El Ministerio de Vivienda anunció la expedición de una resolución mediante la cual se establece una nueva metodología para el cálculo de las tarifas, estándares y metas para los prestadores de servicios públicos de acueducto y alcantarillado de 906 municipios del país.

La nueva medida regula los servicios de acueducto y alcantarillado para prestadores pequeños que atienden menos de 5.000 usuarios. En el primer semestre se avanzará en la socialización de este marco a nivel de usuarios y prestadores, para iniciar su aplicación a partir del 1° de julio de 2018.

“Esto es una muy buena noticia ya que el Ministerio de Vivienda y Agua está creando normas y regulando para que las personas tengan un servicio con mayor cobertura, continuidad y calidad que entienda las particularidades del sector rural y de los municipios pequeños y que, a su vez garanticen la sostenibilidad de los prestadores con señales claras que deben volverse más eficientes”, dijo el ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Camilo Sánchez.

Lea también: 100 hectáreas de tierra fueron restituidas en Tolima

También explicó que se están generando acciones para la medición real del consumo que penalicen a los derrochadores del preciado líquido y beneficien a quienes hagan un uso racional.

La nueva metodología permite el cálculo de las tarifas de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, asociadas al cumplimiento de dos metas principales, que deben ser alcanzadas en el quinto año después del inicio de su aplicación.

La primera es lograr que al 100% de los usuarios se les pueda cobrar lo efectivamente consumido a través de una facturación real de los servicios y no como se hace en algunos casos que proviene de un cálculo por promedio o estimación.

Además: Catastro Departamental suspenderá expedición de certificados 

La otra meta corresponde a que se puedan garantizar las condiciones para una mayor continuidad en la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado minimizando los días en que el usuario se quede sin acceso al agua.

Estas medidas se suman a otras que este Gobierno ha expedido, como la Política de Suministro de Agua Potable y Saneamiento Básico Rural aprobada mediante documento Conpes 3810, los ajustes normativos iniciados con el del Decreto 1898 de 2016 y la puesta en operación del Sistema de Información de Agua y Saneamiento Básico Rural – Siasar.