Las elecciones territoriales de octubre del año pasado no sólo dejaron un nuevo ordenamiento político en gobernaciones, alcaldías, Asambleas y concejos, sino como suele suceder cada jornada electoral una lluvia de demandas electorales contra los elegidos en cargos uninominales o en curules en las corporaciones políticas del orden seccional y municipal.

En tal sentido esos comicios no fueron la excepción en Antioquia y fueron demandadas las declaraciones de elección de varios alcaldes del departamento, lo mismo que los escaños de varios diputados antioqueños y también las curules de muchos concejales en diversos municipios, incluidos varios de Medellín y hasta todos los integrantes de esa corporación.

Una vez esos comicios quedaron por fuera del radio de acción de la vía administrativa o ante el Consejo Nacional Electoral, entidad encargada de certificar las declaraciones de elección, a los reclamantes les quedaba el camino de la justicia administrativista y electoral, para querellar las elecciones.

Por tal motivo el trabajo del Tribunal Administrativo de Antioquia casi siempre se incrementa tras este tipo de jornadas electorales y hoy sus magistrados, según una relación entregada por esa corporación, tiene en las próximas semanas la responsabilidad de decidir o definir la suerte de 54 demandas contra cargos y curules en esta región.

Ninguno de esos procesos o acciones judiciales se interpusieron contra la elección del gobernador de Antioquia, pero catorce de ellos están dirigidas contra la elección de alcaldes en este territorio, nueve son demandas contra algunos de los 26 diputados a la Asamblea de Antioquia y las restantes buscan desbancar de sus escaños a 31 concejales, entre los cuales figuran los casos de cinco cabildantes de Medellín, mientras que una sexta reclamación tiene en la mira a todos los 21 corporados del Concejo de la capital departamental.

53 de esos procesos pretenden la nulidad de la elección de igual número de elegidos, al tiempo que uno solo intenta la pérdida de investidura o la muerte política del demandado.

Las causales de los procesos de nulidad electoral están previstas en el artículo 275 de la ley 1437 de 2011 o Código de Procedimiento Administrativo o de lo Contencioso Administrativo, el también conocido como “Cpaca”.

Esa norma legal plantea que una elección puede ser anulada por violencia contra los nominadores, los electores o las autoridades electorales. Por destrucción del material electoral o violencia contra los sistemas de votación, información, transmisión o consolidación de los resultados de las elecciones. Cuando los documentos electorales contengan datos contrarios a la verdad o hayan sido alterados. Cuando los votos emitidos en la respectiva elección se computen con violación del sistema constitucional o legalmente. Por la elección de candidatos que no reúnen las calidades y requisitos constitucionales o legales de elegibilidad. También cuando los jurados de votación o los miembros de las comisiones escrutadoras sean cónyuges, compañeros permanentes o parientes de los candidatos hasta en tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil. Debido a que en una elección territorial los electores no sean residentes en la respectiva circunscripción. Y por doble militancia.

Contra alcaldes

Según el reporte del Tribunal Administrativo de Antioquia catorce demandas están dirigidas contra la elección de los alcaldes de:

- Caucasia, Leiderman Ortiz Berrío

- Caicedo, Miguel Alfonso Martínez Gaviria, la cual ya fue negada.

- Bello, Óscar Andrés Pérez Muñoz.

- Turbo, Andrés Felipe Maturana González.

- Yolombó, Iván Antonio Ochoa Gómez.

- Murindó, Nafael Palacio Lozano.

- Arboletes, Diana Estrella Garrido.

- Puerto Nare, Jamel Mejía Vásquez.

- Guadalupe, César Augusto Agudelo.

- Armenia (Mantequilla), Guillermo León Molina.

- Tarazá, Miguel Ángel Gómez.

- Peque, Froy Faber Hernández T.

- Cáceres, Juan Carlos Rodríguez.

- Nechí, Marcos Javer Mosquera.

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Contra diputados

Las nueve querellas dirigidas contra los diputados afecta a los siguientes miembros de la Asamblea de Antioquia:

Figuran dos procesos de nulidad electoral contra el diputado del partido de la U, Rodrigo Mendoza, que fueron acumuladas, y una contra Jairo Ruiz, ambos militantes del Partido de la U.

También aparecen dos demandas contra la curul del diputado del Centro Democrático, el médico Jorge Iván Restrepo, que también fueron acumuladas.

Según trascendió las anteriores reclamaciones tienen como causal una supuesta doble militancia.

Igualmente fueron radicadas dos demandas contra el diputado conservador de Bello, Juan Camilo Callejas.

También tienen que defender sus curules los diputados Daflis E. Romaña de la ASI y el liberal de Envigado, Juan Carlos Palacio.

Y llama la atención el alegato jurídico múltiple contra la elección de los diputados liberales María Eugenia Lopera, Luis Carlos Ochoa, Juan Carlos Palacio y Jonathan Roldán, y también contra el corporado de la coalición Queremos el polista de izquierda y agudo abogado Luis Eduardo Peláez.

Contra concejales

Las demandas más llamativas en el caso de los concejales involucran a cinco corporados de Medellín.

La curul más impugnada por un supuesto caso de doble militancia es la del actual vicepresidente y curtido político conservador Carlos Alberto Zuluaga, contra quien se interpusieron tres procesos, ya acumulados, entre ellos el de Lucas Cañas, quien perdió la curul con Zuluaga por escasos votos.

También están en veremos las curules de John Jaime Moncada, Daniel Carvahlo y Aura Marleny Arcila. Además figura otra contra el concejal del Partido de la U, Luis Carlos Hernández que de paso vincula a todos sus compañeros en la corporación, mientras que existen otros dos alegados contra la totalidad de los cabildantes de Medellín, una de ellas ya negada por extemporánea. Así mismo fue demandado todo el Concejo de Rionegro.

Las otras acciones incluyen a los concejales Giovany Zapata (Sabaneta), Ronal Mejía (Marinilla), Denis Sierra y César David Mejía (El Bagre), Arlinton López (Nechí), Natalia Londoño, Andrés Ruiz y Juan Esteban Román (La Estrella), Jairo Herrera y Julián Ochoa (Guarne), Gloria Úsuga y el Partido Liberal (Uramita), Edgar Blandón (La Ceja), Martha Pino (Yolombó) Leonardo Metrio (Guadalupe), Jhon Jairo Echeverri (Copacabana), Jhonatan Taborda y Gilma Jiménez (Turbo), Osval Ramírez (Itagüí), Juan Morales, Rubén Quintero, Jorge Quintero y Darío Zuluaga (Carmen de Viboral) y Gloria Álvarez (Valparaíso).

Y en el reporte del Tribunal Administrativo de Antioquia figura como pendiente la demanda contra la elección de la contralora de Medellín, Diana Carolina Torres.

Entre tanto, el único proceso de pérdida de investidura involucra al concejal de Medellín, Alex Flórez, del Movimiento Independiente, el que avaló al alcalde Daniel Quintero.

La curul de este cabildante fue impugnada por el acucioso abogado administrativista Martín Cardona por una supuesta inhabilidad al violar la prohibición de ejecutar, un año antes de la elección, un contrato de prestación de servicio con una entidad pública asentada dentro de la jurisdicción donde se ejerce la curul.

Antes de ser electo concejal, Flórez fue contratista del Tecnológico de Antioquia, que opera en Medellín pero es un plantel del orden departamental, en un contratado que fue prorrogado y es allí donde la justicia debe determinar si esa extensión es causal o no de la pérdida de la curul.

También sus abogados podrían alegar persecución política, puesto que este concejal ha sido víctima de amenazas contra su vida por su activismo en el movimiento estudiantil colombiano.