Raras maniobras están ocurriendo en Icononzo (Tolima), sin que la opinión pública sea debidamente informada. Las Farc de Timochenko quieren imponer su control total sobre el páramo más grande del mundo -la región de Sumapaz y Cruz Verde- y obligar a los partidos y al Congreso a que fabriquen una legislación especial. Esta tendría por objeto descuadernar las leyes y reglamentos actuales de protección ambiental sobre el uso de los suelos, bosques, vías de agua y actividades productivas (minería, agricultura y ganadería) en ese delicado ecosistema.

El páramo de Cruz Verde se encuentra al oriente de Bogotá. Incluye territorios del Distrito Capital, como Monserrate, y los municipios de Usme, Chipaque, Ubaque, Choachí, El Cedral y un fragmento de La Calera. Sumapaz es una zona forestal y agrícola de 333.420 km² con tierras en Cundinamarca, Tolima y Meta.

Lea también: El p. comunista está destruyendo el ecosistema de Icononzo

Mientras el presidente Duque dice en un foro en Nueva York que Colombia tiene más del 50 % de los páramos del mundo, que el 42 % del territorio nacional está ubicado bosques tropicales, y mientras invita en la ONU a construir una “coalición mundial para la protección de los bosques lluviosos y de la selva húmeda tropical”, las Farc de Timochenko y el partido comunista intrigan en Bogotá para que el gobierno y el Estado bajen la guardia sobre la protección de ese paraíso natural.

Antier, tres pseudo congresistas de las Farc, Carlos Lozada, alias “tornillo”, con la ayuda de dos otros exguerrilleros, alias Catatumbo y alias Sergio Marín, lograron que les abrieran un salón del Senado de la República para realizar una supuesta “audiencia” en donde algunos de ellos tomaron la palabra. Llevaron un grupo de personas que fueron presentadas como “representantes regionales” del “campesinado del Sumapaz, Cruz Verde” (no se sabe cuándo ni cómo fueron elegidos) y lanzaron una serie de reproches al gobierno nacional por un supuesto incumplimiento de los acuerdos de La Habana.

Los oradores dieron a entender que quieren una nueva delimitación de esos territorios (una “delimitación participativa” dicen) que tenga por efecto la transferencia a las Farc del control de esos parques ecológicos, es decir de unos 25 municipios, bajo la apariencia de una transferencia a las “comunidades afectadas”, es decir a la “zona de normalización” que tienen las Farc en la región de Sumapaz-Icononzo-Cruz Verde, en virtud del nefasto pacto Santos/Farc.

Nadie ignora que para poder montar el campamento de Icononzo, a una hora y media de Tolemaida, la base más importante del Ejército colombiano, las Farc destruyeron una parte del cerro, del bosque y del páramo a sabiendas de que esa área está protegida por leyes de medio ambiente.

Como expliqué en un artículo del 26 de agosto pasado (1), la región de Sumapaz, e Icononzo en particular, es un ecosistema que hace parte de los Parques Nacionales Naturales a donde no se puede ir a destrozar arboledas y turberas, ni a crear barrizales, abrir trochas, cubrir los suelos de cemento, ni levantar caseríos de plástico y cartón, como hicieron los que ocupan el citado campamento. Es posible que, a causa de esa brutal implantación, haya comenzado la contaminación de las fuentes, lagos y riachuelos con las aguas negras del campamento, y esté aumentando el riesgo de incendios, deforestación y erosión en ese territorio.

En esa sensible zona hay lagunas, ríos y riachuelos que sirven agua a Bogotá y a varios municipios de Cundinamarca. Por eso goza de la protección del gobierno y de organismos internacionales que velan por el medio ambiente. Las Farc, sin embargo, quieren que la legislación actual sea desbaratada para imponer otra que aleje el control oficial y les permita hacer lo que les dé la gana con la tierra y sus habitantes.

Esa perniciosa evolución fue presentada en la “audiencia” en el Senado de manera engañosa: como una campaña en favor de “la protección del campesinado del Sumapaz”, como si esa comunidad fuera oprimida, como si no tuviera los mismos derechos, deberes y garantías de todos los colombianos. Es verdad que los únicos que atentaron contra las libertades y propiedades de los habitantes de Sumapaz fueron, desde los años 50, las Farc, bajo la terrible férula de Juan de la Cruz Varela.

Lozada alegó que la reglamentación actual de protección ambiental “limita los usos del suelo y actividades productivas” del páramo. El jefe fariano quiere cambiar la legislación para usar el suelo y el bosque de manera incontrolada, practicar la minería, avanzar en la tala de árboles, en el control de las fuentes hídricas e introducir fauna y plantas exógenas.

El campamento de Icononzo se está convirtiendo, por otra parte, en lugar de adoctrinamiento y radicalización ideológica de mandos de las Farc. La prensa ha mostrado fotos de construcciones del lugar que exhiben consignas y pinturas en memoria del fundador de las Farc, alias Tirofijo, uno de los mayores criminales y generadores de violencia en Colombia, lo que contradice las condiciones fijadas por el gobierno al permitir la instalación de los desmovilizados de las Farc en campos “de normalización”. No hay “normalización” cuando el partido Farc insiste en formar cuadros políticos sin haber renunciado antes a la táctica de la combinación de “todas las formas de lucha” (todo tipo de delitos) para tomar el poder.

Lozada piensa jugar la carta de la amenaza. Evoca la posibilidad de un “desplazamiento forzado de muchas familias” de la región si el gobierno y el Congreso no hacen lo que él dice. De manera arbitraria y sin probar nada, Lozada afirma que la legislación vigente “vulnera los derechos fundamentales a la igualdad, el trabajo y el mínimo vital” del campesinado del “complejo Páramo de Cruz Verde-Sumapaz”.

El jefe fariano no oculta que está tratando de lograr que la llamada “reforma rural integral”, del pacto de La Habana, que los colombianos rechazaron en el referendo de 2016, prevalezca sobre las leyes, actos y actuaciones administrativas existentes, en particular sobre la resolución 1434 del 14 de julio de 2017, que delimita el Páramo de Cruz Verde-Sumapaz, y que quiere ir más allá de lo que dice la directiva 007 de 2019 de la Procuraduría General de la Nación, cuyo objetivo es proteger los derechos del campesinado.

Las Farc de Timochenko parecen estar disgustadas pues ocho organismos del Estado y un organismo semi-privado (el Instituto Alexander Von Humboldt), que ellas habían “citado” (no invitado) no acataron la orden de acudir a esa reunión. Las entidades que decidieron no ir a eso son la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Agencia Nacional de Tierras, el DANE y la Superintendencia de Notariado y Registro. Sólo la CAR (Corporación Autónoma y Regional) estuvo en la reunión. La prudencia de esos ministerios ante la “citación” autoritaria permite pensar que los responsables políticos tienen dudas sobre las verdaderas intenciones de Timochenko y Lozada.

Le puede interesar: Iván Duque acaba de pulverizar los derechos de las víctimas

La prensa debería abrir los ojos sobre estos hechos y sobre la mejor manera de proteger la joya ecológica que es el mayor páramo de Colombia y sus habitantes. Debería preguntarse: ¿es lícito que un partido con un terrible pasado de violencia se apodere de ese tesoro natural? ¿Qué es lo que está detrás de las exigencias de las Farc? ¿Timochenko y Losada esperan que el país se duerma mientras ellos convierten la vasta región de los Cerros Orientales de Bogotá-Cruz Verde-Sumapaz-Icononzo-Cabrera en una república independiente? ¿Quieren volver a los años 1950-60 cuando Sumapaz era un mini Estado soviético donde la milicia de Varela le exigía a la población tener un pasaporte para poder entrar y salir de la zona?

Comentarios:

Edgar
2019-09-26 10:14:24

Es terrible lo que dibuja el columnista, como para que los organismos que representan al Estado se pongan las pilas, pues muchos periodistas andan, todavía, atascados con la mermelada recibida.

Comente esta noticia