Por DIEGO ALEJANDRO SALAZAR GÓMEZ

Confianza legítima y buena fe de las autoridades, aquellos principios bajo los cuales cientos de mineros tradicionales y ancestrales de los más apartados territorios de Colombia, hemos depositado con toda credibilidad en el Estado colombiano, el propósito de legitimar las labores de extracción minera que, por años, han correspondido a la principal fuente de sostenimiento de comunidades enteras y fuente dinamizadora de la economía de muchos municipios.

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Es el caso de una comunidad minera, del municipio de Anorí - Nordeste antioqueño, territorio golpeado a través de los años por el flagelo de la guerra, agudos conflictos socio políticos y enmarcado en la dificultad generalizada para consolidar proyectos productivos sostenibles como consecuencia de dichos padecimientos, que han buscado, a través de diversas figuras de formalización y legalización amparadas desde la ley 685 de 2001 y dispuestas por la autoridad minera de carácter nacional para tal fin, legitimar las actividades mineras que ejecutan con vigor, desde el año 1997 en dicho municipio.

Sin restarle importancia al inicio de sus labores mineras antes de entrada en vigencia de la ley 685 de 2001 y a la continuidad trastornada de sus actividades, producto del desplazamiento forzado, las cuales le otorgan indiscutiblemente una condición de tradicionalidad, conforme a lo expresado en la resolución 546 del 20 de septiembre de 2017 y a las características productivas de sus antiguas plantas de beneficio, limitadas por el conocimiento empírico, el acceso a herramientas rudimentarias y la utilización ingenua y también tradicional de mercurio, como el “único” medio conocido para la separación del mineral en dichas condiciones. Se marca un hito para la historia productiva de dicha comunidad minera, cuando a partir del año 2017 se toma la determinación de fortalecer el vínculo de colaboración en pro del bien común y se asume un nuevo gran reto: Demostrarle al Estado su condición como mineros tradicionales y la voluntad férrea y decidida de trabajar bajo las condiciones de legalidad marcadas por un Estado rector poco conocido para nosotros.

La responsabilidad del nuevo reto, implicaba estar a la altura de la formalidad, adoptar el criterio de sostenibilidad empresarial a todo aquello conocido como el “rebusque”, no suponía un sendero fácil de transitar, más aún, dejar de gastarse el dinero en el diario vivir y reinvertir los ingresos en el mismo proyecto.

Gracias a ello, se constituyó personería jurídica, a través de la cual, aquellos mineros tradicionales conocían por primera vez en su mayoría, el significado de EPS, ARL, AFP y caja de compensación familiar y que a través de éstas, también sus familias estarían beneficiadas, aprendían que sus extremidades podrían ser cubiertas por elementos que permitieran mitigar el riego de mutilarse, encontraban nuevos equipos que optimizaban los trabajos que antes correspondían una línea delgada entre la vida y la muerte, pero en términos generales, descubrirían un imposible para muchos, minería responsable.

Con la visión transformada, a través de la ilusión de legitimidad, se permitió construir una planta de beneficio modelo para toda la comunidad, dotada con equipos idóneos para reemplazar el mercurio nocivo, inclusive antes de entrada en vigencia de la ley 1658 de 2013 para la erradicación del uso de mercurio a partir de mediados de 2018 en actividades mineras, invertir el dinero producto de la extracción de mineral para la contratación de profesionales en seguridad y salud en el trabajo, ingenieros de minas e ingenieros ambientales, que permitieran consolidar políticas alineadas con los estándares mínimos para la explotación minera a pequeña escala, reemplazar la tala indiscriminada de recursos maderables por la implementación de estructuras de material reciclado y hierro, certificar el personal en atención a emergencias y salvamento minero, adecuar los espacios subterráneos con rieles y vagonetas hechos a pulso, entre otros aspectos, que supusieran la viabilidad técnica y económica del proyecto y nos permitiera ser aceptados como legales en igualdad de condiciones .

Sin lugar a dudas, el nuevo reto merecía, hacer hasta lo imposible por demostrar como unos campesinos de pico y pala, ahora estaban a la altura de los términos de referencia para ejecutar labores mineras en condiciones empresariales y proveer bienestar a toda una comunidad.

Todo lo que ha estado en nuestras manos, bajo nuestra responsabilidad, lo hemos cambiado con esfuerzo incalculable, esperando pacientemente la oportunidad de mostrar con orgullo lo adelantado, cumpliendo al pie de la letra lo que la institucionalidad, sin conocerlos, ha dispuesto, demostrando a muchas otras comunidades mineras incrédulas, que vale la pena cambiar el chip y alinearse con los canales de formalización y legalización, que desde el campo se puede consolidar empresa, que el término tradicional no es sinónimo de precariedad y que es posible encontrar convergencia con el Estado entre lo legal y lo social.

Sin embargo, cómo explicarle a esta comunidad minera, que las reglas del juego cambian arbitrariamente en cualquier momento, en contravía de la esencia del trabajo comunitario, a causa de una reglamentación concebida por una vocación subyugada desde un cubículo a cientos de kilómetros de distancia que no solo desconoce, sino que desestima la existencia de la comunidad misma, como si el avance de sus trabajos subterráneos de años, pudiera desaparecer de un día para otro, que a lo mejor resulta cómodo en documentos sencillamente desistir y dedicarse a otras labores, como volver a los cultivos de coca o hacer extensas filas solicitando ayudas al Gobierno, por ejemplo.

Como explicar que sus esfuerzos, por concebir un cambio y adaptar nuevas tecnologías es probable que sea evaluado con la óptica de que como son tradicionales, no merecen más que un trabajo despiadado propio de los tiempos de esclavitud.

Es abrumador concluir, que el mensaje que finalmente llega a quienes día a día se adentran en las profundidades de la tierra, es que inevitablemente en Colombia, es imprescindible trabajar desde la informalidad, sí, allá donde el Estado no hace presencia, en los territorios apenas descubiertos por la institucionalidad, conocidos a cabalidad sólo en cartografías, en aquellas comunidades que han forjado a través de los años un arraigo socio cultural a expensas de la mirada nesciente del Estado sobre su territorio.

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A pesar de la incertidumbre generalizada, luego de creer en la posibilidad de formalización, no hay más opción que dejar el futuro en manos de la confianza legitima y la buena fe de las autoridades.

*Administrador de empresas

Especialista en derecho minero y ambiental.

Comentarios:

jorge leon
2020-05-26 05:40:57

el aportar creativamente y con intencionalidad de construir condiciones mejores para nuestros territorios y mimeria es una line afortunada,estamos en deuda de incorporar a nuestra economia y bienestar comunidades la riqueza que genera este recurso la iniciativa del mundo y grupo de profesionales estan aportando sus conocimientos para lograr nuevos espacion

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