A los únicos que les choca la medida de prohibir el porte de drogas es a los adictos y a esa izquierda maligna que defiende y promueve toda perversión imaginable para llevarnos a la postración y poder dominarnos. De resto, todos venimos pidiendo a gritos que se controle la proliferación de drogas en los espacios públicos y su funesta incidencia entre los jóvenes, y aun entre niños.

Pocas cosas ha habido tan nefastas para este país como la perversa doctrina del libre desarrollo de la personalidad, promovida por la Corte Constitucional y, muy particularmente, por su fallecido expresidente Carlos Gaviria Díaz, el mismo que defendía a las guerrillas con el argumento de que sus crímenes eran altruistas y que “es válido matar para que otros vivan mejor”.

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Esta maldita corte, que se mantiene legislando a pesar de que ningún ciudadano ha depositado voto alguno por sus miembros, decidió hace años aprobar el porte de la dosis mínima de drogas arguyendo, por un lado, que todo ciudadano adulto tiene derecho de hacer con su vida lo que le venga en gana y, por otro, que el adicto es un enfermo al que no se debe castigar con medidas punitivas.

La dosis mínima, sin embargo, estaba perfectamente regulada. Se había establecido que un ciudadano podía portar hasta 20 gramos de marihuana y 1 gramo de cocaína, que son las sustancias más usadas en nuestro medio. No obstante, la no menos siniestra Corte Suprema de Justicia se inventó, hace un par de años, el cuento de que la dosis mínima es “la (cantidad) que necesite el consumidor”, con lo que le dio una estocada de muerte a la lucha contra el microtráfico.

Así, de dosis mínima se pasó a hablar de ‘dosis de aprovisionamiento’. Por tanto, si a un jíbaro lo cogen con media libra de marihuana, puede decir, para evitar la captura, que es su dosis para todo el mes, y si lo cogen con 10 kilos dirá que es para todo el año. Eso, en la práctica, ha terminado por legalizar la comercialización y el consumo de drogas, mercadeándose hasta en el interior de colegios y prestigiosas universidades. Ya no es solo en la de Antioquia o en la ‘Nacho’; ya no hay espacio vedado para la venta y el consumo de estupefacientes, y la prueba es que huele a marihuana por todas partes.

Cómo será que la Corte Constitucional determinó, en febrero de 2017, que no puede prohibirse el ir a trabajar bajo la influencia de sustancias sicotrópicas, a menos que ello ponga en riesgo la seguridad del trabajador o de terceros. Si esta alta corte promulga que no es necesario estar en los cinco sentidos para trabajar, habrá que preguntarse si sus magistrados siguen al pie de la letra esta sentencia pues a menudo sus fallos hacen dudar de que estén en sus cabales.

La verdad es que apoyar la prohibición del porte de drogas trasciende en mucho la creencia de que se trata de un asunto moralista. Si bien es cierto que el consumo de drogas hace parte de la pérdida de los valores y sanas costumbres, el fondo es que no se trata de un asunto personal de cada consumidor, sino que su acto afecta a muchas personas más y se convierte en un problema de seguridad y salud públicas.

Es curioso, cuando menos, que mientras casi se ha prohibido y erradicado el consumo de tabaco, desterrando a sus usuarios de cualquier espacio público, tengamos que aceptar el consumo de alucinógenos a la vista de todo el mundo, y que sus pequeños traficantes se pavoneen como dueños absolutos de parques y calles. Además, el que un adulto pueda hacer lo que le venga en gana con su vida no significa que la sociedad deba permitir que los menores sean inducidos a seguir ese mismo camino.

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El consumo de drogas es una tragedia para muchas familias. No hay padre o madre felices porque un hijo meta drogas, pero la sociedad permitió que se invirtieran sus normas y ahora estamos en una época en que lo malo se volvió bueno y lo bueno está en desuso y se considera una ridiculez. A Colombia se la comieron las drogas y ya es hora de reaccionar.