El tratamiento de todos los asuntos incluidos los electorales como productos de mercado, en los que las campañas publicitarias y las estrategias “empresariales”, hacen perder contenido a los programas políticos,   ha ocasionado que en algunos casos se genere un abandono del verdadero sentido democrático,  lo que desvirtúa el contenido del  voto programático que es una de las  bases esenciales del Estado Social de  Derecho.

Dada la íntima relación que existe entre la adopción de políticas públicas territoriales y la elección de mandatarios locales,  es importante en momentos como el presente hacer una reflexión sobre las propuestas electorales que se han  presentado tanto para el Departamento de Antioquia, como para la Alcaldía de Medellín, pues sin duda,  de quienes resulten elegidos, dependerá en buena medida decisiones que afectarán derechos individuales y colectivos de todos los habitantes del departamento.

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En muy pocos asuntos de la administración pública, las elecciones territoriales tienen tanta importancia  como en el relativo a la prestación de servicios públicos bajo todas las modalidades, en especial los concernientes a educación, salud, transporte, tecnologías de la información y servicios como acueducto, alcantarillado, aseo, energía y gas, conocidos estos últimos como domiciliarios.

Antes de decidir el futuro de Antioquia, es necesario conocer la capacidad de compromiso de los futuros Gobernantes con políticas  como las asociadas al acceso universal al agua potable y al saneamiento básico, el fomento a nuevas modalidades de generación de energía no contaminante, el estímulo al aprovechamiento de residuos sólidos,  y a la apropiación y utilización masiva y eficiente de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

Pero para un adecuado manejo del sector de los servicios públicos, es determinante que se fijen políticas públicas adecuadas desde el Municipio de Medellín y  para ello la elección del Alcalde es un tema sustancial, pues, de las políticas que se impulsen desde la Alcaldía dependerá, si se privilegian el sentido social de los servicios públicos, o si ellos serán tratados como una mercancía más.

Es hora de que en Medellín y todo el departamento  se realice una reflexión colectiva en relación con el futuro de la calidad de vida en la región,   en la que se adopten decisiones de fondo sobre el crecimiento empresarial, y sobre el papel que corresponde cumplir a las empresas de servicios públicos en el desarrollo social,  donde necesariamente se ponderen los derechos de los usuarios y los ciudadanos sobre los resultados económicos de las empresas,  y siempre se pueda privilegiar derechos asociados a la dignidad de la vida humana y a la protección de derechos colectivos sobre los demás.

No se discute el carácter técnico de las empresas de servicios públicos y de sus administradores, pero una propuesta política en momentos como el presente, caracterizada por la innovación y la transformación, no puede limitarse a guardar silencio en un tema tan sustancial.

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En Medellín y Antioquia deben  elegirse gobernantes, con la capacidad de fijar la política pública sectorial en materia de servicios públicos, que comprendan claramente que se trata de empresas al servicio de sus usuarios y del bienestar social, en las que el desarrollo económico y la concentración de capital no son el asunto principal.

Ojalá seamos capaces de elegir, más que personas, programas y que la elección de nuevos Gobernantes genere una nueva agenda regional, donde la equidad, la dignidad humana, la protección del medio ambiente y el desarrollo social sean el común denominador que nos genere a todos un mayor bienestar.