca le ordenó a la agente liquidadora de Saludcoop y Cafesalud suspender las negociaciones que adelantaban con la firma estadounidense Dynamic Business & Medical Solutions para la venta de la EPS Medimás hasta que se resuelva la acción popular que interpusieron el senador Jorge Robledo y el abogado y economista José Roberto Acosta, en la que también participó la Procuraduría General de la Nación, pidiendo detener la venta de Medimás “hasta tanto no se cumpla una serie de requisitos que garanticen que los problemas de la salud de la gente se van a atender debidamente”.
Igualmente se le ordenó a la Superintendencia de Salud no autorizar la cesión de las acciones de Medimás a la compañía estadounidense.
Esta medida cautelar de urgencia fue aplaudida por el senador Robledo, quien en sus redes sociales expresó que “es un éxito bien importante que el Tribunal nos haya concedido la razón y le haya ordenado a la Superintendencia de Salud detener cualquier negocio que no de las garantías suficientes. Vale la prueba mencionar que esta es otra prueba más de que cuando se reclama y se dan argumentos y razones pueden aparecer medidas que atiendan las necesidades de la gente, especialmente en el sistema de salud donde hay tantos problemas y necesidades”.
El abogado y analista José Roberto Acosta fue consultado por EL MUNDO y explicó los detalles de lo que ha sido realmente la situación de Medimás y de por qué él y el senador han luchado para frenar la venta y velar porque los derechos de los más de 4 millones de usuarios no sean perjudicados.
El también economista detalló que “la venta de Medimás sólo son especulaciones. Todo parte de una oferta comercial de un mexicano de origen libanés que pone sobre la mesa una oferta de 300 millones de dólares a consideración de la directiva, ahora de Saludcoop, que en últimas viene siendo la dueña de lo que sería el negocio que viene de atrás entre Cafesalud y Medimás”.
Esa oferta comercial, “que terminó calentándose por el dicho de los propios dueños de Medimás de que estaban ad portas de venderse o de cerrar negocio con este comprador, empezó a preocupar, por eso la precipitud con la que empezamos a actuar, que quien compra no tenga la experiencia y el manejo que le diera continuidad a un servicio público esencial y derecho fundamental como es el de la salud para 4.200.000 afiliados de Medimás”.
Según Acosta, “la oferta se hizo pública después de que ya la habían hecho un tiempo atrás, el 28 de diciembre. Desafortunadamente el ministro de Salud, Juan Pablo Uribe, dijo que no tenía idea, que había escuchado algo, pero que eso era un tema de privados, ahí arrancó todo. Cuando él dijo que era un tema de privados, el senador Jorge Robledo y yo le dijimos no, que aquí el objeto del negocio es un objeto público, porque es realmente los cuatro billones de pesos que se giran del Adress (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud) de unidad por capitación de sus afiliados y además de la vida de los afiliados, lo que se pone en riesgo, desde el punto de vista de jurisdicción en lo administrativo, es dineros públicos y por tanto es fundamental que la Procuraduría y la Contraloría, como lo han venido haciendo, pongan las alertas respetivas y obliguen al Superintendente de Salud y al Ministro a poner también estas alertas”.
Medimás tiene varias deudas por cerca de $300.000 millones con el régimen contributivo y subsidiado. Foto: Geraldine González - María Fernanda Múnera
¿Qué es lo que preocupa?, “que esta operación de compraventa sea simplemente una fachada para lavar la cara de Medimás y jurídicamente proteger de sanciones a esta por cuenta de un tercero comprador que se autocalifique o alegue la buena fe que, desde el ambiente comercial, termina blindando al nuevo comprador y dejando cualquier controversia jurídica entre Medimás y el Estado, dejándola en el limbo. Entonces más que un negocio sería una maniobra jurídica para despistar a las autoridades de control del Estado del seguimiento que la ciudadanía, en cabeza del senador Jorge Robledo y mía, hemos venido haciendo sobre el manejo irregular en cumplimientos de Medimás”, afirmó José Roberto.
El abogado le manifestó a este medio que “hace un año y medio, desde junio de 2017, junto con el senador Robledo interpusimos una acción popular, solicitando al Tribunal que echara para atrás o por lo menos suspendiera la venta o el negocio de venta de activos de Cafesalud a Medimás, por considerar que no se cumplían los requisitos de prestación de servicios y de solvencia financiera por parte de los compradores. Tan es así que logramos suspender por un mes o dos meses la venta, pero una vez se reactivó por parte del Tribunal y se levantó la medida cautelar que en ese momento solicitamos, se terminó concretando para que Medimás arrancara su operación el 1° de agosto de 2017. Desde ese día hasta hoy, en repetidas ocasiones, le pusimos a consideración a la magistrada información contundente y pruebas fehacientes de que lo advertido desde el principio de las irregularidades de Medimás y el riesgo de los usuarios era no una sospecha sino una realidad”.
Esta acción popular, confirmó Acosta, se siguió desarrollando, “y estamos ad portas de tener un fallo de la magistrada, por eso en el documento en el que suspende la venta de Medimás advierte que hasta que no haya un fallo del tribunal no se puede adelantar ninguna venta, que en esa parte tiene que hacerse caso a la medida cautelar de suspender cualquier proceso y no se puede permitir perfeccionamiento de una compraventa”, es decir que “es dentro de la acción popular, que ya lleva año y medio de litigio en el Tribunal Superior de Cundinamarca, que nosotros solicitamos medida cautelar de urgencia, pidiendo frenar la venta y el Tribunal nos acepta esa medida, que no se levantará hasta que no haya un fallo de fondo, respecto a la acción popular que se ha venido adelantando”.
Si se hiciera caso omiso a la orden administrativa del alto tribunal, “estarían incurriendo en delito de desacato y los representantes legales deberían responder con su propio patrimonio cualquier detrimento del erario público o perjuicio que se le cause a los afiliados o usuarios de Medimás, porque una medida cautelar lo que procura es evitar daños y si estos se dan posteriores por cuenta de ignorar la medida serán responsables de esos daños y de las respectivas indemnizaciones los que desacaten la misma”, explicó.
Para el abogado, este “ha sido un proceso arduo y desgastante, pero se hizo un buen trabajo para recaudar las suficientes pruebas que le den idea a la magistrada de que lo que advertimos desde el principio se dio, el incumplimiento en todo aspecto de los compradores de Medimás”.
Lo único que Acosta y Robledo quieren es, como lo afirmó este último en diálogo con un medio radial, “que ese o cualquier negocio sólo se ejecute y se cierre cuando el país, a través de sus instituciones, tenga las garantías suficientes de que las cosas se van a hacer como deben ser, que va a haber certeza de que quien va a adquirir tenga la capacidad financiera y técnica para hacerlo, que a los pacientes les van a mejorar sus condiciones, que a los trabajadores les van a pagar lo que les deben y les van a seguir pagando, que a un sector grande de proveedores de todo tipo de servicios a Medimás les van a pagar lo que les adeudan, igualmente que las viejas IPS de Saludcoop y Cafesalud. Cuando esto esté claro que se haga el negocio, que no es un negocio de privados”.
Días atrás el contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba Larrarte, puso en conocimiento del procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, las comunicaciones donde el organismo de control le ha indicaba a la Superintendencia de Salud que hiciera seguimiento a las condiciones en que se adelantaría una posible compra de la EPS Medimás y, además, que tuviera en cuenta la crítica situación financiera que sigue mostrando la misma.
En el tema de un posible negocio de venta por Medimás, la Contraloría “considera necesario que previamente se evalúen las condiciones del servicio y la procedencia de fondos. Y lo más importante es que se tomen las medidas necesarias para garantizar la continuidad y eficiente calidad del servicio de salud a todos los usuarios y afiliados a la EPS Medimás”, señaló el vicecontralor Ricardo Rodrígez Yee.
Hasta el momento, sobre la empresa interesada en la compra de Medimás sólo se conoce el interés de compra y no se tiene claridad sobre los socios y estado financiero de la firma. Foto: Geraldine González - María Fernanda Múnera
En esta comunicación, la Contraloría destacó la preocupante situación financiera que sigue mostrando Medimás: “(…) Sigue siendo crítica y preocupante la situación financiera de la EPS, así quedó establecido por el último informe de seguimiento con corte al 31 de octubre de 2018 presentado por el Contralor con funciones de revisoría fiscal designado por la Superintendencia Nacional de Salud, en el que concluye que “el patrimonio de la EPS se ha venido degradando en forma ostensible*, toda vez que registra activos totales de $1.949.243 millones de pesos, pasivos totales por $2.127.314 millones de pesos y patrimonio negativo por -$178.071 millones (…)”.
El pasado viernes se conoció que la Procuraduría abrió investigación disciplinaria al representante legal de Medimás, Néstor Orlando Arenas Fonseca, y su antecesor Hernán Alfonso Briceño, por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos del sistema de salud.
Las investigaciones, que están relacionadas con inconsistencias contables y financieras, también vinculan a los miembros de la Junta Directiva de la EPS: Jorge Eugenio Gómez Cusnir, Mauricio Arturo García Ortiz, María Inés Agudelo Valencia, Felipe Baptiste Liévano, Jesús María Ballesteros y Blanca Elvira Cajigas de Acosta.
Así mismo, se investiga si la EPS podría haber utilizado recursos destinados a la prestación de servicios de salud para el pago de gastos administrativos, algunos de los cuales no tendrían sustento legal, como millonarias bonificaciones y honorarios. Otros gastos inexplicados, habrían sido autorizados y pagados sin la auditoría a sus soportes contables, lo cual podría haber ocasionado la desviación de los recursos públicos destinados a la prestación del servicio de salud a sus afiliados.
Dentro del proceso también se encuentran hallazgos relacionados con el presunto giro de cuantiosos anticipos a IPS de sus propios accionistas y el pago de facturas con sobrecostos a varios proveedores.
Frente a la información difundida desde hace varios días sobre una posible venta de Medimás, el Ministerio de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud y la Superintendencia de Sociedades, dieron a conocer un comunicado esta semana en el que manifestaron que “la prioridad del Gobierno es garantizar y proteger el derecho a la salud de todos los colombianos y velar por el buen uso de los recursos públicos disponibles para tal fin y, por lo tanto, actuará en consecuencia. Igualmente, velará por los derechos de los usuarios, los trabajadores y el cumplimiento con las obligaciones frente a prestadores de servicios y proveedores”.
Además aseguraron que “a la fecha no existe ninguna oferta comercial en firme relacionada con esta posible venta, tan solo una carta de intención entregada a la agente liquidadora de Saludcoop, la cual no cumple con las formalidades ni cuenta con los debidos soportes para la realización de una debida diligencia y una eventual transacción que garantice el derecho fundamental a la salud de los colombianos”.
Igualmente expresaron que han realizado diversas investigaciones para identificar a los inversionistas interesados, que en caso de formalizarse una oferta el Gobierno garantizará la transparencia y el control de la venta, que se han desarrollado acciones preventivas de forma permanente y continuará frente a cualquier oferta y que Medimás está sometida a medida de vigilancia especial por parte de la Supersalud.