El despliegue de la Guardia Nacional a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México asciende ya a 2.400 militares, según datos de institución y de la Patrulla Fronteriza.

"No es una nueva unión, la CBP y la Guardia Nacional han colaborado desde hace mucho tiempo. Acorde al plan establecido por el presidente Trump continuamos trazando un plan para ajustar la mejor ayuda para asegurar nuestras fronteras", aseguró un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional.

Las áreas que centran dicha asistencia son apoyo aéreo con más de 12.000 horas de vuelo previstas hasta septiembre, infraestructuras, apoyo operativo con personal de radio e inteligencia y labores de vigilancia sobre el terreno.

Texas, uno de los estados con mayor tráfico fronterizo, anunció en abril que tenía previsto destinar 1.000 soldados en su área, de los cuales, según confirmaron en la conferencia de prensa, el 70% ya se encuentran sobre el terreno.

El gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, explicó en su momento que las unidades en zonas de peligro, irán con el equipamiento "necesario" para realizar "el mejor trabajo posible", incluidas armas.

Sin embargo, los funcionarios insistieron en que la Guardia Nacional centra su apoyo en "labores de vigilancia desde los centros de operaciones", con cámaras y otras herramientas tecnológicas para mejorar la capacidad de observación y, luego, son los agentes de la CBP quienes acuden al terreno para proceder con las detenciones.

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En el caso de Arizona, donde el gobernador Doug Ducey se comprometió a enviar 338 soldados, reconocen que ya se ha completado el 90% de la operación. 

Además, determinaron que, desde el despliegue militar, se produjeron alrededor de 1.600 detenciones y 451 deportaciones de inmigrantes indocumentados tratando de cruzar de forma ilegal la frontera, aunque aún están en proceso de contabilizar estos datos.

"La valoración general de este último mes, desde el inicio del despliegue, es que la presencia de la Guardia Nacional es útil, puesto que mejora los niveles de eficiencia y refuerza el compromiso de la Administración con la seguridad nacional", agregó el funcionario. 

El fiscal general, Jeff Sessions, anunció en una reciente visita a San Diego, un plan de "cero tolerancia" contra los inmigrantes que crucen la frontera desde México sin documentos, que en algunos casos podría derivar en la separación de familias. 

Para ello, se reforzará la dotación en la zona de la frontera con 35 nuevos fiscales, junto a 18 jueces dedicados a "tiempo completo" para atender principalmente las peticiones de asilo político. 

La Patrulla Fronteriza detuvo en marzo, mes previo al despliegue militar, a 50.308 indocumentados, unos 13.000 más que en febrero y más del triple que en el mismo período de 2017.