El general Jorge Nieto, director de la Policía, entregó los resultados de la Operación Artemisa en Medellín, un golpe sin precedentes contra las estructuras dedicadas a la extorsión a ciudadanos, comercio y transporte, pero cuyas capturas se convierten en un nuevo dolor de cabeza para el sistema carcelario.
El general Jorge Nieto, director general de la Policía, entregó este viernes los detalles de la Operación Artemisa, insertada en el marco de la Ruta por la Convivencia, y que en una acción conjunta entre Policía, Fiscalía y Gaula lograron la captura en Medellín y municipios aledaños por el delito de extorsión de "100 integrantes de cuatro organizaciones delictivas integradas al narcotráfico y diez estructuras de delincuencia organizada. Se hicieron incautaciones de armas de fuego, equipos celulares y estupefacientes", señaló el general Nieto, quien precisó que sumando las capturas realizadas por otros delitos en los 124 allanamientos realizados en el marco de la operación como tráfico de drogas y hurto, se detuvieron en total 225 individuos "entre ellos un jefe de finanzas, seis cabecillas y siete coordinares", precisó el General, quien informó además de la incautación de siete armas de fuego, 55 establecimientos intervenidos, siete establecimientos cerrados y once vehículos inmovilizados.
El director de la Policía interpretó estos resultados como un duro golpe a las estructuras criminales de San Pablo, Picacho, Robledo, la Unión y las Independencias.
La Fiscalía precisó por su parte que esta Operación impactará inmediatamente en la seguridad y el día a día de los habitantes de zonas como Robledo, toda vez que la banda los Paracos, con presencia durante doce años en seis barrios de la Comuna 7, fue una de las más golpeadas con este operativo y desde hacía varios años tenían el control de la venta de todo tipo de alimentos al interior de los barrios.
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Incluso nueve de los capturados, incluyendo a alias marcos, jefe de la banda, pertenecientes a la banda, tenían como actividad delictiva apropiarse de lotes mediante diversas prácticas que incluían desplazamiento de sus dueños, para luego venderlos. Incluso la Fiscalía asegura que hasta la Alcaldía de Medellín terminó estafada con unos lotes que compró en la zona aunque no precisaron mayor información.
Hasta ahora, de los 1.076 capturados en total en todo el país en estas operaciones, sobre todo contra la extorsión, el 90% de los detenidos han quedado con medida intramural luego de las audiencias de legalización, mientras los demás quedaron con medida domicialiria.
Ahí viene el conflicto y es que en la mañana de este viernes, previo a la rueda de prensa del general Nieto, el sindicato del Inpec expresó que en Medellín no recibirían a los detenidos (225) ni en la cárcel de Pedregal ni en Bellavista, por la insostenible crisis carcelaria y el brutal hacinamiento.
Pese a estar al tanto de la problemática, Nieto insiste en que la Policía y Fiscalía seguirán adelantando operaciones con el objetivo de alejar de la vida en sociedad a delincuentes de alto grado de peligrosidad. Eso implica un compromiso por parte de la Alcaldía y la Policía Metropolitana en este caso específico, que se encargarán de que los detenidos se mantengan tras las rejas en tanto el sistema carcelario toma las medidas necesarias para acogerlos en los penales. Pero este también es un nuevo llamado urgente a la tarea ineludible que tiene el ministerio del Interior. Porque entre los capturados en la Operación hay individuos hasta con diez y quince capturas y nunca habían recibido medida de aseguramiento, lo que refleja que este limbo entre las instituciones de seguridad y justicia, repotencia los males que la delincuencia puede infringir a los ciudadanos.