En la tarde del jueves 12 de abril, en una sesión de extraordinaria del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, encabezada por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se determinó que el edificio Bernavento, ubicado en la Loma de los Bernal, sufría daños en una de sus columnas, lo que aumentaba el riesgo de desplome. 

Inmediatamente, el alcalde ordenó la evacuación total de los edificios aledaños a Bernavento, la urbanización Bernalejas y el Hogar Geriátrico Hábitat, para  proteger la vida de las personas que allí residen. Mientras tanto, la constructora del edificio Bernavento no ha respondido por los daños estructurales que presenta desde el 2010. 

Esta alerta trajo a la memoria varios hechos ocurridos entre el 2013 y el 2014. El primero, el desplome de la torre seis del edificio Space, ocurrida en octubre de 2013, que cobró la vida de doce personas. El segundo hecho, los desalojos masivos de los edificios Calasania, Continental Towers y Asensi. Estos edificios fueron construidos por la misma empresa: CDO. 

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La tragedia de Space y el desalojo de los edificios en la Loma de los Bernal ponen sobre la mesa las actuaciones de algunas empresas constructoras que, evadiendo las normas, ponen en peligro la vida de sus compradores. La pregunta al rededor de todo esto es ¿qué puede hacer la ciudad para evitar tragedias como la de Space? 

Legalidad: principal herramienta para evitar tragedias 

La ley 400 de 1997 es la que determina las normas sobre construcciones sismo resistentes. En esta ley, se establecen los requisitos mínimos para “el diseño, construcción y supervisión técnica de edificaciones nuevas”, así como los “requisitos de idoneidad” de los profesionales y las responsabilidades que estos adquieren.

Sin embargo, esta ley no siempre es cumplida con rigurosidad. Según John Jairo Blandón, ingeniero civil del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, la ciudad tiene las herramientas para regular a las constructoras, pero aún no ha podido implementarlas de manera adecuada. 

Blandón asegura que el problema no solo está en la debilidad de la implementación de la norma, sino también en los profesionales de la construcción: “tenemos leyes que regulan nuestras acciones profesionales, pero la pregunta de muchos será siempre ¿cómo hago para saltarme la norma?”. 

Ante esto, el ingeniero Blandón sostiene que la única solución es incentivar las acciones legales de las constructoras, implementando pruebas constantes que acrediten la experiencia de sus profesionales. “Por ejemplo, en la ley 400 de 1997 se contempla una serie de pruebas para acreditar la experiencia de diseñadores, directores de construcción, entre otras profesiones. Sin embargo, estas pruebas muchas veces se remiten solo a lo teórico, pero no a los conocimientos prácticos esenciales que debe tener un profesional”, señala Blandón. 

Carlos Alberto Gil Valencia, consultor en riesgos y desastres, sostiene que la cultura de la legalidad es la herramienta más importante para evitar que constructoras como la de Bernavento sigan jugando con la vida de sus clientes. 

Pero esa cultura de la legalidad no solo atañe a las constructoras y a sus profesionales, sino que también involucra a los compradores, pues estos son el primer filtro para reconocer qué empresas pueden estar en el marco de la legalidad. 

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“Un comprador tiene que verificar que la empresa en la que está invirtiendo sus ahorros sea una empresa responsable, y debe recordar que una constructora ilegal no siempre tiene los mejores profesionales ni los mejores materiales para construir”, señala Gil Valencia. 

Así mismo, señala que la alcaldía debe ejercer un mayor control urbanístico, este control permite determinar quiénes, dónde y cómo están construyendo en la ciudad. “El control urbanístico es esencial para evitar que las personas corran riesgos y pierdan, muchas veces, los ahorros de toda su vida”, puntualiza el experto. 

No se deben subestimar las alertas 

Carlos Gil es enfático en decir que las patologías que presenta un edificio, bien sean grietas, desniveles anormales, entre otras señales, no pueden ser subestimadas por los propietarios de los apartamentos y deben anunciarlas ente el Consejo de Administración de su edificio. 

El Consejo llevará las dudas ante la constructora y ellos tendrán que hacer una revisión de las estructuras. Si el edificio es muy viejo y ya no tiene la garantía de la constructora, los copropietarios deberán contratar a un ingeniero especializado en estructuras para que determine la patología del edificio. 

Carlos Gil aclara que no todas las patologías que puede presentar un edificio indican que este está por desplomarse,  “hay agrietamientos, por ejemplo, que se dan a nivel de mampostería, lo que no necesariamente representa un daño en las columnas o vigas”. Por esto, el experto hace un llamado a la calma, pero también a mantener una actitud vigilante sobre los cambios que presente la estructura.  

El ingeniero Blandón está de acuerdo con esta postura, y añade que la única forma de determinar si una patología compromete las vigas y columnas del edificio es a través de un Estudio de Vulnerabilidad Sísmica que debe ser realizado por ingenieros expertos en estructuras. 

Estos expertos deben tener a la mano los estudios iniciales del edificio para hacer un diagnóstico certero. Por esto, es esencial que las constructoras estén presentes en el proceso de estudio, pues son ellas las que poseen toda la información relacionada con los materiales, la resistencia del suelo, entre otras cuestiones vitales para determinar el problema y encontrar una solución. 

Obedecer los protocolos

Los protocolos por riesgo de desplome se activan una vez hay señales claras de que el edificio tiene un daño estructural. Carlos Gil explica que “en casi todos los casos, es la misma constructora la que emite la alerta y se apoya en el concepto del Departamento Administrativo de Gestión de Riesgo de Desastres (Dagrd). En otros casos, es la consultora que esté realizando la intervención la que alerta a las autoridades”. 

El protocolo se articula a través de un mando unificado compuesto por el alcalde, la Policía, los organismos de socorro, los bomberos, el Dagrd y las secretarías que hace parte del Consejo Municipal de Atención del Riesgo. Gil asegura que estos protocolos siempre “buscan la prevención de los desastres y la protección de los afectados”. 

Por su parte, el ingeniero Blandón aclara que todas las actuaciones que se den dentro de ese protocolo de riesgo deben estar basadas en el estudio de vulnerabilidad, y que las decisiones que se tomen deben obedecer a dos factores: los costos que implica reforzar la estructura o demolerla, y la comunidad afectada que espera recobrar la tranquilidad.

En el caso del edifico Bernavento, que está evacuado desde el 2016, las autoridades aún no han determinado por cuánto tiempo mantendrán desalojadas a las familias de los dos edificios vecinos. Frente a lo que sí hay claridad, es que la Alcaldía declaró el estado de calamidad pública para poder atender la emergencia.

Igualmente, el Consejo Municipal de Atención del Riesgo solicitó el acompañamiento técnico de expertos de la Universidad de los Andes, quienes ya iniciaron los trabajos de valoración de la estructura. Se espera que el informe final sea entregado en pocos días para que las autoridades puedan tomar decisiones frente al futuro del edificio.