Algo muy grave está sucediendo en Colombia con el exterminio sistemático de líderes sociales. No se trata, indudablemente, de casos aislados e imposible seguir sosteniendo la peregrina explicación del ministro de la Defensa, de que se trata, en la gran mayoría, de “líos de faldas”. Este fenómeno, que está sucediendo en casi todas las regiones del país, tiene que obedecer a un plan macabro de segarles la vida a personas que luchan por alguna o algunas reivindicaciones sociales. De otro lado y para completar el cuadro dantesco, han regresado las masacres de grupos de personas.

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Las informaciones conocidas tienen que encender las alarmas nacionales e internacionales, para poner fin al baño de sangre. El caso de Argelia, una población situada al sur del departamento del Cauca, harto golpeada por todas las violencias que padecemos y hemos padecido, con abundancia de cultivos ilícitos y total abandono estatal, es dramáticamente revelador de los dolores de nuestra martirizada patria. La masacre de siete personas, que no líderes sociales, este principio de mes, es la crónica de muertes anunciadas. La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y otras organizaciones de defensa de los Derechos Humanos ya habían prendido las alarmas y muy especialmente con los comunicados clandestinos promulgados por grupos armados ilegales, especialmente uno que se hace llamar, Comando Popular de Limpieza, donde se amenaza a todos los que fueran forasteros en Argelia. Las víctimas son todas ajenas a la región. Parece ser  que los cadáveres fueron transportados en dos camionetas hasta el sitio donde se encontraron. Nadie vio y no hubo autoridad algunas que sospechara ese tétrico viaje de dos vehículos por varios lugares del Departamento. Si las víctimas tenían antecedentes, es otra historia. En Colombia no existe la pena de muerte.

Volviendo al tema de las muertes violentas de adalides sociales es bueno anotar que en los últimos dos años han perdido la vida violentamente cerca de trescientos líderes y en lo que va corrido del año las víctimas llegan al centenar. En la sola semana anterior fueron nueve los líderes que perdieron su vida a manos criminales. Existe, en los últimos asesinatos, un hilo conductor, casi todos hicieron parte de las huestes de Gustavo Petro en la pasada contienda electoral. No sea que estemos comenzando a recorrer el mismo camino de la Unión Patriótica, exterminada físicamente a bala. Es realmente patético y dramático lo que sucede.

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El Estado tiene que responder con contundencia. El gobierno con sus estamentos armados, la Fiscalía y su CTI tienen que actuar y demostrarle con eficacia al mundo que aquí existe un Estado que protege la vida y los derechos de sus asociados. En las redes sociales he visto la curiosa explicación de esta violencia contra los líderes sociales, en el hecho de la elección de un nuevo presidente de los colombianos. No podemos olvidar que el fenómeno ya lleva mucho tiempo, pero se ha incrementado en los dos últimos años y que el primer mandatario es, hasta el 7 de agosto, el doctor Juan Manuel Santos. Así pues que es este gobierno el que tiene que impedir que estos hechos sigan sucediendo y el que tendrá que cargar el baldón de esta penosa situación.

A J. M. Santos y al fiscal N. H. Martínez les tocó amarrarse los pantalones y a la comunidad internacional exigirle a Colombia que proteja la vida de sus asociados.