La Corte Suprema de Justicia de Colombia abrió este jueves indagación preliminar contra el senador Armando Benedetti, del oficialista partido de la U, por supuestamente favorecer a la constructora brasileña Odebrecht en un contrato de estabilidad jurídica en 2012 y en una adición de otro.

La Fiscalía le pidió el pasado 15 de noviembre a la Corte que investigara, además de Benedetti, a los senadores Musa Besaile y Sandra Villadiego, al exsenador Bernardo Miguel Elías Vidal, también del Partido de la U, así como a Martín Morales, quien fue suspendido de esa agrupación.

Asimismo, solicitó investigar a Antonio Guerra de la Espriella, del partido Cambio Radical; Álvaro Ashton, del partido Liberal, y el representante a la Cámara Alfredo Ape Cuello, del partido Conservador.

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“La indagación preliminar (mecanismo para verificar la seriedad de la compulsa de copias), ayudará a entender los oscuros intereses” del fiscal general, Néstor Humberto Martínez, escribió Benedetti en su cuenta de Twitter al reaccionar a las versiones de prensa.

El congresista señaló que además le permitirá aclarar que no tiene “nada que ver con Odebrecht como lo han dicho todos los implicados en ese tema” y dijo confiar en la Corte Suprema de Justicia.

Según la información de la Fiscalía, “la modalidad de corrupción detectada consistía en la ilícita contratación de servicios por parte de congresistas, mediante comisiones de éxito, para que a través de sus competencias y funciones presionaran decisiones gubernamentales a favor de Odebrecht”.

Al pedir la investigación, la Fiscalía explicó que se recabaron elementos probatorios según los cuales los directivos de Odebrecht, con la ayuda del detenido exsenador Otto Bula, lograron el apoyo de varios congresistas para que la sociedad concesionaria Ruta del Sol,

de la que hacía parte la brasileña, obtuviera un contrato de estabilidad jurídica a más tardar el 31 de diciembre de 2012.

Dicho documento garantizaba que no se cambiaran las condiciones de los impuestos para la concesionaria mientras se discutía en el país la reforma tributaria.

Ese grupo de parlamentarios fue denominado por parte de los funcionarios brasileños “Los Buldócer”, en alusión a esa conocida maquinaria pesada.

Además, la Fiscalía indicó que Odebrecht habría pagado 50.000 millones de pesos (unos 16,5 millones de dólares) para la adición del contrato Ocaña-Gamarra.

Desde diciembre de 2016, cuando estalló el escándalo de los sobornos de Odebrecht en Colombia, la Fiscalía ha vinculado a 41 personas en las investigaciones, de las cuales 26 tienen imputación de cargos.

También hay dos condenados, los empresarios Enrique y Eduardo Ghisays Manzur, y dos más están pendientes por recibir sentencia.

Este miércoles, el exsenador Bernardo Ñoño Elías aceptó ante la Corte Suprema los delitos de cohecho y tráfico de influencias en el escándalo de corrupción de Odebrecht.

Elías, capturado el pasado 10 de agosto, se declaró culpable de haber favorecido un otrosí de la carretera Ocaña-Gamarra, en el noreste del país, del contrato de la Ruta del Sol II en favor de la multinacional brasileña.

Aunque aceptó esos dos delitos, el exlegislador se dijo inocente de concierto para delinquir y lavado de activos.

La Fiscalía asegura que las coimas que presuntamente pagó Odebrecht en Colombia fueron de 84.000 millones de pesos (unos 28,35 millones de dólares) y no 11,1 millones de dólares (unos 21.550 millones de pesos de la época), como indicó el Departamento de Justicia de EE. UU. en diciembre del año pasado.