Desde 2013 se iniciaron los proyectos Montaña y Mirador de la Cascada. Pero, por incumplimientos del constructor, las obras se han retrasado. La promesa ahora es que se les entregue su apartamento entre marzo y abril.
La señora Alexandra Milena Echavarría desde 2011 espera con ansias que le entreguen la vivienda que le prometió la Alcaldía de Medellín desde el momento en que la notificaron por primera vez como beneficiada. Sin embargo, esta es la hora que aún debe estar en un apartamento arrendado, que, si bien se lo paga Ayuda Humanitaria, le toca poner un excedente de $60.000, dinero que le cuesta reunir, teniendo en cuenta que su esposo es una persona adulta mayor sin estabilidad laboral.
Este es uno de los casos de los beneficiarios de las viviendas de interés prioritario, ubicadas en los proyectos Montaña y Mirador de la Cascada en San Cristóbal, que se han visto perjudicados por el retraso en esta obra debido al incumplimiento por parte de los constructores contratados.
Javier de Jesús Martínez, líder de comunidades, señala que hay una señora que lleva 10 años pagando arriendo en Bello en espera de una casa que algún día le prometieron. Y así hay gente a la que la Alcaldía lleva pagándole muchos años de arriendo temporal en espera de una vivienda. “Esto afecta el bolsillo de toda la ciudad”, dijo.
La construcción de los 424 apartamentos inició en 2013, pero el constructor de ese momento incumplió con los plazos de entrega y ya en este momento tiene un proceso jurídico en su contra. Ante esta situación, se eligió uno nuevo en 2016, pero también tuvo retrasos, y ahora tiene el ultimátum de entregar el proyecto de Montaña, que es de 104 apartamentos, el 20 de marzo.
“Las obras están en un 99%, lo que falta por terminar son unas correcciones que debe hacer el constructor. El que tenemos pendiente, porque hay un atraso del 7%, es Cascada, con el cual estamos haciendo un seguimiento y plan de trabajo con el constructor. A este proyecto le falta por recibir servicios públicos y adecuaciones. Estamos exigiéndole al contratista para que nos entreguen los 320 apartamentos a más tardar en abril”, señala Jorge Iván Torres Ramírez, director del Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín (Isvimed).
Tanto la señora Alexandra como el líder Javier de Jesús Martínez afirman que a los beneficiarios no se les ha notificado fecha exacta de entrega de las viviendas. En el caso específico de Alexandra, tampoco tiene un documento que especifique qué tipo de inmueble recibirá ni las garantías que tiene la infraestructura.
No obstante, el director del Isvimed detalla que las pólizas que se exigen en un proyecto son la de todo riesgo del constructor, la póliza de estabilidad de la obra, la de obligaciones laborales, las pólizas de cumplimiento respectivas de entrega y la de manejo de anticipos.
Según el contratista actual de estos proyectos, José Iván Gómez, las características de las viviendas son: obra gris, apartamentos de 45 m2 con una alcoba y disponibilidad de espacio para dos alcobas más, baño con enchape en ducha y piso, cocina, sala comedor y balcón. Los pisos y muros son en concreto. El contrato actual que tiene para los dos proyectos es de $6.658.000 millones.
Rafael Sánchez, vecino del proyecto Mirador de la Cascada, afirma que están trabajando muy poco y los trabajadores que estaban salieron, porque no tenían con qué pagarles. Están solo los de la electricidad y los plomeros. “El movimiento es suave. Hubo un tiempo que sí traían cosas constantemente, pero de un momento a otro empezó otra vez para atrás. Los beneficiarios que vienen y ven eso así se ponen llorar, porque van muchos años sin darles resultados”.
Con respecto a la situación anterior, el contratista actual de la obra, José Iván Gómez, indica que “en la etapa que nos compete de culminación del proyecto, no ha habido inconvenientes de orden financiero”.
El director del Isvimed aclara que no se le podría reclamar alguna responsabilidad a la institución, porque siempre le ha cumplido al constructor. Además, explica que, en casos anteriores a este, ha sucedido que el constructor se queda sin el recurso para terminar, debido a problemas administrativos, de flujo de caja o que las entidades financieras no les desembolsan el dinero para sus proyectos.