La disputa por el control territorial y el manejo de las rentas ilegales, el desorden al interior de las mismas estructuras criminales y el no tener una política clara de paz y convivencia para la ciudad, situación empeorada por el enfoque de represión con que la Administración municipal ha desarrollado la política de seguridad, son las causas por las que, según expertos en el tema de seguridad y convivencia consultados por EL MUNDO, viene aumentando año tras año el número de homicidios en Medellín, mientras que desde la Secretaría de Seguridad de la Alcaldía se concluye que la mayoría de estos casos están vinculados al tema de estructuras criminales.

En los primeros 70 días de este año, es decir hasta el 11 de marzo, 123 personas murieron violentamente en la capital antioqueña, quince más que en el mismo período de 2018, lo que indica que por cuarto año consecutivo la capital antioqueña registra un preocupante incremento de estas cifras que comprometen las estrategias de seguridad puestas en marcha por las autoridades.

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“De los 632 homicidios ocurridos en 2018, el 70% se cometieron con arma de fuego, preponderantemente vinculados a temas de redes de tráfico y carácter criminal, mientras que el 21% se causaron con arma blanca, y los demás corresponden a otras modalidades”, explicó Andrés Tobón, secretario de Seguridad de Medellín, al señalar que el año pasado “los homicidios por convivencia llegaron a una rebaja histórica del 9% en Medellín, frente a un 15% que se había registrado en 2017, lo mismo que en temas de violencia de género y violencia intrafamiliar, que igual experimentaron una importante reducción”.

Y agregó que en la lucha contra el tema del homicidio, “en este momento tenemos listas más de 300 órdenes de captura y en un mes se hará público el cartel de los más buscados, con ofrecimiento de recompensas, para lograr que en Medellín no haya impunidad frente a estos hechos”.

Revisión de estrategias

Según Luis Felipe Dávila, experto en temas de seguridad y convivencia, el aumento del número de homicidios en Medellín se debe a tres razones fundamentales: “la primera tiene que ver con los cambios o reacomodamiento al interior de las estructuras criminales y sus nuevas alianzas”; en segundo término ubica “el direccionamiento que esta Alcaldía de Medellín le ha dado al tema de seguridad, porque ha sido un manejo muy basado en la represión, pero que ha desconocido los acumulados históricos de la ciudad, los trabajos de prevención social que habían promovido las anteriores Administraciones”; y en tercer lugar, relaciona el fenómeno con “los procesos nacionales de posacuerdo y posconflicto que inevitablemente inciden en lo local”.

Y excluye al narcotráfico de esos tres primeros renglones porque considera que desde que ese azote llegó a Medellín, por allá en los años 70, “nunca se ha ido, pero eso no quiere decir que ahora tengamos más narcotráfico, tenemos es de pronto menos orden al interior de las estructuras del bajo mundo debido a las luchas internas de estos grupos”.

En cuanto al cuestionamiento a la política pública de seguridad, la que considera “equivocada y anacrónica”, en el artículo de opinión titulado Aumentan los homicidios en Medellín, Dávila expresa que “tenemos demasiados recursos puestos en vigilar y perseguir, y muy pocos en prevenir y resocializar”, y agrega que “aumentar el número de policías y de capturas, y hacer parar a todas las motos de bajo presupuesto para una requisa, no constituyen en sí una política pública de seguridad para una ciudad como Medellín”, por lo que reclamó la revisión de las estrategias con que las autoridades buscan hoy combatir el tema de homicidios, violencia e inseguridad.

Esfuerzo insuficiente

“En este tema lo primero que hay que tener en cuenta es que el conflicto urbano en Medellín es histórico, tiene más de tres décadas y sigue vivo… ahora con otras formas, porque los ilegales mantienen un poder microterritorial en las diversas comunas de Medellín”, pero además han generado otras formas de operar que desencadenan violencia, como “las rentas ilegales, y ahí caben el microtráfico, la vacuna, la extorsión, la falsificación y el monopolio de productos, la explotación sexual tanto de menores como de adultos y el mismo ajuste de cuentas”, opina Luis Guillermo Pardo, exasesor de paz y convivencia.

Lo más preocupante, según Pardo, es que “en parte lo que está pasando es por no tener una política clara de paz y convivencia para la ciudad, entonces los esfuerzos son insuficientes porque no se atacan las rentas ilegales”, que son las fortalezas de esas estructuras criminales, “los informes sólo dan cuenta de la detención de jefes de combos, que son sucedidos inmediatamente, pero nunca se confirma la desarticulación de una banda o de una de esas formas de rentas ilegales”.

Pardo advierte que “Medellín sigue siendo un centro criminal mundial que tiene conexiones con Argentina, Paraguay, Chile, Venezuela, Brasil, Ecuador, Centroamérica, Estados Unidos y Europa, y si no tiene una política de seguridad acompañada de una estrategia de paz y convivencia, que en el fondo es una estrategia de diálogo que sólo se logra con una intervención social sostenida, permanente y sistemática, que vaya quitando muchachos para la guerra, ese siempre será un esfuerzo insuficiente”.

Falta de convivencia

El fenómeno del homicidio, que es el primer indicador de inseguridad en una sociedad, “tiene mucho que ver con el desorden social que asedia a Medellín, porque predomina esa inclinación a resolver las discusiones, las diferencias y contradicciones del día a día con hechos de violencia”, aprecia Jorge Mejía Martínez, exasesor de paz y experto en procesos de convivencia.

“Yo diría que un poco menos de la mitad de los homicidios en Medellín tienen que ver con problemas relacionados con el narcotráfico, que implica la disputa por el control territorial y las rentas ilegales, y creo que en eso tiene mayor participación la falta de convivencia, los problemas de violencia intrafamiliar, interpersonal, pleitos callejeros. De allí que no todo se puede explicar como simple consecuencia del fenómeno del narcotráfico y el manejo de las rentas ilegales”, asegura Mejía.