¿Y el deber ser?

29 agosto de 2018 - 12:05 AM

Iván Duque dispone de todos los poderes para ejecutar el “acuerdo final”, que concede a un grupúsculo de 50.000 votantes todo el poder real, pero de ninguna facultad para restaurar el estado de derecho

Aquí pasaron demasiadas cosas que no pueden olvidarse: Se entregó el país al internacionalismo proletario que desde La Habana dirige Raúl Castro, con diferentes grados de control político sobre buena parte de América Latina. So capa de “paz” se firmó un acuerdo falaz con los peores narcoterroristas, acuerdo que fue rechazado por el pueblo, pero impuesto mediante proposición aprobada por un Congreso embadurnado, y ratificado por unas Cortes cooptadas por la izquierda revolucionaria. Ese mamotreto es la supraconstitución que nos rige.

A partir del 2 de octubre de 2016, cuando el pueblo en plebiscito rechazó el tal “acuerdo final”, todo lo actuado ha sido fruto de una violación sistemática y deliberada del orden constitucional, auténtico golpe de Estado permanente. Tanto ese larguísimo texto como su implementación por medio de centenares de leyes y decretos, avalados por las Cortes, nos rigen, contra la expresa voluntad de lo que se llamaba “el pueblo soberano”, convertido ahora en rey de burlas.

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Para hacer tolerable esta situación se ha proscrito la noción del deber ser, de la cual depende la legitimidad del ordenamiento jurídico. El actualmente vigente está del todo viciado, “viene sucio desde la toma”.

Desde el momento mismo en que un excepcional y valeroso columnista dijo que había que volver trizas ese acuerdo infame, nadie ignora que si no lo eliminamos de la vida jurídica, lo que se volverá trizas es el modelo jurídico-político de libertad y democracia, guiado por el concepto de bien común.

En efecto, así como no se puede reunir un conclave católico con cardenales protestantes, así la república no puede funcionar con un poder judicial estalinista y al servicio de la revolución; con medios masivos proclives a la subversión; con todo el aparato educativo dedicado a la inculturación marxista de la juventud y con las Fuerzas Armadas domesticadas, mientras el país se convierte en un narcoestado.

Después de una sucesión de hechos terribles, finalmente una dictadura de hecho, con todos los abusos de poder imaginables y otros inimaginables, fue derrotada una segunda vez por el pueblo, que eligió al doctor Iván Duque. Pero este accede dentro de un esquema legal que le deja las manos libres para hacer el mal, pero se las ata para el bien. Dispone de todos los poderes para ejecutar el “acuerdo final”, que concede a un grupúsculo de 50.000 votantes todo el poder real, pero de ninguna facultad para restaurar el estado de derecho, como se lo acaba de notificar la Corte Constitucional, con el fin de que se olvide de sanción para los delitos sexuales y de la reforma judicial que reclama un país aterrado por la degradación de la magistratura.

¡Por eso, ya no faltan los cínicos que esperan que el actual sea, bon gré mal gré, el “gobierno de transición” al socialismo del siglo xxi, porque el Santiago cachaco y el Santiago chapetón dejaron todo bien amarrado! Lo anterior me ha llevado a pensar que la historia no registra una presidencia más difícil que la que espera al Dr. Duque.

Todos los gobiernos se enfrentan a retos enormes, pero dentro del orden legal pueden, en mayor o menor medida, realizar los cambios para los que han sido elegidos. En cambio, el nuevo gobierno colombiano está encorsetado en un esquema pseudojurídico, diseñado minuciosamente para la consolidación del socialismo del siglo xxi, desde ahora hasta 2034.

Si queremos encontrar la salida, tenemos, entonces, que volver a la noción del deber ser, porque aceptar lo recibido de Santos y Timochenko condena al nuevo gobierno a la impotencia y la esterilidad.

Al joven capitán, honesto, preparado y capaz, debemos notificarle que puede contar con el pueblo colombiano para romper las cadenas con las que pretenden mantenerlo atado.