Esta semana se ha hecho pública la discusión sobre los acuerdos políticos que buscan ejecutar el mandato ciudadano, que fue expresado por un amplio número de colombianos, que busca que se adopten medidas anticorrupción, que permitan tener la seguridad de que las autoridades estatales y los particulares que administran recursos públicos actúan en procura del interés social y no de fines o propósitos particulares.

Es de esperarse que, dado el alto grado de corrupción, del que no se escapan ninguna de las ramas del poder público, ni de los organismos de control del Estado, el nivel de discusión sea muy amplio y se presenten nuevas iniciativas que vistas en su conjunto realmente sean efectivas para impedir que se incurra en prácticas contrarias al interés social, que debe primar en la gestión de los asuntos públicos que nos involucran a todos.

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Como es apenas de esperarse el primer asunto que entra en la agenda es el relativo a la transformación de los organismos de control interno, fiscal, disciplinario y penal; así como de los organismos judiciales de cuya eficiencia depende sustancialmente cualquier política anticorrupción pueda ejecutarse.

Aunque son muchas las propuestas que se nos puede ocurrir y que deben ser objeto de examen, hay dos que francamente considero inaceptables, la primera unificar a las altas Cortes en una sola, y por esa vía eliminar la tutela de sentencias y carácter es especial de algunas jurisdicciones, como sería la de lo contencioso administrativo, la segunda la eliminación de las contralorías territoriales.

Cosa diferente a la eliminación de altas Cortes, es la consolidación del carácter vinculante del precedente judicial, como mecanismos para garantizar seguridad jurídica y certeza de las decisiones de los jueces, propuesta que no solo debe aplaudirse, sino en la que la que ya se ha avanzado, dentro de la doctrina constitucional que basada en principios como el “debido proceso” y el “derecho a la igualdad”, ya ha avanzado significativamente, pero eso sí, esa unificación parte de “la supremacía de constitución”  y de la existencia de un juez que como la Corte Constitucional determina el alcance de los mandatos consagrados en la Carta.

Volviendo a una formula ya recurrente, algunos proponen la eliminación de las Contralorías Territoriales, para centralizar y unificar el sistema de control fiscal, lo cual no solo representa un enorme paso atrás en el proceso de descentralización del país, sino ir en contravía de las instituciones propias de la democracia de participación y de autonomía local.

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Cosa diferentes es modificar sustancialmente el actual sistema de control fiscal, lo que necesariamente debe incluir  asuntos como: (i) la consolidación del sistema de auditoria y el reconocimiento del carácter judicial que tiene la deducción del daño patrimonial y la indemnidad del patrimonio del Estado; (ii) la necesidad de restablecerle competencias sancionatorias a las contralorías que es una facultad que tenían antes, que les permitía a los contralores sancionar a los gestores que no cumplían los fines del Estado; (iii) la modificación sustancial del actual sistema de elección de los contralores, para lo cual debe adoptarse un mecanismos en el que el mérito sea lo único determinante; (iv) la reglamentación de mecanismos participativos que le permita efectivamente a los ciudadanos beneficiarse de este sistema de control, cuyo objetivo no debe ser otro que el de garantizar la correcta inversión de los recursos del Estado; (v) la reglamentación de instrumentos preventivos, que sean eficaces a la hora de impedir la consolidación de un daño; (vi) la dotación a las Contralorías de instrumentos técnicos, como es el uso de TIC,  que les permita a los organismos de control, actuar en forma inmediata que es lo propio en la sociedad contemporánea; (vii) en fin, …, transformar el actual sistema es absolutamente necesario.

Ojalá frente a la evidente necesidad de cambiar el sistema de control fiscal, prime la racionalidad y no se acuda a decisiones que como la de suprimir las contralorías territoriales, que pueden tener efectos inmediatos en la opinión pública, pero cuya eficacia es muy improbable.

Comentarios:

Jaime Bernardino
2018-09-07 17:35:29

El periodista sabe, que es en las controlarías municipales, donde se acolita todos los chanchullos que hacen los alcaldes junto con los concejales. Lo que se debe pensar es como se va a hacer el nombramiento de los contralores o como se llamen, que no nazca precisamente de los que han de ser controlados. Desde allí en donde empieza la corrupción.

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