La educación como uno de los Derechos Humanos fundamentales articula de manera esencial la vida de las personas, así como el crecimiento y el desarrollo sostenible de los países.

La Comisión Económica para América Latina y El Caribe, Cepal, ha planteado que concluir la enseñanza secundaria es el umbral educativo mínimo para reducir la posibilidad de vivir un futuro en situación de pobreza, sin embargo, el promedio de años de escolaridad en Colombia se situó en 2015 en 7.3. Ello conlleva a que 56 de cada 100 colombianos no tengan secundaria completa.

Garantizar el derecho a la educación ayuda a reducir la desigualdad y las brechas de pobreza de los países, situaciones que en Colombia son recurrentes. El Dane evidencia que para 2016, el 28% de la población en el país estaba en condición de pobreza monetaria (13.474.606 personas), es decir, que vive con 2.67 dólares al día, mientras que el 17.8% estaba en pobreza multidimensional (8.586.000 personas), lo que implica que no tiene acceso a características vitales como salud, empleo y educación.

A ello se suma que los hogares con mayor nivel de pobreza son aquellos en los que el jefe de hogar (hombre o mujer) no ha alcanzado la básica secundaria, en el 38.6% de los casos.

Y es que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Demografía y Salud de 2015, “las limitaciones de acceso a la educación en la primera infancia, la niñez y la adolescencia no sólo hacen parte de las condiciones de pobreza y vulnerabilidad de los hogares, sino que se convierten en el principal mecanismo por el cual estas condiciones se transmiten y se reproducen a lo largo del ciclo vital de las personas”.

Ahora bien, otras cifras muestran también cómo el 40% del total de los niños y las niñas que no asisten al colegio corresponden a zonas afectadas por el conflicto armado.

La inequidad entre la zona rural y urbana es evidente frente a permanencia, calidad e infraestructura, así: mientras en la zona urbana las personas estudian 9.2 años, en lo rural la cifra disminuye a 5.5 años; el 12.6% de la población en zona rural entre 15 años y más no sabe leer ni escribir y el 70% de las instituciones educativas rurales no tienen alcantarillado.

Todo este contexto genera para la infancia y la adolescencia situaciones como el trabajo infantil, la explotación sexual comercial, el embarazo adolescente, la desnutrición, la violencia, entre otras, que vulneran sus derechos fundamentales.

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Por ello, para Colombia resulta clave que las políticas y los recursos (sólo el 5% del PIB se invierte en educación) estén orientados a garantizar integralmente el derecho que tienen todos los menores de edad de acceder y permanecer en el sistema educativo, así como a generar las condiciones para que todos los estudiantes, sin importar su condición social, geográfica, étnica o discapacidad cuenten con las mismas oportunidades de aprendizaje.

La educación afecta transversalmente las sociedades, y de hecho el 78% de las personas víctimas de homicidio, no han culminado su bachillerato, lo que indica la fuerte relación entre seguridad personal – paz y educación.

Inversión

De acuerdo con informes del Banco Mundial, para el 2015 el 15% del presupuesto nacional se invirtió en Educación. Para 2017, este era el rubro con mayor asignación de recursos, $32 billones. Sin embargo, es fundamental entender la manera como se distribuyen estos recursos.

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde en 2016), la mayor parte del presupuesto público en educación primaria y secundaria se destina a cubrir los salarios de los docentes (83%), inversión que es insuficiente y además no cubre las estrategias de desarrollo profesional docente, por citar tan solo uno de los factores que inciden en el mejoramiento de la calidad de la educación.

De acuerdo con Informes Económicos y Retos del Sector Educativo (del Ministerio de Educación Nacional en 2017), se requiere reformar la ley 715 de 2001, haciendo énfasis en la necesidad de mejorar los procesos de descentralización, promover un gasto eficiente en educación, y equilibrar las responsabilidades administrativas, fiscales y políticas que actualmente impactan en la garantía del derecho a la educación.

Niñez desescolarizada

De acuerdo con cifras del Dane, en el año 2015, alrededor de 10.234.521 estudiantes estuvieron escolarizados, de ellos el 9.9% estuvo matriculado en preescolar, el 43.5% en básica primaria y 46.6% en secundaria y media.

Ahora bien, las proyecciones de esta misma entidad, indican que para 2015 el país contaba con 15.446.381 menores de edad, de los cuales 6.026.737 estaban en primera infancia, 4.259.707 en niñez y 5.179.937 en la adolescencia, ello puede inferir que para ese año, en promedio, más de cinco millones de niños y niñas no estuvieron dentro del sistema educativo.

Estudios como la Ends resaltan que la inasistencia escolar se encuentra dentro de los indicadores que miden la pobreza multidimensional en el país.

La Encuesta de Demografía y Salud halló que en la zona urbana, el 42% y en la zona rural el 47% de los hogares, presentaron situaciones de inasistencia escolar, es decir, que menos del 100% de los niños, niñas y adolescentes que hacen parte de estas familias asisten a alguna institución educativa.

Aunque la matrícula para escolares con discapacidad ha aumentado, se estima que un total de 135.000 personas con discapacidad están excluidas de la educación regular. En materia de discapacidad, el Estado ha avanzado en promover el acceso a la educación de la niñez con discapacidad en igualdad de condiciones que sus pares sin discapacidad.

Sin embargo, persisten enormes retos relacionados con la preparación de docentes, financiación de medidas de apoyo y ajustes razonables, para materializar una oferta educativa inclusiva, reduciendo la segregación.

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Este panorama invita a reflexionar acerca del desafío que tiene el Estado colombiano para cerrar las brechas sociales que impiden que la totalidad de sus niños y niñas accedan de manera integral al derecho a la educación.

Deserción escolar

En Colombia, el promedio de años de escolaridad se situó en 7.3. En el caso de las mujeres, este promedio fue de 7.4, mientras que en el caso de los hombres fue de 7.310. 

Según el Dane, en 2016 en Colombia había 15.451.252 de personas menores de edad. Ahora bien, de ellos, y de acuerdo con el Ministerio de Educación, para ese mismo año, el número de matriculados desde transición hasta el grado 11º fue de 7.598.239 de niños y niñas.

De ellos, abandonaron la escuela 280.562 correspondientes al 3.7%. Del total de quienes abandonaron el proceso educativo, el 16% cursaba el grado sexto. Otros años críticos son séptimo, con el 11.8%; lo siguen primero, con el 10% y el grado octavo grado, con el 9.7%.

Los principales factores asociados a la deserción escolar, según los resultados de la encuesta son las dificultades académicas, la maternidad o paternidad temprana, la falta de gusto por estudiar y el no considerarlo útil en un futuro.

Así mismo, el grado de educación de los padres también es definitivo en quienes deciden no continuar los proceso de formación, ya que el 19% de quienes no culminaron su educación, contaban con padres que habían obtenido tan solo un título de básica primaria, para el caso de la zona rural este porcentaje llega al 20%. 

La garantía del derecho a la educación

La primera infancia, que va desde los 0 a los 6 años, es el momento del ciclo vital de las personas, en el cual el ser humano establece las bases y la arquitectura de lo que será su vida. Este momento, único e irrepetible, es cuando el niño duplica su estatura, el tamaño de su cerebro, y establece las bases para apropiar los conocimientos futuros. 

Por ello, Colombia, en el año 2011, estableció la Estrategia De Cero a Siempre la que en 2016 se convirtió en Política de Estado a través de la Ley 1804. Dicha Ley define como objetivo el desarrollo integral y como parte de este promueve la educación inicial de los niños durante este ciclo de vida.

No obstante, aún son varios los desafíos que el país tiene para lograr procesos educativos que potencien las capacidades, competencias, hábitos y valores de los menores de edad durante esta etapa.

¿Quiénes asisten y a dónde asisten?

Según cifras del Dane, para 2017 en Colombia había 6.062.157 niños y niñas con edades comprendidas entre los 0 y 6 años, lo que corresponde al 11% de la población. Para ese mismo año se logró que alrededor de 1.260.000 niños y niñas accedieran a algún servicio público de educación inicial bajo el marco de la atención integral.

La atención integral supone apoyo nutricional, seguimiento en temas de salud, acceso a material cultural especializado para primera infancia, entre otros aspectos. Adicional a lo anterior, alrededor de 700.000 niños y niñas han sido atendidos a través de hogares comunitarios.

Por otro lado, la Ends 2015 reporta que la asistencia a los programas oficiales de atención de la primera infancia guarda una relación directa con los niveles de riqueza de las familias.

De esta manera, sólo un 0.4% de niñas y niños del quintil más bajo asisten a un jardín privado, mientras que el 57.8% por ciento de las niñas y los niños del quintil más alto están en estos establecimientos. A ello se suma que las niñas y los niños menores de seis años de la zona urbana son quienes con mayor frecuencia asisten a los programas de atención públicos y privados, en el 50.3% de las veces, frente a la 43.5% de los niños de zonas rurales.

La no asistencia a algún programa, de acuerdo con la Ends obedece a que en la mayoría de los casos, los niños y las niñas son cuidados en la casa, porque la familia considera que no cuentan con la edad para asistir a un centro educativo o porque ya asisten al colegio.

De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), los países que invierten en los primeros años de vida de sus ciudadanos son los que tienen los mejores niveles de bienestar. Mientras la región de América Latina y el Caribe destina menos del 6% del gasto social total, los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) asignan el doble en educación inicial.

¿Quién los cuida mientras no asisten?

En relación con el cuidado de los niños menores de 5 años, el 51.1% de ellos pasan la mayor parte del tiempo entre semana con su padre o madre en la casa, y el 33.5% asiste a un hogar comunitario, guardería o jardín. 

Por ello, es necesario dar una mirada al nivel educativo del cuidador, que según la Ends 2015 está caracterizado así: el 14.3% tiene algunos años de primaria, el 15% alcanzó primaria completa, el 21.3% algunos años de secundaria y el 22% secundaria completa. Mientras que el 7.7% de los cuidadores no tiene ningún nivel educativo.

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Por lo anterior, pero sobre todo por el gran potencial de la niñez en primera infancia, es que existe la necesidad de que las personas que cuidan a los niños durante esta etapa de su vida, cuenten con la capacidad y con la formación idónea para que así puedan potenciar y estimular su desarrollo intelectual.

Ahora bien, esto no demerita el amor, el cariño y la responsabilidad con la que puedan y deben ser cuidados en sus hogares. El reto que aún existe, desde que se estableció la educación inicial como un ciclo de la educación, es fortalecer la atención en el ámbito educativo con el fin de realizar un apropiado tránsito entre la familia, la educación inicial y el ciclo de básica primaria.

La paz se construye de la mano de la Educación Contar con un sólido proceso educativo no solamente garantiza mayores oportunidades en los diferentes ámbitos, como ya se ha mencionado, sino que, además, está directamente relacionado con la prevención de las diferentes violencias.

Las cifras de homicidio y de violencia interpersonal, están estrechamente ligadas a la escolaridad lograda por las víctimas. A mayor estudio, menos posibilidades hay de ser víctima de violencia. Por ello, no es atrevido decir que una paz estable y duradera pasa por el sistema educativo.

La educación protege contra el homicidio. Esta conexión se hace evidente al hallar que durante el 2016, el nivel de escolaridad de las víctimas de homicidio era muy bajo.

Según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses - Inmlcf- de todas las personas que perdieron la vida en un acto de violencia, el 43.7% apenas contaba con algún grado de educación básica primaria y el 35% tenía alguno de educación básica secundaria, es decir que el 78.7% de las personas que en 2016 fueron víctimas de homicidio ni siquiera eran bachilleres.

Otro aspecto que es necesario resaltar es la edad de las víctimas con respecto al nivel de escolaridad: las tasas de homicidio más altas están entre los 18 y los 44 años de edad, lo que hace suponer que además de un bajo nivel de escolaridad de las víctimas de homicidio, existe también un alto grado de deserción o desescolarización temprana de los jóvenes.

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Por ello, se insiste en la necesidad de que exista una estrategia desde el sistema educativo para lograr una mayor permanencia de los niños, las niñas y los adolescentes, como factor de protección frente al homicidio. La educación Protege contra la violencia interpersonal.

Del total de víctimas que en 2016, examinó medicina legal, 121.057 casos aportaron información para la variable: nivel de educación. Así el 40,08% reportaba un nivel escolar de básica secundaria y un 32.7% había alcanzado educación básica primaria.  

Es decir que el 73% de quienes sufren violencia interpersonal, poseen un bajo nivel de escolarización. Al igual que en los casos de homicidio, la violencia interpersonal crece rápidamente desde el rango de edad 18 años, por lo que se infiere que estas personas sufrieron una desescolarización temprana.

Violencia intrafamiliar

Cuando la violencia intrafamiliar se da en contra de los niños y de las niñas, su nivel de escolaridad corresponde, en muchos casos, con su edad. Sin embargo, para los casos en los que los niños y las niñas son las víctimas, alrededor de 10.000 reportes anuales en el Inmlcf este Instituto halló que el 15% de las víctimas, o sea unas 1.500 personas no se encontraban estudiando, una situación que demanda atención teniendo en cuenta que el derecho a la educación es fundamental para la niñez, además de reiterar la relación directa entre la ausencia de educación y la violencia.

Todos los niños, niñas y adolescentes que completan un proceso educativo, son menos vulnerables a convertirse en víctimas de algún tipo de violencia. Sin embargo, de acuerdo con el Ministerio de Educación, cerca de 319.000 niños y adolescentes (el 3.07 por ciento del total de la matrícula nacional, que es de 10’381.403) desertaron de sus colegios.

El grado sexto, de acuerdo con las estadísticas, es el más crítico, con un 4.27%; seguido por séptimo, con un 3.71%, y octavo, con un 3.61%. 

Cabe destacar que las organizaciones que hacen parte de la alianza NiñezYa son la Agencia Pandi, Aldeas Infantiles SOS, Alianza Por la Niñez Colombiana, Corporación Juego y Niñez, Corporación Infancia y Desarrollo, Fundación Alpina, Fundación Empresarios por la Educación (FExE), Fundación Éxito, Fundación Kid Save Colombia, Fundación Plan, Fundación Ratón de Biblioteca, Fundación Restrepo Barco, Fundación Saldarriaga Concha, Fundación Save the Children, Jerez &Sandoval - Medios y RS, McCann, Primero lo Primero, Proantioquia y World Vision.