El proyecto de ley que ahora deberá sancionar el presidente, pretende eliminar malas prácticas contractuales en las obras públicas.
El Congreso aprobó proyecto de Ley de Infraestructura que blindará procesos de contratación, informó este jueves la Presidencia de la república. La iniciativa pasa a sanción del primer mandatario Juan Manuel Santos y entre sus múltiples beneficios, según el comunicado oficial, se podrán empezar a implementar los pliegos tipo, que eliminarán las malas prácticas en las contrataciones de obras públicas.
“Esto nos va a permitir continuar con la revolución de la infraestructura y garantiza la ejecución de muchos proyectos a lo largo y ancho del país”, dijo el Ministro de Transporte, Germán Cardona. Agregó que con la sanción de esta ley por parte del presidente se podrán empezar a implementar los pliegos tipo, que eliminarán las malas prácticas en las contrataciones de obras públicas y aumentarán la transparencia en los procesos en todos los municipios de Colombia.
“Ayer se reunió una subcomisión del Senado con el Ministro y allí se acordó hacer una reglamentación de la ley que precise varios aspectos del articulado. Con esto, la subcomisión recomendó votar favorablemente el proyecto”, anotó el informe de Presidencia.
“Coincidimos plenamente en lo que todas las bancadas han solicitado y vamos a trabajar en la reglamentación rigurosa para despejar cualquier tipo de preocupación. De esta manera, los pliegos no dependerán de los funcionarios de turno y se mitigarán los riesgos de corrupción”, explicó Cardona.
Igualmente, quedarán modificados aspectos precisos de la contratación y licitación para promover la pluralidad de oferentes, la sana competencia e igualdad de condiciones para todos los participantes y aumentar la confianza de los inversionistas.
El proyecto de ley fue construido recogiendo las mejores experiencias en contratación y recibió comentarios de gremios y sectores de la construcción, como la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI), la Contraloría General de la Nación, la Procuraduría y otros actores.