El Ejército Colombiano quedó nuevamente comprometido ante el país y el mundo por un nuevo escándalo de actuaciones ilegales, esta vez de “espionaje militar” a periodistas locales e internacionales, políticos, líderes sociales y hasta exfuncionarios del Gobierno Nacional.

De acuerdo con una investigación realizada por la revista Semana, por lo menos 130 personas fueron blanco de un seguimiento ordenado y dirigido por miembros del Ejército utilizando recursos y capacidades de la inteligencia militar.

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La vigilancia que se hizo sobre esas personas, entre febrero y diciembre de 2019, permitió elaborar carpetas de cada uno de ellos con la ubicación de su trabajo, sus contactos, su familia y los sitios que solían frecuentar.

En el grupo de personas “perfiladas” aparecen no sólo periodistas nacionales, sino internacionales, como Nick Casey, corresponsales de The New York Times; Juan Forero, del Wall Street Journal; John Otis, corresponsal en América Latina para National Public Radio (NPR), la periodista Lynsey Addario y el fotógrafo Stephen Ferry. Pero también aparecen el senador de oposición Gustavo Bolívar, y defensores derechos humanos, como el director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, o el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), así como el exsecretario General de la Presidencia, Jorge Mario Eastman.

La investigación, titulada “Las carpetas secretas”, establece que esos hechos ocurrieron cuando el general (r) Nicacio Martínez era comandante del Ejército y quien a finales del año pasado se alejó de la institución en medio de una turbulencia en su contra por hechos relacionados con presunta violación de los derechos humanos. Y precisamente hoy,  el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, también confirmó que “se paró el nombramiento del general (r) como Delegado del Gobierno en la Otán”

Paralelamente a esta nueva denuncia de Semana por actuaciones ilegales en el Ejército, Trujillo confirmó la separación de once militares de la institución a raíz de las denuncias de “chuzadas ilegales” que se conocieron en enero pasado, además de que un Brigadier General solicitó su retiro voluntario del servicio activo.

“Como resultado de las averiguaciones que se han hecho desde finales del 2019, siguiendo instrucciones del presidente (Iván Duque), y de denuncias periodísticas, se anunciaron decisiones tales como la salida de 11 oficiales del Ejército en virtud de una decisión administrativa interna. Las indagaciones, disciplinarias y penales, deben continuar con todo rigor y prontitud, eso es lo que ha reclamado con insistencia el presidente durante estos meses y en eso seguimos avanzando”, aseguró el ministro de Defensa, en clara alusión a que las nuevas denuncias por “perfilamiento” a periodistas, que consideró muy graves, tendrán un seguimiento de las autoridades competentes hasta esclarecer quiénes fueron los responsables y los propósitos que tenían.

Además de ser rechazado por distintos sectores de la sociedad, el “perfilamiento” de periodistas por parte del Ejército colombiano “es una acción que traspasa los límites y transgrede los fines de la función de inteligencia y contrainteligencia”, escribió la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip).