La salud de los colombianos se encuentra en estado grave, incluso en no pocos casos, requiriendo atención de urgencias (UCI).
No obstante que periódicamente se invierten o presuntamente se destinan considerables -por no decir que inmensas- sumas de dinero provenientes del erario público, es inexplicable el por qué el estado de la salud de nuestro país no mejora, resultando ciertamente deprimente e infecundo en algunos territorios y poblados de la geografía nacional. En términos coloquiales podría aseverarse, sin temor a equivocarnos, que la salud de los colombianos se encuentra en estado grave, incluso en no pocos casos, requiriendo atención de urgencias (UCI). Según los protocolos médicos, la Unidad de Cuidados Intensivos, la misma que no se conoce en muchos territorios y provincias, en donde no hay ni siquiera médico y mucho menos hospitales, es un servicio especializado, equipado con todo lo indispensable para pacientes graves o con alto riesgo de presentar complicaciones y que requieren monitorización continua, vigilancia y tratamiento especial; servicio que infortunadamente no se le ha prestado a nuestro Sistema de Salud a pesar de que lo necesita, por las serias irregularidades y complicaciones que padece y que lo tienen al borde del total colapso.
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Ahora, con el surgimiento de la crisis generada por el Covid-19, resurgen de nuevo muchos interrogantes respecto a cómo es que se han venido utilizando los recursos de tan sensible sector; pues la realidad es que tenemos una infraestructura médica deficiente, mal dotada y ni que decir del grado de desatención y de descuido al que se ha mantenido sometido al gremio de sus servidores.
Según la página web de la misma presidencia de la Republica, “el presupuesto de salud en Colombia para el 2020 será de 31.8 billones de pesos, un 8,12% más que el asignado al sector en 2019”. Se afirma con toda contundencia y hasta con actitudes que no disimulan la arrogancia y el estilo impetuoso que para destacar algunos de sus actos ha acostumbrado el gobierno, que este presupuesto es uno de los más altos rubros que se han dispuesto, siendo únicamente aventajado por los sectores Educación y Defensa Nacional. Por ello, causa suma extrañeza y pesadumbre que –aun y con todo ello, resulte que –en la vida real y concreta- sea tan lamentable el estado en que se encuentran nuestras instituciones de salud; muchas de ellas, lo han anunciado y evidenciado los mismos medios de comunicación oficial, están padeciendo las mas lamentables penurias en materia económica y soportando las más calamitosas situaciones en aspectos tan determinantes como infraestructura, instalaciones, suministros, medicamentos, personal, entre otros.
¿Qué se hacen esos dineros?; ¿Será mala administración? ¿Estarán siendo objeto de las acostumbradas acciones y maniobras de corrupción a que ha sido sometida buena parte de la función pública en nuestra maltrecha patria? Sea cual fuere la situación, lo grave del asunto es que actualmente, a pesar de los grandes esfuerzos que tributariamente se hacen por parte de los contribuyentes, que somos todos, no ha podido darse una respuesta clara y satisfactoria a tan delicada problemática.
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Si pudiéramos dedicarnos un poco al sólo análisis del estado en que el sistema de salud tiene a buena parte de sus trabajadores, la respuesta sería también muy frustrante. Muchos de éstos, tanto los de los servicios médicos propiamente dichos que son los profesionales relacionados con la atención directa en salud a los pacientes en actividades tan primordiales como: “promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación”, al igual que otro tanto de los encargados de la parte administrativa y asistencial, no gozan plenamente de los derechos que una verdadera formalización laboral debiera ofrecer a los trabajadores. Gran número de estos servidores presentan alto grado de vulnerabilidad en su estabilidad laboral, dados los perversos mecanismos que se usan para su acceso al servicio, tales como la vinculación por prestación de servicios personales y la tercerización a través de empresas particulares –generalmente por medio de distorsionados procesos de intermediación, como las cooperativas que se crean exclusivamente para prestar dichos servicios. Ello hace que no sólo la estabilidad sea precaria (temporal), sino también que los salarios y prestaciones, como los demás derechos y garantías sociales, no sean los más dignos e ideales para este tipo de trabajadores.
Entonces, ¿Qué es lo que pasa realmente con nuestro Sistema de Salud? ¡Averígualo y me cuentas!