Se cumplen cinco años de la tragedia de Space, el colapso del edificio, ubicado en El Poblado, se produjo la noche del 12 de octubre de 2013, cuando la torre 6 de ese complejo urbanístico se derrumbó y acabó con la vida de doce personas.

Han sido cinco años de “una lucha incansable”, eso sienten los afectados de CDO, pues el colapso del Space fue sólo el comienzo, el acontecimiento que empezó a demostrar las irregularidades en las construcciones de la firma Lérida CDO; gracias a ello también se evidenciaron las fallas en los edificios Asensi y Continental Towers, que están vacíos por riesgo de colapso, e igualmente está el caso de Colores de Calasania, en el barrio Calasanz, la única estructura urbanística que volvió a ser habitada, luego de ser sometida a un proceso de reforzamiento.

Las heridas de las víctimas siguen abiertas, están los casos de las familias que las sacaron de sus hogares, aquellas a las que no les han pagado el apartamento donde vivían y ahora “están de arrrimados” donde sus familiares o amigos, a las que ya no les pagan el subsidio de arriendo, las que deben asumir la carga doble en toda esta tragedia. A ello se suma el tener que vivir con la “dura realidad de que el sistema no está diseñado para respaldar a las víctimas, en ninguna instancia, porque es una cadena de corrupción la que se desprende de ese tipo de proyectos, ellos reúnen un equipo profesional en el que cada ente que tenga participación los beneficie, sólo les importa eso, la humanidad de los compradores de los apartamentos queda en un plano olvidado”, narró Ángela Cantor, hermana de Juan Esteban, joven estudiante de Comunicación Social, el único residente muerto en la tragedia.

Ella manifestó que aún no siente que se haya hecho justicia total y tampoco sienten haber recibido una reparación suficiente.

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El caso Space

Edificio Space en ruinas. Foto: Archivo. 

A Ángela Cantor le tocó hacer las veces de investigadora para lograr un fallo a favor en el caso de su hermano. Tras cuatro años alegando homicidio culposo de su querido Juancho por parte de los constructores, el 11 de octubre de 2017 el Juzgado Primero Penal del Circuito de Medellín declaró culpables a Pablo Villegas, representante legal de la constructora CDO; a María Cecilia Posada, directora de la obra, y a Jorge Aristizábal, ingeniero calculista, de ese hecho penal, y así, ella siente un poco de tranquilidad, aunque, aclaró que el propósito no era la cárcel, sino desenredar la maraña que estaba escondida detrás de las obras de la firma CDO, con problemas estructurales evidentes en todas ellas.

“Nos importaba que se supiera cuáles eran sus modos de actuar, cuál era el accionar de ellos, con qué negligencia era que ellos trabajaban en estas obras”, precisó la víctima del desastre Space.

A la pregunta ¿quién defiende a las víctimas de CDO? Ella dijo: “nadie”, reafirmó que esa ha sido una lucha personal de cada víctima, porque el Estado poco ha actúa totalmente para su beneficio.

Cantor acudió al Consejo Profesional de Ingeniería y al de Arquitectura y no obtuvo respuesta, “esos Consejos deberían obrar de oficio y no lo hacen”, dijo. 

Al igual, en este caso se acudió a la SAI, Sociedad Antioqueña de Ingenieros, que no actúo en favor de la familia, “realmente no hacen nada, así que si no queremos dejarnos ver la cara a qué estamos llamados, pues a interponer la acción, eso es lo único que podemos hacer, además de persistir y persistir”.

Y añadió: “Sí estamos solos pero hay unas figuras como las Superintendencia de Industria y Comercio, la de Notariado y Registro, la de Sociedades, los medios, las redes sociales que actúan como herramientas para avanzar en defensas de nuestros casos”.

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Unos 65 testigos y un sinnúmero de pruebas se presentaron en el juicio por la muerte de Juan Esteban Cantor.

En el complejo urbanístico Space habían 161 apartamentos. Se trata de 161 familias que compraron vivienda con precios que oscilaban entre los $210 y los $350 millones, en el exclusivo sector de Medellí,n ubicado en la carrera 24D No. 10E - 120, que fue construido entre el 2006 y 2013.

Todas ellas esperan que Lérida CDO cumpla el mandato de la Superintendencia y les devuelva su inversión a la par que cumpla con los daños morales acarreados.

El caso Asensi y Continental Towers

En la foto, Continental Towers.

En total son 3.555 familias las que han tenido que afrontar las disputas legales por los errores de diseño y construcción de las obras del grupo CDO. 

En el caso de la torre Asensi, los propietarios, quienes aceptaron la repotenciación de ese edificio, están desamparados, aún no obtienen la fecha de inicio de las obras y la constructora dejó de pagarles los arriendos, por tanto ellos han tenido que asumir ese gasto tras quedarse sin vivienda. 

Elkin Hernández, vocero de los afectados por CDO, contó que para el caso de los propietarios de Continental Towers el panorama es casi igual, están aún a la espera del pago de sus apartamentos. Sus gastos se han incrementado, por un lado algunos deben seguir asumiendo la cancelación de las cuotas crediticias y por otra parte está el costo de los arrendamientos de las viviendas que hoy habitan.

Uno de los dueños de apartamento en Continental Towers, quien prefirió hablar desde el anonimato, relató: “Los afectados por las obras de CDO estamos abandonados por el constructor que nos vendió una obra de mala calidad, fue algo distinto a lo que nos prometió. También nos sentimos abandonados por las autoridades, se le ha bajado al seguimiento de parte de ellos a este problema, no se ven las exigencias al grupo empresarial CDO. Esperamos que el Estado les exija cumplir sus obligaciones legales con nosotros, las víctimas”.

Para este caso cursa un proceso, hasta el 20 de octubre de este 2018, pues se adelantan las audiencias de la acción de grupo para escuchar a los testigos y a los demandantes. “Estamos pretendiendo la devolución del precio pagado, actualizado al tiempo de hoy; la valorización inmobiliaria que no tuvimos, todos los gastos que se tuvieron en su momento para comprar los inmuebles, como de Notaría, renta, registro; todo el valor de las reformas, mejoras y adecuaciones que cada propietario le haya hecho a los inmuebles, el lucro cesante, todos los costos que hemos tenido por cuestiones de mudanzas y por vivir en otras partes, además de lo que alcanzamos a pagar de impuesto predial y cualquier otro perjuicio que seamos capaces de probar en el proceso”, narró Hernández.

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Ellos ven como garantías, en su condición de víctimas de CDO, las victorias jurídicas que han logrado, como el fallo de la SIC y el de la justicia penal, explicó el vocero de los afectado que esos son “argumentos muy sólidos” y de alguna manera los avances en el camino decidieron perseguir, “todo el sustento técnico y jurídico tan juicioso se ha visto, porque nos entregaron victoria jurídica es que creemos que nos la deberán seguir entregando, si la justicia es consecuente”, finalizó Hernández. 

El caso Colores de Calasania

A los propietarios de Colores de Calasania les pagaron el arriendo hasta que les entregaron el apartamento repotenciado.

“El estado no tomó acciones para proteger las personas afectadas, sólo ha actuado como un espectador de la problemática y adoptó la posición de evadir las responsabilidades por las omisiones en el control de las construcciones a través de las dependencias locales como Planeación y Curaduria”, dijo uno de los afectados.

Línea del tiempo del caso Space

Línea del tiempo del caso Continental Towers