Los más representativos, y perseguidos, partidos y dirigentes de la oposición venezolana: Vente Venezuela, con María Corina Machado; Voluntad Popular, con Leopoldo López; Primero Justicia, con Henrique Capriles, y Acción Democrática, con Henry Ramos Allup, han dado un paso trascendental en su aguerrida defensa de la amenazada democracia de su país. Para su avance, arriesgaron sus derechos y renunciaron al escaso poder real que les quedaba en aquellas alcaldías que ejercían, a pesar de la persecución del chavismo. Su victoria es simbólica, pero no írrita, pues está representada en la abstención del 52,7% de los venezolanos en las elecciones municipales realizadas el pasado domingo 10 de diciembre.

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El salto de la oposición es amplio frente a la última abstención en elecciones de alcaldes, en 2013, entonces lo ausentes fueron el 41,6% de los inscritos. Y es significativamente mayor si se consideran las condiciones adversas en que fue lograda, las ya conocidas de censura a los medios de comunicación y ataque a los dirigentes opositores, y las poco denunciadas, pero no por ello inexistentes, de abuso de los medios y bienes públicos para conseguir votantes, mediante la oferta de dádivas a quienes certificaran la participación electoral, e impulsar a los candidatos chavistas, a través de la publicidad hasta en espacios gubernamentales y de presiones de los comandos chavistas en las localidades.

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El descaro en el manejo abusivo de los “carnets de la patria”, en el uso del “voto asistido” y en el control barrial por los comandos, punta de lanza de los fraudes del chavismo, ocurre a la vista y con el silencio de todos, gracias a la censura y a la complicidad de la observación electoral de bolsillo, a cargo de la Comisión de expertos electorales, que Hugo Chávez creó en 2002 para que Venezuela y sus países validos pudieran impedir la presencia de observadores rigurosos e independientes, como la OEA o el Centro Carter. La tempranera certificación de “transparencia” a unas elecciones oscurecidas por el convocante, demuestra la debilidad del observador de bolsillo.

Este paso de las principales agrupaciones que habían demostrado su potencial como pilares de la Mesa de Unidad Democrática es amargo, pues les ha significado renunciar al poder que detentaban en 81 alcaldías bajo su mando, incluyendo las muy representativas de Caracas, Maracaibo, Barinas y San Cristóbal, además de someterse a las amenazas de su definitiva exclusión de los procesos democráticos por venir, si existieren, que ahora les espeta el dictador. Tan enorme sacrificio ofrecido a las causas de la libertad y la democracia, amerita que las instituciones multilaterales ofrezcan su reconocimiento y apoyo a esos valientes luchadores, la ONU usando sus capacidades para contener al dictador, y la CPI, dando prelación a las denuncias que ha recibido por violaciones a los Derechos Humanos de los venezolanos, producto del avance totalitario en ese país.

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