Melissa Pérez Peláez*

De nuevo la libertad y las conquistas que se han logrado en favor de la autonomía individual se ponen en juego en la guerra electoral en Colombia, esta vez en torno al tema de la penalización de la dosis personal. La propuesta del Fiscal General de la Nación y de algún sector de la política colombiana de penalizar la dosis personal, ha revivido un debate que constitucionalmente se consideraba resuelto, y que ahora forma parte de la campaña del aspirante a la presidencia Iván Duque, y con algunos miramientos, de la campaña presidencial de Germán Vargas Lleras.

Luego de la implementación de la Constitución política de 1991 le correspondió a la Corte Constitucional de Colombia estudiar el Estatuto Nacional de Estupefacientes (Ley 30 de 1986) que disponía penas de arresto y multas respecto al porte y consumo personal así se estuviera dentro del límite de la dosis personal; y es con la sentencia C- 221/94 (ponencia del abogado y magistrado Carlos Gaviria Díaz) que se declara que estas medidas violaban la Constitución, y que, por tanto, no se pueden llevar a efecto, en virtud de que, primero, sobrepasaban la jurisdicción del Estado para intervenir en la salud de los ciudadanos, y, segundo, porque entraban en contradicción con el libre desarrollo de la personalidad (amparado constitucionalmente como un derecho fundamental). Y así, sobre estas consideraciones, se despenalizó el porte y el consumo de la dosis personal, y, además, se habilitó la dosis de aprovisionamiento (medida que se considera ahora como un vacío jurídico) toda vez que ésta no estuviera destinada a la distribución y comercialización.

En el 2009, con el mandato del ahora senador Albaro Uribe Vélez, se intentó modificar el asunto con un proyecto de acto legislativo que pretendía alterar el artículo 49 de la Constitución, con la bandera de la protección de la salud del consumidor, pretendiendo prohibir el porte y el consumo de la dosis mínima. Este proyecto, en estos términos, no tuvo mucho éxito, por lo que luego se matizó con medidas como tratamientos contra la adicción con el consentimiento del consumidor, diciéndose que “la atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado, y se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud”. De suerte que, el porte y el consumo de cualquier sustancia estupefaciente en Colombia que no superara la cantidad considerada como dosis personal (marihuana, 20 gramos; metacualona, 2 gramos; cocaína o cualquier sustancia a base de cocaína, 1 gramo, y de hachís, 5 gramos) no eran conductas penalizables por el Estado de ninguna manera.

Ahora el cuento ha vuelto a revivir, y, de nuevo, gracias al sector del uribismo, sector que vuelve a poner en juego un asunto claramente inconstitucional, bajo la premisa de que “con el pretexto de la dosis personal y la libre determinación de la personalidad, estén arruinando familias enteras”, como lo dijo Iván Duque en un video publicado en su cuenta de Twitter el 5 de febrero del año en curso, y, además, que con el porte de la dosis personal se ha facilitado el expendio comercial micro de droga.

Pero lo cierto es que, con este caballo de batalla se está negando aquel avance constitucional en favor de las libertades personales. Además de que, se recurre a una propuesta facilista con la que se pretende hacer frente al problema del narcotráfico en Colombia y que pretende dejar de lado vías que no comprometan, directamente, un derecho ya establecido; como, por ejemplo, que la Fiscalía General de la Nación ponga un real esfuerzo en la investigación de los comportamientos que trascienden la esfera privada del individuo, esfuerzo que dicha entidad ha querido evitar con la propuesta de la penalización de la dosis personal, y, que el sector que pretende la Presidencia también ponga un real y sincero esfuerzo en ingeniarse manera efectivas contra el narcotráfico en Colombia que no comprometan las libertades individuales ya establecidas.

*Estudiante Instituto de Filosofía Universidad de Antioquia